Mientras empleados del club Boca Juniors enrejaban ayer a ritmo veloz los terrenos de Casa Amarilla, aprovechando la caída de una medida cautelar y la feria judicial, los vecinos de La Boca rechazaron en una asamblea, realizada en uno de los predios el enrejado de ese espacio que utilizan y mantienen como lugar de esparcimiento, y sobre el que pesa una causa judicial que investiga la legalidad de la venta de esas 3,2 hectáreas de terrenos públicos al club azul y amarillo. Natalia Quinto, del movimiento La Boca Resiste y Propone, y querellante en la causa, dijo a PáginaI12 que “la venta de esas tierras es ilegal, y quienes se expidieron en la causa nos dieron la razón. Pero tras la maniobra judicial que el 29 de diciembre, a poco de comenzar la feria judicial, declaró nulo lo actuado y dio traslado de la causa a otro juzgado, nos desampararon”. Además, adelantó que “el jueves vamos a pedir que se habilite la feria”. Los asambleístas resolvieron presentarse hoy al mediodía en la puerta del club para dialogar con algún dirigente, y anunciaron una nueva asamblea el jueves por la tarde.
A las siete de la mañana, más de treinta operarios comenzaron a cavar pozos para los pilares y cercar con alambrado los terrenos próximos al estadio de Boca. En el barrio, las alarmas sonaron de inmediato: de boca en boca, a través de las redes sociales o de las múltiples organizaciones barriales, surgió la convocatoria que reunió a más de 300 vecinos, a las seis de la tarde, en Blanes y Martín Rodríguez, para defender el espacio público. Desde allí, se trasladaron hasta la puerta de la sede central boquense, en Brandsen 805, donde volverán a concentrarse hoy algunos vecinos que intentarán hablar con las autoridades del club, para expresarles el repudio a la usurpación de los terrenos.
El fallo judicial de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires de fines de diciembre que admitió los recursos planteados por el club xeneize y declaró nulas las resoluciones y todo lo actuado por el Juez Guillermo Scheibler abrió la puerta para que el club alambrara los terrenos en los que quiere construir un estadio shopping. La resolución de Cámara, además, remitió los expedientes al juzgado 11 de la jueza Paola Cabezas Cescato.
Scheibler había frenado las obras hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo: la legalidad de la venta al club. Esa medida también impedía el enrejado que reclamaba el club con el argumento de la seguridad.
En este sentido, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, querellante en la causa, se preguntaba de quién quieren cuidar los terrenos: “¿de los pibes que van a jugar a la pelota?; ¿De las murgas que van a ensayar antes del carnaval?; ¿De los pibes que, como no tienen lugar para jugar en la pieza del conventillo, van a correr por los campitos?”.
El campito de Casa Amarilla fue vendido al club en abril de 2016, bajo la gestión del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Uno de los vecinos del barrio, Luciano, explicó a este diario ayer por la tarde, mientras los operarios –que ya habían alambrado el primer terreno y colocado dos portones sobre la calle Martín Rodríguez– avanzaban con el cerco perimetral custodiados por personal de seguridad privada, que “los terrenos que eran del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) y estaban destinados a viviendas sociales fueron traspasados a la Corporación Buenos Aires Sur, entidad del Gobierno porteño, para poder venderlos sin pasar por la Legislatura como exige la ley. Y armaron una licitación que sólo le faltó ponerle el nombre Boca. Los requerimientos eran que sea una organización sin fines de lucro, con más de diez años en el barrio y con balances contables que mostraran una capacidad de pago de 180 millones de pesos, que es lo que pagó el club. Con un pago inicial irrisorio del 5 por ciento del valor total y un financiamiento a 14 años, todo a medida”.
Para el vecino, “tanto (Mauricio) Macri cuando era Jefe de Gobierno, como Rodríguez Larreta, apostaron a este negocio porque la ciudad nunca puso un peso en esos terrenos. Los vecinos pusieron los arcos en la cancha, cortan el pasto y mantienen el lugar. Como en la Legislatura nunca pudieron tener los votos para la venta, la evitaron a través del IVC, que tenía a cargo los terrenos para construir 1200 viviendas sociales, de las que construyó menos de un tercio”. “Queremos que el IVC cumpla y que el resto se use como espacio público”, remarcó Luciano.
