El grito de las cicatrices

Alberto Fujimori se enteró de su indulto en una habitación de la Clínica Centenario Peruano Japonesa de Perú. Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente de ese país, argumentó la medida en una “recomendación de la Junta Médica Penitenciaria” y, como tantas veces se escuchó en la región, llamó a dejar atrás el pasado y se sentó a esperar el impacto de su decisión política.

Y el impacto llegó. Miles de peruanos y peruanas salieron eyectados a las calles de Lima, Trujillo, Arequipa, y diversos puntos geográficos. Lo hicieron apenas se enteraron de la noticia, pero también al día siguiente, y al que siguió después de ese. Lograron las renuncias de varios ministros del gabinete y un presidente golpeado políticamente, pero el indulto sigue firme.

A horas de conocer el perdón “humanitario”, Fujimori grabó un video en el que pidió disculpas por los que consideró “errores” de su gobierno y se mostró más autocrítico que el propio Kuczynski, que parecía ser el indultado en lugar del ex mandatario. Porque con sus 79 años, un cuadro de cáncer de lengua, y una cardiopatía hipertensiva, Fujimori continúa midiendo el ritmo político que alguna vez supo manejar a su antojo.

Con suerte, el japonés tendrá unos años más de vida. Por esta razón la prisa de quienes quieren verlo preso es acuciante, y la furia ocasionada por el indulto se les revela como un paso más lejos de llevarlo al banquillo de los acusados una vez más, y abre la herida latente que recuerda que Fujimori obtuvo el beneficio de la absolución por los delitos de homicidio simple y lesiones graves en el caso de La Cantuta y Barrios Altos, lugares pobres de ese país que el ex mandatario ordenó reprimir hasta la sangre en 1999, pero que sin embargo, sus crímenes de lesa humanidad no terminaron ahí.

Desde 1996 hasta 2000, y bajo la premisa de reducir la mortalidad en las mujeres embarazadas, se llevó a cabo en ese país el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, a través del cual se practicaron más de doscientas mil esterilizaciones forzadas en distintos lugares de Perú. Las más afectadas fueron las mujeres de barrios pobres: Cajamarca, Piura, y el Amazonas peruano. La mayoría de las víctimas son quechua hablantes y analfabetas, y tal vez por ello, el gobierno de Fujimori pensó que no denunciarían, ni hablarían. Pero hablaron.

Dionisia Calderón tardó veinte años encontrar su experiencia. De hecho, nunca quiso hacer una denuncia ni llevar su caso a la Justicia. Sin embargo, luego de enterarse del indulto, tomó un micro hasta Ayacucho, la ciudad más cercana a su hogar, para “hacer la marcha”.

Ella forma parte de una de las 36 comunidades del distrito de Morochuco, en la provincia de Cangallo. En 1996, con cinco hijos en edad escolar y un marido desaparecido a causa del conflicto armado, viajó hasta el hospital de Cangallo en búsqueda de alimentos que las enfermeras locales le habían prometido en una de las visitas sanitarias. 

Al recordar a las enfermeras, a Dionisia le tiemblan la voz y el cuerpo. “Nos llevaron en un camión, éramos cerca de veinte a veinticinco hombres y mujeres, y en el viaje me dijeron que tenía demasiados hijos, y que si llegaba a tener uno más me lo iban a quitar, porque en la tierra de Fujimori las mujeres debían tener pocos hijos”, la amenazaron.

En el hospital la situación empeoró: “El piso estaba lleno de mujeres llorando, gritando, me agarraban de las piernas pidiéndome ayuda mientras intentaba avanzar”. Dionisia escapó corriendo. Cuando llegó al centro de la plaza principal de Cangallo “las entregadoras”, como aún llama a las enfermeras, la agarraron por la espalda, y la llevaron nuevamente al centro de salud, donde los médicos la anestesiaron. 

Despertó a la mañana siguiente tirada en el piso del hospital de Cangallo, con el vientre hirviendo. Allí mismo le informaron que se le había practicado una ligadura de trompas: “Porque si tienes más hijos, vas a sufrir”, le aseguraron los médicos. 

Dionisia, quien nunca más podría tener hijos, sufrió de todas maneras. Ese mismo día por la tarde volvieron a cargarla en la camioneta en la que la habían llevado al hospital y la dejaron en Morochuco. La distancia que la separaba de su comunidad la hizo gateando, ya que el dolor de la herida recién cocida no la dejaba ponerse en pie. A los tres meses, todavía seguía brotando pus de su vientre.  

Se calcula que bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impulsado bajo el gobierno de Fujimori se esterilizaron 272.028 mujeres que no contaron con información necesaria sobre la práctica a la que fueron sometidas y unas 25.000 a las que directamente se las indujo a través de engaños. En su mayoría, se trató de mujeres pobres, andinas, quechua hablantes y analfabetas. 

El equipo del colectivo Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer DEMUS, de Perú, trabajó durante los últimos catorce años llevando adelante un registro de las estadísticas, en base a la información del Ministerio de Justicia de ese país, los centros de salud, y testimonios de las víctimas, entre las que también hubo hombres (las vasectomías forzadas según admitió el propio Ministerio de Salud llegan a 22.004).

