Cristina Kirchner le pidió al juez federal Julián Ercolini que eleve a juicio oral y público la causa en la que se la acusa de presunta administración fraudulenta por la obra pública destinada a la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos y el de Néstor Kirchner como presidentes de la Nación. En su requerimiento, la actual senadora consideró que “en la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho” se le imputan.

El eje del expediente que instruyó Ercolini es que Néstor y CFK destinaron a Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, el 11 por ciento de la obra pública de todo el país, con el empresario Lázaro Báez como principal beneficiario. El magistrado considera que es una cifra desproporcionada pese a que esa provincia tiene el 10 por ciento del territorio y que todas las asignaciones presupuestarias para construir rutas fueron aprobadas por el Congreso.

En la causa se investigan 52 contratos por 46 mil millones de pesos, que según la acusación habrían sido direccionados a cambio de supuestos sobornos, que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces. Además de la ex presidenta y Báez hay otros 18 procesados camino al juicio oral, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervienen en el expediente como querellantes, pidieron semanas atrás la elevación a juicio. Abierta la etapa en que las defensas de los imputados deben plantear su acuerdo u oposición fue que la ex presidenta solicitó también la elevación.

Por medio de un escrito firmado por el abogado Carlos Beraldi, la senadora sostuvo que los requerimientos de los dos órganos que dependen del Poder Ejecutivo (la OA y la UIF) “encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones oportunamente deducidas, algunas de las cuales, incluso aún no han sido resueltas por auto firme”.

“Teniendo en cuenta las características de este sistema procesal, que no contempla vía recursiva respecto de un eventual auto de elevación a juicio oral, entiendo que el tránsito de estas actuaciones a instancia de oral ya se encuentra definido”, sostuvo Beraldi en un escrito de tres páginas. En el juicio oral “se harán los planteos correspondientes con el propósito de lograr el esclarecimiento definitivo y público de los hechos”, afirmó.

Ercolini procesó a la ex presidenta y demás imputados a fines de 2016 por haber “formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. Además de procesarla, el juez le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos, cifra del supuesto perjuicio causado al Estado pero sobre todo una excusa para publicitar el supuesto caudal de bienes acumulados por los Kirchner.

Según directivas de la Cámara Federal, el expediente que se encamina al juicio oral podría unificarse con las causas por supuesto pago de sobornos a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades de las sociedades Hotesur y Los Sauces.