Las sesiones extraordinarias de febrero están cada vez más cerca de disolverse en el aire. El presidente Mauricio Macri definirá esta semana si las da definitivamente de baja o si se tratan algunos temas menos polémicos. Como informó este diario, ya está confirmado que la reforma laboral no formará parte del menú de febrero. Ayer se supo que el oficialismo tampoco prevé incluir en esas jornadas la reforma electoral. Es probable que las propuestas de reforma judicial tampoco tengan lugar en el próximo mes. “No creo que vaya a haber extraordinarias”, indicaba a este diario uno de los dirigentes macristas a cargo de la estrategia legislativa. Esperan que el tiempo y la negociación con las provincias ayude a que finalmente se aprueben. 

Luego de la victoria costosa de diciembre, en la que el oficialismo consiguió aprobar el recorte a los jubilados, en Casa Rosada el discurso que prima es el de bajarle el precio al Congreso. “Hay que aprender a gobernar sin él”, dicen los macristas, que recibieron el impacto de la baja de imagen positiva del presidente Mauricio Macri luego de esas jornadas de ajuste en las cuentas de la Anses acompañadas de represión en las calles. En público, el Gobierno buscó minimizar tanto las movilizaciones como los cacerolazos posteriores a la aprobación. Pero en privado causaron preocupación, sobre si te tiene en cuenta que, en algunas encuestas, arriba del 40 por ciento de los votantes de Cambiemos rechazaron la reforma previsional, a pocos meses de que el macrismo se sintiera reconfirmado en las elecciones de medio término. 

Este escenario pos diciembre, más la tensión con la CGT y los sindicatos –a los que le llueven por estos días presentaciones de la UIF, un organismo que depende del presidente– llevó a postergar la reforma laboral para marzo o abril. Ayer, según le confirmaron a Télam fuentes oficiales, resolvieron también postergar la reforma electoral, que comenzará a ser tratada recién en marzo por el Senado, en las sesiones ordinarias. Deberá discutirse en la comisión de Asuntos Constitucionales, cuya conformación está en disputa, dado que es donde también se tratará el desafuero de la senadora Cristina Kirchner.

El proyecto de reforma electoral incluye la discusión sobre si eliminar o no las PASO (una cuestión que no tiene consenso dentro de Cambiemos), una serie de cambios en el financiamiento de las campañas (el PRO desde hace años quiere permitir que las empresas puedan ser aportantes) y, sobre todo, la polémica en torno al voto electrónico que el Gobierno insiste en aprobar, pese al informe que le encargó al Conicet y lo desaconsejó. En el Gobierno, no hay argumento  en contra que valga: quieren que en 2019 se vote con la Boleta Unica Electrónica (BUE), que ya se implementó en Salta y en CABA. 

El último intento de aprobar la reforma electoral fue frenado por los gobernadores peronistas, a los que el macrismo quiere convertir en su principal interlocutor para aprobar leyes. En el caso de la reforma electoral, además, requieren de una mayoría especial, por lo que la necesidad de contar con los bloques del PJ es aún mayor. Pero el macrismo no pierde las esperanzas: busca conseguir el visto bueno de los gobernadores, para lo que –según señalaron– están dispuestos a aceptar cambios en el Senado al proyecto que aprobó Diputados. Ese proyecto, originalmente, incluía como moneda de cambio la paridad de género en las listas, que la oposición consiguió aprobar en forma separada de la reforma electoral. 

Junto con la reforma del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura y la reforma laboral, son las tres iniciativas que Macri quería ver aprobadas en diciembre y terminaron quedando afuera de las acaloradas sesiones de fin de año. La idea en el Gobierno es no repetir el escenario en febrero, por eso las tres reformas más controvertidas pasarán por un período de rosca para asegurarse los votos. “Hay que masajearlas”, es la consigna en la Rosada, aunque no aclaran qué elementos se usarán para el masaje.