Intendentes peronistas del interior bonaerense se reunieron en La Plata para analizar los perjuicios que les genera el denominado “Pacto Fiscal” impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal y trabajar en la elaboración de una propuesta alternativa. “No tiramos piedras, queremos analizar la situación y hacer una propuesta que vaya para adelante, superadora”, informó el jefe comunal de Laprida, Alfredo Fisher, quien destacó que los participantes de esos encuentros son “prolijos en sus municipios” y tienen “ejercicios con superávit”. Los intendentes rechazan la iniciativa de Vidal porque les recorta su autonomía y porque interpretan que implica firmarle “un cheque en blanco”.
Del encuentro en la sede del PJ provincial participaron, además de Fisher, los intendentes Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves), Germán Lago (Alberti), Alberto Connochiari (Leandro N. Alem), Gustavo Cocconi (Tapalqué) y Nicolás Lorenzo (de 25 de Mayo). También legisladores del Frente para la Victoria como el senador Juan Pignocco y el diputado Walter Abarca, y la ex ministra de Economía de Daniel Scioli, Silvina Batakis, junto a su equipo técnico.
El “pacto fiscal” que impulsa Vidal implica que su Ministerio de Economía se encargue de revisar metas de endeudamiento y gasto para luego aplicar premios y castigos a cada municipio. Mientras el artículo 1 del proyecto modifica el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal, el segundo “invita” a adherir (a través de ordenanzas de cada concejo deliberante) y advierte el precio a pagar en caso de no hacerlo. “La adhesión es condición necesaria para la obtención de nuevos endeudamientos, de avales y de garantías para fideicomisos y para obtener ayudas financieras”, señala.
No menos rechazo genera la intención de limitar el crecimiento de los municipios en términos de gastos y empleados, que Vidal pretende condicionar al crecimiento de la población. Para los intendentes implica “desconocer el rol social y dinamizador” del empleo público, que además cumple una “función de arraigo” en las localidades. También la homogeneización de cargas tributarias perjudica a los municipios del interior, donde es más importante el cobro por mantener calles y caminos que la tasa de seguridad e higiene predominante en el conurbano.
“Se nos saca el doble de lo que entraría con este pacto”, resumió Fisher tras el encuentro. “Si firmáramos el pacto, cosa que no vamos a hacer, no podríamos hacer una negociación abierta con los empleados municipales”, graficó. “Esto nos quita autonomía para afrontar la gestión diaria y la economía de cada distrito”, agregó. “Acompañamos a la gobernadora en el reclamo para que la provincia reciba lo que corresponde pero no acompañamos que esa plata se la saque a los jubilados”, dijo Fisher, quien también reclamó que se consideren “situaciones especificas de cada municipio” y la diversidad dentro de la provincia.
