El Ministerio de Defensa reimplantó la instrucción en el uso de armas letales a los alumnos de tercero a sexto año de los liceos, adolescentes de entre 14 y 17 años. Una resolución firmada por el titular de la cartera, Oscar Aguad, dejó sin efecto el Plan de Liceos 2010 creado durante el gobierno de Cristina Kirchner, que contenía este resguardo. La medida había obtenido un reconocimiento especial del Comité de los Derechos del Niño, el órgano de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Junto con el elogio, el Comité había indicado al estado argentino que todavía faltaba, instándolo a elevar de 17 a los 18 años la edad mínima para la instrucción con armas de fuego.

La resolución firmada por Aguad (Nº 1270/2017) deroga otra serie de puntos de lo que entre 2010 y 2015 fue un programa de modernización integral de la educación pública de los niños y adolescentes en los liceos.

Criterios que favorecían, por ejemplo, la externación de los alumnos, la posibilidad de que compartieran las aulas con chicos que no cumplen el régimen de internado, la eliminación de la catequesis como materia obligatoria –una rémora que había atravesado la democracia inadvertida debido al escaso control del Estado–, o que protegían el derecho de los alumnos a decidir por sí mismos, llegados a la mayoría de edad, si querían integrar la Reserva, son debilitados o directamente revertidos por esta medida restauradora que, como se contará más adelante, esperaba hace tiempo su oportunidad histórica.

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En lo relacionado con el uso de armas, la resolución firmada por Aguad establece que desde el tercer año del liceo los alumnos volverán a recibir instrucción con carabinas calibre 22. El principal argumento expuesto en la Resolución 1270/2017 es que “uno de los propósitos de la creación de los liceos militares fue contribuir a la formación del personal de la Reserva”, un criterio que los especialistas juzgan totalmente aceptable… para 1930. La creación del primer liceo militar viene de esa época, la de la llamada Década Infame. El general Agustín P.Justo dispuso en su carácter de presidente la apertura del primer Liceo Militar.

Luego, a lo largo del siglo XX, se abrirían otros nueve institutos dependientes de las Fuerzas Armadas. El entrenamiento con armas de guerra a menores de edad atravesó en ellos los años sin ser cuestionado, como una práctica naturalizada, de la misma manera que no se cuestionaba la internación de los niños, su abrupto desgajamiento de los lazos de afecto familiares. O como no se cuestionaba en los cuarteles, hasta la muerte del soldado Omar Carrasco, la denigración y el maltrato para estructurar la disciplina militar de los conscriptos.

Especialistas en formación militar como la antropóloga Sabina Frederic advierten que la inclusión de los egresados de los Liceos en la reserva de oficiales “es un anacronismo en esta etapa de la profesionalización militar. Equiparar los liceos a escuelas militares era posible cuando se aprobó la Ley de Personal Militar en 1971, hoy un oficial de carrera es un graduado universitario. Un egresado de liceo tiene una instrucción más próxima a un soldado voluntario. En cambio, la Reserva tiene otras fuentes indubitables mejor preparadas pues se instruyeron mejor y más tiempo, siendo adultos, como aquellos que se han ido voluntariamente de baja de las filas de una fuerza profesional, desde soldados a oficiales”.

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El Comité de los Derechos del Niño (“CRC” por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de su Protocolo sobre la participación de niños en los conflictos armados. Depende de la Organización de Naciones Unidas.

Los Estados Parte –entre los que se encuentra la Argentina– deben presentarle informes cada cuatro años sobre la manera en que se garantizan los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño. El grupo de expertos examina cada informe y expresa sus preocupaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.

El 18 de junio de 2010, el Comité publicó un documento con sus observaciones sobre el informe que había presentado la Argentina. En él se refirió específicamente a los cambios que se habían hecho a los liceos.

En el punto 11 de las observaciones señala lo siguiente:

  • “El Comité recomienda al Estado parte que siga esforzándose por prohibir que los niños reciban capacitación sobre el uso de las armas, incluidos los niños de entre 17 y 18 años.
  • “El Comité (también) recomienda al Estado parte que prosiga sus esfuerzos de reforma de las academias militares, en particular armonizando sus programas de estudios con los de las escuelas a cargo del Ministerio de Educación y velando por que el castigo corporal quede expresamente prohibido en todos los contextos, incluido este tipo de academias.
  • “El Comité alienta además al Estado parte a que se esfuerce por someter a las academias militares a la competencia del Ministerio de Educación”.

La lectura de este documento recuerda cuál es el espíritu de Naciones Unidas para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos, tema ahora puesto en duda por el gobierno de Cambiemos.

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Sectores castrenses, padres de los liceístas, egresados y figuras de la iglesia católica enfrentaron durante la gestión de Nilda Garré como ministra de Defensa la modificación de los planes de estudio. Son sectores con un poder de lobby considerable, que incluye a egresados que se convirtieron en fiscales, jueces, funcionarios de ministerios provinciales, cuadros de carrera dentro de ministerios nacionales claves en el tema, como los de Defensa y Educación.

La ofensiva incluyó presentaciones en los tribunales –hubo jueces federales que hicieron lugar a pedidos para mantener el régimen cerrado de algunos liceos– movidas en los medios y en el ámbito político. En la cámara de diputados, el llamado Grupo A –por esa época principal oposición al kirchnerismo– acordó un dictamen en la Comisión de Defensa para derogar los cambios realizados.

Esto logró introducir cuñas en las propuestas iniciales de la ministra de Defensa. Su planteo inicial, por ejemplo, había sido prohibir la instrucción en el manejo de armas a menores de 18 años. Tras la embestida, se concedió que los liceístas del último año, a los 17, tuvieran entrenamiento en el uso de FAL. Otro tema en el que se cedió fue el de la enseñanza de religión católica, ya que se dejó abierta la posibilidad de que se cursara catecismo, aunque como materia optativa y no obligatoria.

En ese embate en el Congreso fue público el rol que jugaron la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Oscar Aguad, por entonces diputados nacionales. Él mismo liceísta, egresado de la academia militar General Paz, de Córdoba, Aguad retoma ahora –en la resolución que firmó el pasado 28 de diciembre– los principales reclamos de ese lobby.

Citando palabras de la Unesco, la medida argumenta que “los principios fundacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se basan en la convicción de que la educación es esencial para combatir la ignorancia y la desconfianza que provocan los conflictos humanos”, aunque sin explicar cómo la instrucción en el uso de armas a un menor puede ayudar en ese sentido.

Si bien no reimpone la enseñanza de Catequesis como materia obligatoria, la resolución hace un guiño en ese sentido, ya que sostiene que “la inclusión de las religiones del mundo en los planes y programas de estudios pueden contribuir a disipar muchos de los malentendidos que convierten la convivencia en algo problemático”.

El ministro atenúa además el alcance las medidas que se habían tomado en favor de que se privilegien regímenes de cursada abiertos por sobre los cerrados; (el régimen de internación en los liceos comienza en el sexto año de la primaria, con niños de once años, y cubre todo el secundario). Y vuelve a habilitar que los alumnos puedan ser inscriptos como reservistas antes de los 18 años, “con el consentimiento de sus padres”, cuando hasta ahora se garantizaba que esta pudiera ser una decisión propia y tomada alcanzado un mínimo de madurez, una vez cumplida la mayoría de edad.