La estancia Cuchuy, ubicada en el departamento salteño de San Martín, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en las Categorías I–Rojo y II–Amarillo, lo cual implica que está prohibido desmontar. El OTBN forma parte de la Ley de Bosques, promulgada el 19 de diciembre de 2007. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, explicó que el gobierno de Juan Manuel Urtubey “permitió mediante los decretos 2211/10 y 3136/11 realizar en forma sistemática recategorizaciones prediales a la zonificación del OTBN, a pedido de los titulares de distintas fincas”, y “de esta forma el gobierno provincial autorizó desmontes de bosques nativos en los que estaba prohibida la deforestación”. “Esto ocurrió en 32 fincas, que suman un total de 144.984 hectáreas protegidas”, detalló. En el caso de Cuchuy, se recategorizaron 8.962 hectáreas protegidas, de las cuales quedan unas 3.000 intactas. 

“Desde el 2012 y durante dos años, Greenpeace y un conjunto de agrupaciones ecologistas, sociales, campesinas e indígenas, y varias personas del sector académico, presionamos para que se derogaran estos decretos, ese mecanismo de violación de la Ley de Bosques. De la campaña participaron más de 100 organizaciones sociales y expertos. En ese contexto se logró que la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación se manifestaran en contra de los decretos, con distintos documentos que denunciaban la ilegalidad de este procedimiento en Salta”, recordó Giardini. Producto de esas denuncias, a fines de 2014 el gobierno provincial derogó los decretos que permitían la recategorización. 

Según el activista, con esta medida el gobierno salteño “reconoció que antes no se estaba cumpliendo con la normativa nacional”. Pero para Giardini el principal problema a partir de entonces fue que “más allá de que se derogaron los decretos y no se siguió recategorizando bosques, el gobierno de Urtubey no tomó la decisión de retrotraer lo autorizado; no hubo una decisión política de cancelar lo ilegalmente autorizado. Una parte importante de estas fincas ya fue deforestada”. Cuando se derogaron los decretos el desmonte en la finca Cuchuy se detuvo, pero entre noviembre y lo que va de enero se reactivó el trabajo y se desmontaron unas 400 hectáreas de bosques protegidos, según calculó Greenpeace.

Por este motivo, el activista afirmó que “los desmontes en Cuchuy siguen siendo ilegales. Al igual que en las otras 31 fincas, su desmonte fue ‘legalizado’ bajo una resolución que a las claras es inconstitucional;  en términos de rango jurídico está por debajo de lo que dice una ley nacional. Ningún decreto provincial puede ir por encima de la Ley Nacional de Bosques”. 

Informe: J. F.