Aunque la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, está de licencia por la feria judicial de enero, Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del ARA San Juan, está en esa ciudad de Santa Cruz para seguir de cerca la marcha de la causa judicial en la que se investiga lo ocurrido con el submarino. Tagliapietra es uno de los ocho querellantes en el expediente, que por ahora está caratulada como “averiguación de ilícito” y que por el momento no tiene acusación concreta alguna. La jueza recibió 12 cajas con información enviada por la Armada ante su requerimiento y se presume que hacia fines de mes, principios de febrero, comenzarían las testimoniales a las autoridades responsables. En primer lugar fue citado el ministro de Defensa, Oscar Aguad, pero no se sabe si se hará presente en el juzgado o si responderá preguntas por escrito. 

En la apertura de la investigación, la jueza aclaró que a diferencia de un avión, el submarino no tiene caja negra. “La caja negra es el submarino”, declaró Yañez, lo que de inmediato abrió la duda sobre qué pasaría si el submarino nunca es encontrado. Ante la disyuntiva, la magistrada sostuvo que está tomando “una serie de  medidas, pensando en la posibilidad de que  no pudiera ser ubicado, o que fuera hallado, pero resultara imposible reflotarlo” para realizar el peritaje necesario a fin de determinar las causas que provocaron el problema que impidió el regreso a tierra de la nave y sus 44 tripulantes. 

La jueza eludió dar información anticipada sobre los resultados del análisis de la información que contienen las 12 cajas enviadas por la Armada a través del Ministerio de Defensa, pero a la vez se supone en medios judiciales que es muy probable que Yáñez pida ampliación de algunos de los documentos. Al mismo tiempo, toda la información recibida servirá en el futuro inmediato para hacerle consultas tanto a Aguad como a otras autoridades responsables del submarino desaparecido. En declaraciones a la prensa, Yáñez no descartó la posibilidad de que haya sido “un accidente o que se trate de algo provocado por alguna negligencia” que lleve a establecer responsabilidades por lo sucedido. Aclaró que la carátula provisoria, al ser “averiguación de ilícito” le permite indagar a fondo sin atarse a ningún tipo de limitaciones en la tarea investigativa. “El organigrama de la Armada es amplio, hay muchas áreas y hay que ser prolija para determinar si hubo alguna responsabilidad”, comentó la jueza en uno de los contactos con la prensa. 

Dijo tener conocimiento del sumario administrativo que está realizando la fuerza para determinar si hubo alguna negligencia y adelantó que lo que se pueda averiguar a través de ese informe, va a servir para ser incorporado con posterioridad a la investigación judicial. La jueza destacó que seguirá en contacto con los familiares de los tripulantes, las ocho familias que son querellantes en la causa, y que el aporte que ellos puedan hacer “será tenido en cuenta” si suman datos de interés. En fuentes judiciales de Caleta Olivia y de Comodoro Rivadavia se estima que la investigación “es compleja y por ese motivo es difícil saber no sólo cuanto puede durar sino también es posible que a fin de mes o en febrero comience la ronda de testimonio” de los funcionarios nacionales. 

De los informes enviados o por enviar de la Armada deberían surgir los objetivos de la expedición que venía realizando el ARA San Juan cuando se produjo la desaparición, el 15 de noviembre pasado. Otro dato de interés tiene relación con el estado de mantenimiento de la nave y su capacidad al momento de partir.

Tagliapietra le dijo a este diario que hasta ahora están conformes con la tarea de la jueza y con “la buena voluntad que tiene para recibirnos y escucharnos”. El juzgado federal de Caleta Olivia tiene competencia sobre todo lo que ocurra en el océano Atlántico, hasta 200 millas de la costa. Yáñez es la primera en ocupar el cargo que fue creado por ley en 2006, para descomprimir la tarea del juzgado federal de Comodoro Rivadavia.