Las zonas con mayores tasas de esterilizaciones forzadas son Cuzco, Huancavelica, Ayacucho, Piura, Cajamarca, y San Martín o el Amazonas peruano, donde se asienta aún hoy la población con mayores tasas de pobreza de ese país. Sin embargo, también hubo casos en Lima.

“Los médicos tenían cuotas diarias que cumplir”, explica Emilia Salazar, integrante de DEMUS. El propio Colegio Médico de Perú admitió que operaban bajo directivas que les exigían llegar una cifra por día y por semana bajo amenazas de despidos en caso de no “cumplir con su trabajo”. “Los médicos que brindaron su testimonio utilizaron el término ‘festival de ligaduras’”, añadió Salazar.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (ENDES) de Perú, la edad de esterilización fue menor en las mujeres quechua hablantes. Casi el 11% de las mujeres esterilizadas entre 1996 y 2000 en zonas rurales tenían 25 años o menos, mientras que el 15,6% de las mujeres quechuas esterilizadas en el mismo período de tiempo tenían también 25 años o menos. Cabe destacarse que la esterilización no es un método anticonceptivo recomendado para mujeres de ese rango de edad. 

Además, se observa que en 1996 la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) que promovía el gobierno de Fujimori fue el segundo método más repartido después de los dispositivos intrauterinos (DIU). Es decir que, entre 1996 a 1997, las AQV fueron priorizadas por encima de otros métodos anticonceptivos. 

La premisa del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar era impulsar la reducción en la tasa de mortalidad materna en Perú. La política impulsada por Fujimori no sólo no logró el objetivo sino que, producto de ella, fallecieron dieciocho mujeres, aunque se cree que pueden ser más.

Los años noventa no fueron la excepción para Perú en términos económicos, y Fujimori buscó congraciarse con las recomendaciones neoliberales siguiendo el Consenso de Washington impulsado por el BID y el Banco Mundial. Su objetivo era reducir la tasa de 3,5 hijos a 2,5 por mujer para el año 2000. “Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino”, anunció el ex presidente al lanzar el Programa, que dicho sea de paso, recibió reconocimientos internacionales, incluido el de la propia Organización Mundial de Salud (OMS).

Además de la cooptación de las pacientes a través de víveres o comida, o la intimidación mediante, la violencia física y psicológica y, en algunos casos, el secuestro de las víctimas, la esterilización forzada es considerada un delito de lesa humanidad.

Así lo tipifica el Estatuto de Roma, que no fue aplicado al caso peruano porque versa en ese país desde 2002, y los hechos que se investigan son posteriores. Entre los precedentes judiciales existe además una reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “I.V. contra el Estado Plurinacional de Bolivia”. Se trata del juicio iniciado por una mujer boliviana (cuya identidad se mantuvo preservada) que acudió a parir a su segundo hijo en julio de 2000 al Hospital de la Mujer de La Paz, donde luego de practicarle una cesárea, los médicos le realizaron una ligadura de trompas, aún bajo los efectos de la anestesia en la paciente, quien no fue consultada previamente.

La CIDH afirmó que el consentimiento informado del paciente es una condición sine qua non para la práctica médica, el cual se basa en el respeto a su autonomía y su libertad para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su plan de existencia, amparándose en los fallos del Juicio de Núremberg, que tipificó la práctica como crimen de guerra. En otras palabras, el consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona.

En la misma línea se expresó la Asociación Mundial de Salud durante su 63ª Asamblea General en Bangkok, Tailandia, en octubre 2012, al reconocer que “ninguna persona, sin consideración de su sexo, etnia, nivel socio-económico, condición médica o discapacidad, debe ser sometida a una esterilización forzada permanente (...) El Estado puede cumplir una función para asegurar que estos servicios estén disponibles, junto a organizaciones privadas, caritativas y de terceros. La decisión de someterse a la contracepción, incluida la esterilización debe ser tomada únicamente por el interesado”. 

En abril de 1996 Victoria Vigo contaba 32 semanas de gestación y contracciones cada cinco minutos. La trasladaron a un hospital en el Hospital de Piura. Su hijo, el tercero, no llegó a desarrollar a tiempo sus pulmones, y sólo vivió 19 horas. Uno de los médicos se acercó a consolarla con el argumento de que aún era joven y podría tener más hijos en el futuro. “No, a ella la esterilizamos”, escuchó Victoria que un segundo doctor corregía al oído al primero. Así fue como se enteró de que había sido esterilizada sin su consentimiento mientras le sacaban a su hijo del útero. 

Sin embargo su historia clínica nada dice acerca de la esterilización: Victoria tuvo que someterse a una histerosalpingografía para confirmarlo. Se trata de un estudio a través del cual se introduce un especulo en la vagina para observar la cavidad uterina, y una vez dentro se inyecta un líquido que funciona como contraste radiopaco, es decir como una radiografía, con el fin de detectar posibles lesiones. La práctica no debería ser dolorosa, pero la herida de Victoria aún no estaba del todo sanada, y la experiencia no fue buena. 

