Desde Barcelona

Una nueva Legislatura comienza en Cataluña con el gran reto de resolver el conflicto con España que truncó el anterior gobierno de Carles Puigdemont y la autonomía de las instituciones locales. Ayer se constituyó el parlamento regional que, como primera tarea, tendrá que decidir si el president destituido por Mariano Rajoy y propuesto ahora como candidato a jefe del ejecutivo catalán podrá presentarse a la sesión de investidura aunque continúe huido de la justicia en Bruselas. 

Desde que las elecciones del pasado 21 de diciembre dieran mayoría absoluta a las tres fuerzas independentistas –Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y CUP– más que certezas fue una gran incógnita lo que quedó de legado. Saber quién será capaz de asumir la gobernación cuando el candidato del partido con más escaños– Carles Puigdemont, JxCat– está en Bélgica y el del segundo puesto– Oriol Junqueras, ERC– se encuentra en prisión desde hace dos meses es el mayor interrogante que compartieron durante el último mes políticos y ciudadanos. Tras arduas negociaciones entre las dos formaciones secesionistas, finalmente este martes se acordó que el flamante presidente del Parlament –Roger Torrent, ERC– proponga a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat en la primera sesión de investidura, prevista para finales de enero. 

JxCat y ERC se reafirmaron en la voluntad de “restituir las instituciones”, suspendidas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución por decisión de las formaciones unionistas –Partido Popular (PP), socialista (PSOE) y Ciudadanos– para frenar el denominado “procés”. En el pacto suscripto por los principales grupos secesionistas se incluyó el apoyo de ambas tanto a la candidatura de Roger Torrent a la presidencia del Parlament como a la investidura a distancia de Puigdemont, aunque no se haya llegado todavía a un acuerdo sobre la fórmula adecuada para hacerlo. Los letrados del Parlamento catalán emitieron este lunes un informe contrario a la investidura telemática o delegada (otro diputado leería el discurso de Puigdemont) propuesta por JxCat, aduciendo que la presencia del candidato es imprescindible y, por su parte, el gobierno de Rajoy anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional cualquier paso de los independentistas en esta dirección. 

“Las riendas de la Generalitat seguirán en manos de la Moncloa hasta que tome posesión el nuevo presidente”, advirtió el jefe del Ejecutivo español, recordando a que así lo estipula el artículo 155. “Es absurdo que alguien pretenda ser presidente de Cataluña estando en Bruselas, no es un problema de leyes, que también, sino de puro sentido común”, declaró Rajoy este lunes en su intervención ante la junta directiva nacional del PP. “No se puede tomar posesión desde Bruselas y nuestro gobierno recurrirá inmediatamente esa disparatada decisión”, concluyó el líder conservador. 

Los pasos que siguen tras la formación del nuevo Parlamento catalán están teñidos de la misma incertidumbre y singularidad que ayer tuvo en Barcelona el arranque de la doceava legislatura de la Generalitat. Nunca antes desde el inicio de la democracia, se habían visto en una sesión constitutiva de la Cámara tantas sillas vacías y tantos lazos amarillos ocupándolas en lugar de sus respectivos diputados electos, tres de ellos encarcelados y cinco desplazados a Bruselas para escapar de la justicia española. El discurso del joven y flamante presidente del Parlament, Roger Torrent,  subrayó, precisamente, esta anomalía con la que empieza la legislatura, haciendo alusión a los parlamentarios que están “en una prisión preventiva que, en opinión de un gran número de juristas y expertos en Derecho, es absolutamente injustificada e impide ejercer libremente sus derechos”.

El diputado de Esquerra Republicana y nuevo presidente del Parlament quiso dejar claro en su intervención inaugural que lo primordial es poner fin a la intervención de las finanzas de la Generalitat por la Hacienda española, así como a la vigencia del artículo 155 de la Constitución, mediante el cual el gobierno de Rajoy destituyó al anterior Ejecutivo catalán y disolvió su Cámara. “Ante este escenario sin precedentes democráticos, el primer paso es poner fin inmediatamente a la intervención de las instituciones catalanas para recuperar la normalidad institucional necesaria y estar al servicio de los ciudadanos”, declaró Torrent frenteal nuevo hemiciclo.

Lo segundo que destacó el presidente del Parlament es su propósito de “contribuir a coser la sociedad catalana”, profundamente dividida a raíz de la escalada de tensión de los últimos meses del 2017. Roger Torrent dijo ser consciente de la “pluralidad de opciones” que votaron los catalanes el 21 de diciembre– la fuerza que obtuvo más boletas fue Ciudadanos, principal abanderado de la causa anti independentista– y reivindicó ese hecho como una riqueza. “Más allá de las convicciones políticas y personales están los principios. Quiero hacer de la democracia y la convivencia los pilares fundamentales de mi mandato”, anunció el joven diputado republicano.

La diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no confió sin embargo en la declaración de intenciones del nuevo presidente del Parlament y se quejó de que la sesión de constitución de la Cámara había sido como “un mitin de ERC”. La líder del grupo de centro derecha que arrasó en los comicios con el voto, sobre todo, de las principales ciudades reclamó al inicio del pleno que la Mesa de Edad– compuesta por el miembro más veterano y los dos más jóvenes del hemiciclo– reconsiderara su decisión de permitir el voto delegado de los diputados en prisión, algo que ni siquiera el Gobierno español optó por recurrir. 

Los parlamentarios encarcelados bajo la acusación de rebelión y malversación de fondos para la organización del referéndum del 1 de octubre –Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez– pudieron finalmente emitir su voto en manos de otros dos diputados y cosechar aplausos del lado izquierdo del hemiciclo, ocupado por los soberanistas y el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Incluso el Partido Socialista Catalán (PSC), cuya postura es la oposición frontal al proceso independentista, celebró que pudieran ejercer su derecho los políticos que llevan casi dos meses encerrados en cárceles madrileñas.

Quienes directamente renunciaron al voto delegado en la constitución de ayer del Parlamento catalán fueron Carles Puigdemont y los otros cuatro diputados electos –ex consellers– que están en Bruselas, Toni Comín y Meritxell Serret de Esquerra Republicana y Clara Ponsatí y Lluís Puig de Junts per Catalunya. Tal como lo habían revelado ya el día anterior, los políticos secesionistas prefirieron “no forzar la máquina” con este voto que tampoco era determinante para conseguir la mayoría independentista en el Parlament y apostar todas sus fichas a conseguir que el president cesado por Mariano Rajoy sea investido como nuevo jefe del Ejecutivo catalán sin pisar suelo español o con garantías de que, al hacerlo, no sea inmediatamente detenido.