La Policía de la Ciudad arrancó 2018 con una impugnación presentada contra su jefe, Carlos Arturo Kevorkian y el pedido de una sanción disciplinaria para el subcomisario Sergio Abel Stodulski, a cargo de la seccional 13º. Los cuestionamientos tienen un origen distinto, pero reflejan la mala imagen que hay de la fuerza en sectores de la sociedad civil. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció el proceso de designación del primero ante el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Considera que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta omitió información clave sobre su trayectoria. También se opuso al nombramiento del subjefe, Gabriel Oscar Berard. Además, la Defensoría del Pueblo le envió una nota al ministro Martín Ocampo para saber qué medida adoptará contra el responsable de la comisaría 13 que impidió la atención médica a un detenido tras la violenta represión del 18 de diciembre pasado frente al Congreso.
José Schulman, secretario nacional de la Liga, le informó a Páginað12 el motivo de la impugnación contra Kevorkian: “Nosotros lo cuestionamos junto a Berard como responsables de la represión de diciembre. Pero el jefe principal también estuvo involucrado en el crimen de un hincha de fútbol. Acá se pretende legitimar un perfil de Policía de la Ciudad que no se compadece con la democracia, con los derechos humanos y mucho menos con la seguridad de la población porteña”.
La presentación de la LADH le atribuye al jefe de Gobierno, que al publicar detalles de la trayectoria policial de Kevorkian el 29 de diciembre “ha presentado sus antecedentes de una manera intencionalmente incompleta, que impide a la mayor parte de las personas controlar debidamente dichos antecedentes”. Más adelante se pregunta en el escrito entregado el 17 de enero ante el Ministerio de Justicia: “¿Qué hizo Kevorkian durante la última dictadura? Tampoco es posible decirlo, ya que los magros ‘antecedentes’ publicados ni siquiera permiten asegurar en qué reparticiones y con qué grados prestó servicio durante ese período”.
La impugnación de la Liga hace un racconto sobre la trayectoria del nuevo jefe policial en tres fuerzas diferentes: la Federal, Metropolitana y la actual, que nació el 17 de noviembre de 2016 cuando la Legislatura porteña aprobó su creación. En ese contexto, el organismo de Derechos Humanos ubica el hecho principal que lo hizo oponerse a su designación: “no parece haber duda acerca de la actuación de Kevorkian como jefe de la Circunscripción IV el 25 de junio de 2005, cuando Fernando Blanco, de 17 años, hincha de Defensores de Belgrano, que había concurrido a presenciar un partido contra Chacarita, fue golpeado por personal policial (uniformados y de civil –entre los cuales se habría encontrado Alejandro Rivaud, personal de inteligencia de la PFA, luego subordinado de Kevorkian en la Metropolitana–) y luego detenido, tras lo cual fue internado y finalmente, falleció a los pocos días”.
El viernes próximo vence el plazo para presentar oposiciones a las nominaciones de Kevorkian y su segundo, el comisario mayor Berard. Este medio confirmó que habrá otras impugnaciones de organismos como la LADH. Pero así como la ley prevé este mecanismo, no hay antecedentes de que un recurso de este tipo haya prosperado en el pasado.
El jefe policial también tiene un frente judicial abierto porque fue querellado por uno de los manifestantes del 18 de diciembre que perdió la visión de su ojo derecho durante la represión en Plaza Congreso. “Imputo la comisión del mismo delito, en carácter de coautores, al jefe de la Policía de la Ciudad, Carlos Kevorkian; al Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo; al Secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro y al Jefe de Gobierno porteño, Horario Rodríguez Larreta”, dice el escrito que presentó Horacio Daniel Ramos, del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha).
Las denuncias contra los comisarios por la represión del 18/12 van más allá de la cúpula policial. El subcomisario a cargo de la seccional 13 ubicada en el barrio de Caballito, fue señalado en un escrito de la Defensoría del Pueblo porteña presentado al ministro Ocampo: “De acuerdo al informe producido por los doctores Florencia Kravetz y Fernando Bertolotti, en oportunidad de concurrir a la Comisaría 13 a cumplir con las obligaciones legales propias y solicitar que se le suministrara medicación a uno de los detenidos que la requería con urgencia en razón de padecer una afección grave, el subcomisario Sergio Abel Stodulski se negó a proporcionársela alegando que el detenido ya había sido examinado por el médico legista y que él no era responsable por su salud”.
El trámite 38717/17 de la Defensoría que conduce Alejandro Amor agrega que se solicitó “la inmediata intervención del Juzgado de turno, haciéndose presente en el lugar el actuario Martín Uriona. Luego de ello, la medicación fue suministrada”. Ahora el organismo espera por la respuesta del Ministerio de Justicia y Seguridad a su pedido de información. El texto solicita que se mencione si habrá “medidas disciplinarias que serán adoptadas en función de lo expuesto en relación a lo ocurrido en la Comisaría 13”. El defensor del Pueblo le requirió al ministro Ocampo la separación del cargo de Stodulski. El subcomisario había sido designado en enero del año pasado cuando Rodríguez Larreta cambió a 51 de los 54 jefes policiales.
