En la última década se avanzó a paso firme en la regulación e implementación de políticas públicas sobre género y comunicación. Sin embargo, en el último año lejos de continuar avanzando estas medidas se encuentran en un grave estado de incertidumbre, con claros debilitamientos.

El pasado 31 de octubre se celebró en Ginebra la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un espacio en el que Argentina debe rendir cuentas del cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer. 

Desde el informe sombra presentado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad se expusieron las acciones implementadas para luchar en contra de la violencia hacia las mujeres en los medios, a partir de la obligación que asumió Argentina de modificar los patrones socioculturales que perpetúan la discriminación a las mujeres.

Tras un largo andar, a partir del año 2009, entró en vigencia un nuevo marco normativo que protege a las mujeres de las violencias mediática y simbólica en los medios de comunicación. A ello, se sumaron las políticas públicas generadas desde la Defensoría del Público y la AFSCA, entre otros espacios, para combatir estas formas de desigualdad. Esto significó un claro avance, en la función del Estado de garantizar los derechos, aunque aún era perfectible tanto en la norma como en la implementación.

Sin embargo, en diciembre del 2015, como una de las primeras medidas del gobierno nacional en gestión, se modificó mediante decretos del Poder Ejecutivo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y su autoridad de aplicación, pilares del marco normativo en comunicación y género. Aún más, las perspectivas que dan los 17 Principios para una Comunicación Convergente anunciados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM y ex AFSCA) con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule las comunicaciones y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, son poco esperanzadoras.

A ello, se suma la incertidumbre que existe sobre la continuidad de la Defensoría del Público, órgano creado para la protección de las audiencias por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y recientemente reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que no se prevé otro similar en las proyecciones de la nueva legislación anunciada. Además, el período de la actual defensora Cynthia Ottaviano concluyó el 14 de noviembre y no ha sido anuncia su renovación o nueva designación alguna.

Para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, es fundamental lograr que los contenidos y la programación de los medios dejen de fomentar la cultura de la discriminación y la violencia.

* Coordinadora del Área de Derechos Humanos-Eje de Género y Diversidad Sexual de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).