Desde Bariloche 

Con pocos días de diferencia, un tribunal resolvió otorgar el arresto domiciliario al genocida condenado por delitos de lesa humanidad Miguel Etchecolatz; y un juez negó un beneficio similar al Lonko Facundo Jones Huala, detenido mientras dura el proceso que resolverá su extradición a Chile. Mientras el primero descansa en su vivienda de Mar del Plata, el jefe mapuche sigue preso en el pabellón 6 de la Unidad Penitenciaria Federal 14 de Esquel, a pesar que sufre un importante desmejoramiento en su salud. El Poder Judicial emitió claros signos sobre qué platillo de la balanza prefiere. 

Según reveló PáginaI12, un informe médico previo al fallo que otorgó el arresto domiciliario a Etchecolatz descartó un cuadro que justifique ese traslado del genocida a su vivienda particular. Todo lo contario sucede con Jones Huala. El Juez Gustavo Villanueva denegó en las últimas horas el pedido de Sonia Ivanoff, abogada del joven mapuche, para que se le otorgue el arresto domiciliario debido a la profundización de un cuadro delicado de salud. PáginaI12 pudo saber que el lonko mapuche padece una gastritis sangrante y podría tener un quiste en un riñón. Si bien las autoridades penitenciarias permiten el ingreso a la celda de su lawen -plantas medicinales mapuches-, no puede realizar los tratamientos de acuerdo a la cultura y tradiciones de su pueblo.

A pesar de ser uno de los actores políticos más observados por los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad, el juez argumentó “peligro de fuga” para justificar que Jones Huala permanezca detenido. El magistrado citó antecedentes de 2014, cuando se le seguía un proceso judicial en Chile.

La madre del lonko, Isabel Huala, evaluó en las redes sociales que “este precedente lo único que hace es reafirmar su condición de perseguido y preso político, bajo el Gobierno de Mauricio Macri junto a su Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich”.

Cuestionó el beneficio a Etchecolatz y planteó que “no es la misma realidad para los presos mapuche y militantes sociales que luchan por sus derechos, quienes son judicializados y perseguidos con más firmeza”. Y recordó que “el pueblo Mapuche ha resistido y luchado para sobrevivir a lo largo de la historia y lo seguirá haciendo, como las personas conscientes que luchan por una vida más digna y humana”.

Extradición

Mientras tanto se prepara el terreno para la extradición. Se confirmó que, a pesar de estar jubilado, el fiscal del juicio que definirá si Jones Huala es enviado a Chile será Jorge Bagur Creta. El fiscal parece especialmente interesado en participar, ya que dejará su reposo jubilatorio mientras dure el juicio para argumentar a favor de la extradición. Se trata del mismo fiscal que en reiteradas ocasiones rechazó la excarcelación del referente de la pu lof en Resistencia Cushamen.

En julio de 2017, a pocos días de su detención, Jones Huala denunció a Bagur Creta por “privación ilegítima de la libertad”, ya que fue apresado menos de un año después que el juez federal de Esquel Guido Otranto declarara nulo el juicio de extradición. De hecho, el fallo de la Corte Suprema ratificando la nulidad del primer juicio fue posterior a la detención del líder mapuche.

Estos antecedentes parecen no pesar a la hora de la conformación del tribunal y el fiscal que determinarán la suerte de Jones Huala.

Mientras tanto, el juez Villanueva no encuentra el lugar donde realizar el juicio por la extradición, debido a la expectativa generada y las “medidas de seguridad” que considera necesarias. Una vez finalizada la feria judicial deberá resolverse la locación del juicio, y a partir de ese momento se abrirá una instancia de unos 15 días hasta que se ponga en marcha el proceso para determinar si da curso al pedido de su par de Chile.

Entre el momento de la detención de Jones Huala y la concreción del juicio, el Gobierno nacional creó las condiciones para que la extradición sea celebrada como el fin de las andadas del jefe de un grupo insurgente: el ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich presentó un informe que da vida a un “Comando Unificado”, a través del cual la Nación, y las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, se aventuran a la persecusión del nuevo enemigo interno, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Sin embargo, hasta el momento, ni la justicia federal ni los Tribunales de las provincias de la Patagonia pudieron dar cuenta de la responsabilidad de la RAM en ninguno de los 96 hechos que se le adjudican. Ni siquiera en los atentados materiales que se adjudicó, ni de las supuestas ramificaciones y contactos con la Coordinadora Arauco Malleco de Chile (CAM), y muchos menos de su vinculación con las FARC colombianas, la resistencia kurda o elementos residuales de la ETA vasca.