Un juez de la corte suprema de Brasil abrió un nuevo frente de la crisis entre los poderes del Estado y anuló en forma inédita e individual una enmienda sobre la ley anticorrupción votada por la Cámara de Diputados, al considerar que no cumple con un pedido hecho por los fiscales de la Operación Lava Jato, que investiga el escándalo de corrupción del Petrolao.

La decisión del magistrado supremo Luiz Fux fue rechazada por el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, aliado del presidente Michel Temer, e incluso fue comparada por las medidas de excepción tomadas por la dictadura militar por parte de Gilmar Mendes, otro ministro del máximo tribunal. “Entonces cerremos el Congreso y démosles la llave a los fiscales de la Operación Lava Jato”, se quejó el juez Mendes.

El juez Fux determinó anoche en una medida cautelar inédita a pedido del diputado ultraderechista Eduardo Bolsonaro, del Partido Social Cristiano (PSC) y a favor de Deltan Dallagnol, el fiscal de la Operación Lava Jato que presentó un proyecto de iniciativa popular anticorrupción que fue modificado por la Cámara baja en su aprobación.

El punto más polémico, que enfrentó al Congreso y al Poder Judicial, es el que trata sobre sanciones y hasta prisión por abuso de autoridad, filtración ilegal de expedientes a la prensa y manifiesta enemistad política para jueces y fiscales. Fux pidió que el texto sea votado nuevamente.

“Anular una ley por medida cautelar es una intromisión indebida del Poder Judicial en la Cámara de Diputados”, dijo el presidente de la Cámara baja.

Pero la crítica más virulenta hacia el juez del Supremo Tribunal Federal provino de uno de sus pares, Gilmar Mendes, ex abogado del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). “El juez Fux tomó una decisión monocrática por todo el Congreso. Anuló una votación que tuvo la participación de 400 parlamentarios. Todos saben que el proyecto fue hecho por los fiscales de la Opeación Lava Jato y la decisión atiende a los intereses de poder de ese equipo”, dijo. Y comparó con el tratamiento dado al parlamento por parte de la dictadura brasileña (1964-1985), que mantuvo un Poder Legislativo adicto para mantener formas republicanas. “Estamos haciendo lo que los militares no tuvieron condiciones de hacer. Ellos fueron más reticentes a cerrar el Congreso de lo que vemos ahora”, dijo Mendes.

El Congreso y la Corte hace una semana mantuvieron un choque de alto impacto nacional luego de que una cautelar del juez Marco Aurelio Mello destituyera del cargo de jefe del Senado a Renán Calheiros, por considerar que como está procesado por corrupción no puede permanecer en la sucesión presidencial. Calheiros fue acusado por la fiscalía de Estado, de cobrar 800.000 reales en sobornos (unos 242.000 dólares al cambio actual) a la empresa Serveng a cambio de apoyo político para obtuviera contratos con la petrolera estatal Petrobras.

Calheiros desobedeció la orden de dejar la Presidencia del Senado y la Corte votó a favor de mantenerlo en el cargo, que abandonó ayer por término de mandato, en una medida interpretada como una luz verde al gobierno de Temer para aprobar, el martes pasado, la enmienda constitucional que congeló el gasto público por 20 años.

En medio de la disputa política dentro de los tribunales, Mendes pidió el juicio político de su colega Marco Aurelio Mello por haberse entrometido en otro poder de la República.

En cambio, otro magistrado de la máxima corte, Luis Roberto Barroso, dijo que si un jefe de un poder no cumple con una medida cautelar del Supremo Tribunal Federal (STF) estará cometiendo un “golpe de Estado”.

El juez Sérgio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato fueron respaldados en esta puja por el paquete de leyes entre el Congreso y el Poder Judicial por unas 15.000 personas en una manifestación realizada el 4 de diciembre.