Bajo la remanida excusa de agilizar el Estado, el mega-decreto esconde la lisa y llana entrega de la soberanía, a partir de la transferencia de la capacidad regulatoria estatal a la voluntad de las corporaciones. Y se ensambla, entre otras, con las reformas previsional y tributaria, para complementar esa transferencia de recursos y atribuciones. Además, al abordar cuestiones tributarias, lo que está expresamente prohibido por la Constitución, es inconstitucional. He aquí algunas primeras consideraciones políticas.

1. El DNU 27/18 integra el conjunto de medidas que definen el modelo de gobierno. Primero se deteriora la imagen del Estado ante la opinión pública, para luego tornar amigable la idea de la “desburocratizar”, y así se lo presenta públicamente.

2. Por su vastedad, no puede haber sido redactado por el gabinete que protagonizó una irrisoria conferencia de prensa días atrás, o por un ministro que reclama un bono provisorio para vivir. El decreto fue diseñado por un grupo de expertos internacionales que monitorea nuestra economía desde que el macrismo entregó nuestra autonomía financiera.

3. Limita la acción del Congreso, para no repetir el clima de diciembre. El Congreso vallado se aísla del pueblo de modo directamente proporcional al daño causado por las leyes que sanciona.

4. Destierra, aunque parezca ocioso, toda idea de gradualidad. La brutalidad del ajuste sólo podría atemperarse si hubiera condiciones externas y macroeconómicas favorables, pero la realidad determina iliquidez internacional, déficit comercial, alta inflación y estancamiento. Esto incrementa la necesidad de acelerar y profundizar el ajuste interno.

5. Cumple el requisito histórico del liberalismo. Para garantizar el liberalismo económico es necesario recurrir al autoritarismo político.

6. Luego de una primera y rápida lectura de sus 192 artículos (imposibles de analizar a fondo en tan corto tiempo), vemos que amplía las licencias no automáticas de importación, alejándonos cada vez más de toda administración del comercio exterior y ampliando la apertura que origina el cierre de la industria nacional y la pérdida de puestos de trabajo.

7. Elimina el Registro Industrial de la Nación.

8. Disminuye los requisitos para la instalación de marcas y patentes extranjeras.

9. Favorece la instalación de automotrices extranjeras y perdona a empresas que incumplieron normas laborales.

10. Reinserta al Anses en la tómbola financiera internacional, luego de que los fondos previsionales fueran recuperados en 2008 y se impidiera con eso el desplome de la economía argentina junto con la crisis financiera internacional. Suma un hecho más para desfinanciar el sistema y colocarlo al borde de su re-privatización.

11. Seguramente, algún aspecto positivo, pero aislado e inocuo, será la excusa con que se ganará el apoyo de algún legislador de la oposición.

12. Según la ley 26.122, el apoyo de sólo una de las Cámaras dejará refrendado el decreto.

* Ex diputado FpV. Presidente del partido Solidaridad más Igualdad.