Su caso es conocido en todo Perú. Ella es una de las caras del movimiento NiUnaMenos local. “Lucho contra un Gobierno que nos mutiló, pero también lo hago para que otras se despierten y logren contar su historia”, contó.

A Victoria le llevó tiempo entender que su caso no era aislado, sino que formaba parte de una política de Estado perpetrada por el Gobierno. “Yo había escuchado a Fujimori anunciar el Programa pero nunca le di importancia, pensé que tal vez había mujeres que necesitaban las esterilizaciones, pero nunca creí que pudiera pasarme algo así”, señaló. 

Fue recién cuando escuchó testimonios de otras mujeres que tomó conciencia de su situación. Recién ahí cobró sentido una imagen recurrente en su cabeza, del momento en que entró por la puerta de Emergencias a parir. “Yo pasé por la puerta de la oficina de Planificación Familiar y vi a las enfermeras preguntando a las mujeres que iban a atenderse cuántos hijos tenían, y cuántos pensaban tener”, recuerda llorando. 

Así y todo, la vulneración de derechos que implica el no garantizar un consentimiento libre e informado en el campo de la autonomía reproductiva y planificación familiar, no nació en Perú.

En su “Ensayo sobre el principio de la población”, Thomas Malthus, clérigo y profesor de economía, teorizó acerca de los principios demográficos y el equilibrio de la población. Para este autor, existe una relación “desajustada” entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de los recursos. Ante este escenario, la solución malthusiana consistía en aplicar un control de natalidad y confiar en que los factores de orden natural, como las guerras o epidemias, retrasarían la llegada de una crisis total de alimentación. 

Si bien la teoría de Malthus fue cuestionada, especialmente desde el marxismo, prendió en pensadores como Charles Darwin y su justificación de la selección natural para explicar la evolución de las especies. 

Bajo el régimen del Tercer Reich, Adolf Hitler llevó a cabo uno de los programas de esterilización más amplios de todo el siglo XX. En 1933, el fürer aprobó la Ley de prevención de descendencia con enfermedades hereditarias, bajo la cual se crearon cortes eugenésicas en toda la Alemania nazi. 

A través de esa iniciativa, se les exigió a todos los médicos del Reich informar acerca de pacientes que sufrieran retrasos mentales, ceguera, sordera, deformidades físicas, epilepsia, esquizofrenia, bajo la amenaza de multas a quienes no los reportaran. Según los registros de los Juicios de Núremberg, más de 400.000 individuos que padecían alguna de estas condiciones fueron esterilizados bajo el auspicio de esta ley. 

En tanto, Estados Unidos fue el primer país en promover las esterilizaciones forzosas contra miembros de las comunidades amerindias y las mujeres afroamericanas, además de enfermos mentales. El estado pionero fue Michigan, donde los primeros casos datan de 1897. Los casos se repiten en Japón, India, China, México, Suecia y hasta Uzbekistán. 

La investigación por las esterilizaciones forzadas en Perú corre a cargo del Ministerio Público de ese país y comenzó en 2002, luego de que una subcomisión del Congreso peruano que investigaba las Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV) en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, enviara una primera denuncia contra algunos funcionarios de alto rango del gobierno de Fujimori involucrados, y elevara una acusación constitucional contra el ex presidente.  

Hasta ahora, la Justicia ha condenado a algunos médicos que participaron de las esterilizaciones, pero nunca a responsables políticos. Para Milton Campos, abogado que patrocina a las víctimas que se agruparon en DEMUS para encarar un reclamo colectivo, la falta de sentencias y la dilación de la causa responde a una “falta de voluntad” del Ministerio Público. Pero también, “con la inherencia política que se ha venido demostrando desde el lado de quienes están siendo investigados.

Lo que se judicializó a la fecha data de los años 2014 y 2016. En 2014, la fiscalía local denunció a seis operadores de salud involucrados en el caso de Mamérita Mestanza, una cajamarqueña de 33 años que en 1998, luego de diez visitas domiciliarias intimidatorias se sometió a una ligadura de trompas sin ser informada sobre los riesgos y consecuencias de la intervención. Ocho días después de la operación Mamérita falleció a causa de una infección post operatoria, luego de solicitar ayuda cinco veces, y no haberla obtenido. Pese a que el caso fue archivado por la Justicia por “no haberse formalizado una denuncia penal”, DEMUS apeló ante la CIDH y la OEA, consiguiendo su reapertura.

“En julio de 2016 se denunció también a decenas de médicos involucrados en las esterilizaciones forzadas de otras siete mujeres, pero en relación a las más de dos mil mujeres que están involucradas en la investigación, y al universo total que supera las doscientas mil, no hay decisión judicial alguna”, explica Campos. 

Las víctimas aún siguen esperando la definición de Luis Landa, el fiscal a cargo de la causa, quien ya recibió una recomendación de la CIDH para que se pronuncie sobre el caso. 

En tanto, las cientos de miles de mujeres mutiladas bajo el gobierno de Fujimori, encontraron en el indulto los motivos necesarios para salir a las calles. Las cicatrices de sus vientres ya no estarán nunca más en silencio.