@ El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya tienen una denuncia en la Justicia por el DNU del 10 de enero que derogó nada menos que 19 leyes y modificó el texto de otras 140. El ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el abogado Eduardo Barcesat acudieron a Tribunales para acusar por “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” a Macri y a Peña en razón del megadecreto de 192 artículos, muy cuestionado desde la oposición.
La presentación judicial se dirige, además, a todos los ministros del gabinete nacional y a los abogados del Gobierno, a los que acusó de “prevaricato”. Referentes políticos y culturales como Nilda Garré, Alicia Castro, Florencia Saintout, Mempo Giardinelli y Atilio Borón acompañaron con su firma la denuncia, que recayó en el juzgado criminal y correccional federal 4, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Ramiro González.
Barcesat y Domínguez emitieron un comunicado para dar cuenta de las razones de la denuncia: “este obrar del conjunto del Poder Ejecutivo Nacional comporta un severo quiebre del sistema y doctrina del Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes”. En el texto invocaron el artículo 99 de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Con la excusa de “desburocratizar el Estado”, el polémico decreto deroga 19 leyes y modifica el texto de otras 140. Además, resaltaron que su presentación judicial se enmarca en lo establecido por el artículo 36 de la Carta Magna, “cuyo último párrafo reconoce el derecho de los ciudadanos a resistir los actos que lesionen la supremacía constitucional”.
“Todos los fiscales están atemorizados. Esto obliga a que desde la sociedad civil articulemos denuncias que debieron haber sido presentadas antes, desde la función ministerial”, afirmó Barcesat en diálogo con Páginað12. El abogado constitucionalista lamentó así que ningún fiscal haya denunciado hasta ahora el megadecreto “cuando su función es custodiar las instituciones”.
Por su parte, Domínguez sostuvo que la única explicación posible para la decisión del Gobierno es que “quieren cerrar el debate en el Parlamento y callar las voces opositoras, porque estas son leyes que lastiman a la gente y estaban dadas todas las condiciones para poder tratarlo en sesiones extraordinarias”.
Además, el ex presidente de la Cámara de Diputados afirmó creer que “incluso sectores del radicalismo no comparten este procedimiento, porque saben de derecho y no suscriben a este totalitarismo corporativo”, y agregó que confía “en la pericia de Agustín Rossi y la práctica parlamentaria” para que el decreto pueda anularse en el Parlamento.
