Desde Londres

En el Reino Unido no parece importar otra cosa. La inflación, los problemas del Servicio Nacional de Salud, la crisis de los servicios sociales palidecen frente al Brexit. La primera ministra conservadora Theresa May repite que no va a hacer un “running commentary” (un comentario permanente) de su plan de negociación con la Unión Europea (UE), pero su ministro de Finanzas, Philip Hammond, y el titular de una cartera de nombre estrambótico –Minister for Brexit–, David Davis, pelean públicamente en torno a un nuevo frente de batalla: si el Reino Unido debe aspirar a un acuerdo transitorio con la UE. El gobierno se comprometió a debatir su plan en la Cámara antes de activar el artículo 50 que gatillaría la negociación a fines de marzo, pero ayer David Davis reconoció ante el comité parlamentario sobre la salida de la UE que en el mejor de los casos el plan gubernamental se dará a conocer en febrero porque “hay muchas cosas que decidir todavía”.

El nuevo frente de batalla no es una simple diferencia táctica en torno a un objetivo secundario. Hammond, que quiere un acuerdo transitorio con la UE y cuenta con el apoyo del sector empresario y la city, votó en contra del Brexit el 23 de junio y busca una separación del bloque europeo que modifique lo menos posible la actual relación, si fuera posible conservando el “mercado común” y la “unión aduanera”. Davis, que fue durante años uno de los adalides de la ruptura con Europa, forma parte del ala dura del gobierno de May, que no va a aceptar condiciones que diluyan una salida clara y tajante de la UE. “Un acuerdo transitorio significa diferentes cosas según quién lo proponga. Pienso que solo si es estrictamente necesario se podría contemplar esta posibilidad, pero los británicos quieren que esto se haga lo más pronto posible”, dijo Davis ante el parlamento.

En la city y a nivel empresario hay clara preocupación por el resultado de la negociación. Un informe que dará a conocer hoy la Cámara de los Lores alerta sobre la pérdida de decenas de miles de puestos el año próximo en el sector financiero y de servicios si no aparece sobre la mesa la posibilidad de una acuerdo de transición. Según el informe, las instituciones financieras no pueden esperar hasta 2019, año en que finalizaría la negociación del Brexit, para decidir su estrategia en el viejo continente.

En su testimonio ante la cámara el CEO del poderoso London Stock Exchange Group, Xavier Rolet, advirtió que el artículo 50 del Tratado Europeo que el Reino Unido tiene que invocar para comenzar la negociación, fue concebido para complicar la salida de cualquier país, no para favorecerla. “El artículo 50 no está pensado para permitir una salida simple y no traumática sino para que sea costosa y cree mucha incertidumbre. Esta es la preocupación número uno. Si nuestros clientes no saben cuál va a ser el resultado de la negociación en los próximos dos años y medio, para proteger a sus clientes y accionistas tendrán que adoptar planes alternativos porque en el sector financiero un pedido de licencia para operar en un país europeo toma entre 18 y 24 meses”, señaló.

En el marco de la negociación del Brexit, si el año que viene no hay garantías de un acuerdo transicional que extienda la negociación más allá de los dos años que estipula el artículo 50, las entidades deberán tomar recaudos y comenzarán el éxodo, más si lo que se perfila es un “hard Brexit” en el que perderán el “pasaporte financiero” que les permite comerciar con los 28 miembros del bloque.

Los empresarios, por su parte, le hicieron saber a Davis este lunes que tienen una preocupación similar. En un debate en la sede de la Sociedad Automotriz Británica le indicaron al Ministro para el Brexit que necesitaban el mercado común para seguir funcionando. “Formar parte del mercado único ha sido muy importante para que la industria automotriz británica sea competitiva a nivel mundial. Es esencial que mantengamos esos beneficios”, dijo el CEO de la Sociedad Automotriz Mike Hawkes.

La industria factura más de 80 mil millones de dólares anuales, emplea a unos 800 mil trabajadores y manufacturó más de un millón y medio de coches en 2015, pero depende de una cadena de suministros continental para su funcionamiento: si no hay mercado común y surgen aranceles para la importación y exportación las multinacionales se relocalizarán en otros países.

En el gobierno y entre los conservadores hay fuertes divisiones entre los que favorecen el soft brexit y los que quieren una separación completa de la UE. En una opinión pública polarizada, los Brexit acusan a los proeuropeos de “Bremoaners” (Quejosos o llorones por el Brexit, conjunción del Bre con el verbo moan, de queja o llorón) y disfrutan las tribulaciones europeas como una justificación del propio voto. Abunda el nacionalismo ramplón. “Nosotros no tenemos que pagarle a Europa para un acuerdo comercial. Ellos tendrían que pagarnos a nosotros”, dice en el “Evening Standard” el CEO de Toscafund, Savvas Savouri, convencido que los 27 países de la UE van a sufrir mucho más por un Hard Brexit que el Reino Unido. Los medios de prensa, mayoritariamente pro-Brexit, están en campaña para sacarse a la UE de encima lo antes posible. El Daily Mail acusó de enemigo del pueblo a la Alta Corte de Justicia porque dictaminó en noviembre a favor de una apelación para que el parlamento y no el ejecutivo fueran los encargados de invocar el artículo 50.

En este contexto el margen de maniobra político es bastante estrecho. El laborismo de Jeremy Corbyn, el líder más a la izquierda de toda la historia partidaria, es uno de los que más está sufriendo esta polarización. Corbyn y el laborismo son al mismo tiempo proinmigración y aceptan el resultado del Brexit por ser el mandato popular en un referendo. Con esta posición no representan ni a los que votaron por el Brexit debido a su oposición a la inmigración –muchos en el cinturón industrial del norte de Inglaterra cada vez más atraído por la xenofobia de los nacionalistas del UKIP– ni al 48,1por ciento que quería permanecer en la UE. Estos últimos empiezan a sentirse atraídos por el Partido Liberal que está a favor de un nuevo referendo y que sorprendió en dos recientes elecciones para renovar escaño parlamentario venciendo a los conservadores o saliendo en un segundo lugar mientras los laboristas languidecían en los últimos puestos.