El ex funcionario de la Ciudad Carlos Anaya, ingeniero agrónomo y arborista certificado por la International Society of Arboriculture, explicó a PáginaI12 que la “desidia y la corrupción intelectual” mataron a la palmera de la Casa de Gobierno que este fin de semana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, será extraída para ser reemplazada por un nuevo ejemplar equivalente de Butia Yatay, que fue adquirido por contratación directa –según publicó la Secretaría General de Presidencia en el Boletín Oficial–, por 235.950 pesos. Desde el gobierno aseguraron que la compra todavía no está cerrada. El especialista que informó al Gobierno que por su alto valor histórico y patrimonial la palmera merecía un tratamiento pidió la jubilación anticipada, tras las presiones y los intentos de cesantía que comenzaron el mismo día que presentó su diagnóstico.

Días atrás, la ingeniera Liliana Suppa, inspectora de la Gerencia de Arbolado Urbano de la Dirección de Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, firmó el certificado de defunción de una de las cuatro palmeras Yatay del Patio de Honor (conocido como Patio de las Palmeras) de la Casa Rosada, y selló el destino del ejemplar cuya existencia comenzó a declinar a mediados de 2016.

De acuerdo al expediente 2017-29635229, la nueva palmera tiene un fuste (tallo) de 12 metros con 60 centímetros de diámetro de tronco liso y costó 5000 pesos, según contó su dueño Martín Villafañe Tapia a un portal de noticias, quien aseguró que el mayor costo (230.950 pesos) corresponden al  traslado –desde la provincia de Corrientes–, plantación y el mantenimiento durante los doce meses previos. 

Para Anaya, “cuando se trata de un monumento, a nadie se le ocurre tirarlo en lugar de intentar recuperarlo. La palmera era un ejemplar vivo cuando yo la diagnostiqué, con un alto valor patrimonial, al que se le debía el intento de un tratamiento”, dijo el especialista, y sostuvo que “hubo mala praxis, un mal diagnóstico. Como técnico, como puede pasar con un médico, nunca se pude decir que el paciente se va a salvar, pero mientras hay vida, hay posibilidades de realizar tratamientos”.

El arborista contó que cuando el gobierno lo convocó para que emita su opinión, en octubre de 2016, “era el momento en que comienza a levantar la temperatura, que el metabolismo de la planta se activa y puede responder a un tratamiento. Por eso pedí que me dejen dos o tres meses y si no había resultados entonces sí se podía cambiar el ejemplar”, detalló el ex funcionario. 

Pese a que ya circulaban rumores sobre problemas en la fuente de agua que afectaban a la palmera, Anaya sostuvo que cuando la fue a ver no pudo constatar ese problema. “Me dijeron que hubo un pérdida, pero no había nada escrito ni confiable. No verifique exceso de agua, aunque pudo ser una posibilidad. Sí tenía otro desorden, síntomas de deformación de las hojas nuevas, deficiencia de boro”, explicó el arborista, que no iba a cobrar honorarios por dar tratamiento a la palmera y para quien “hubiera sido un orgullo recuperarla”.

El especialista contó, en una carta que hizo pública en las redes sociales, que aquel 4 de octubre concurrió “a la Casa Rosada por un llamado de la arquitecta Maela Santarcángelo del área de mantenimiento de la Casa de Gobierno” para ver el estado de la palmera, a quien le informó que el ejemplar “estaba vivo” y que “merecía un tratamiento para intentar su recuperación”, contradiciendo el informe que la arquitecta tenía “del ingeniero agrónomo Jorge Fiorentino de la Dirección de Arbolado de la Ciudad” –cesanteado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero recontratado años después por el Gobierno de la Ciudad, cuando ya la ciudad era autónoma– que aconsejaba la extracción y reemplazo el siguiente fin de semana largo (del 12 de octubre). Además, ya “tenían planificada la logística con el Gobierno de la Ciudad para llevar una palmera similar desde Goya, Provincia de Corrientes”. 

Sin embargo, el operativo se suspendió tras el informe de Anaya en el que  sugería un tratamiento y solicitaba “que se extrajeran diferentes muestras de suelo y del vegetal para ser analizadas en un laboratorio para asegurar el diagnóstico y llegado el caso redireccionar el tratamiento”.

Meses después, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata también presentó un informe interdisciplinario en línea con el diagnóstico de Anaya, “pero no hicieron nada para retrotraer el estado de la planta”, remarcó el arborista.  

Pero el embate no fue sólo contra palmera, un día después, el especialista, empleado de planta de la Ciudad durante 36 años y en ese momento arborista del Jardín Botánico, recibió una Cédula de Notificación firmada por el Secretario de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Ezequiel Capelli, en la que le informaban de un trámite de pedido de cesantía argumentando que había acumulado 15 inasistencia continuas en su lugar de trabajo.

“Presenté mi descargo a la absurda acusación con un informe de la Gerente del Jardín Botánico, Graciela Barreiro, que desmentía mi incumplimiento laboral, copias del libro de la guardia privada del Jardín en el que se acreditaba mi entrada regular con mi vehículo al Jardín y los informes de los trabajos realizados que por correo electrónico le enviaba a mi superiora”, explicó Anaya en su carta. 

Tras las presiones, pedidos de cesantía (tan desprolijos que computaron un feriado y el día 5 de octubre, el día posterior al informe pensando que iba a faltar a su trabajo como inasistencias), y el bloqueo del salario (de febrero a mayo de 2017) el arborista certificado internacionalmente solicitó su jubilación anticipada.