El debate sobre el sistema previsional es esencialmente ideológico; no es técnico. No existe una solución técnica “sensata” a mitad de camino entre la concepción plutócrata y la populista, porque la sensatez o insensatez es transversal a ambas concepciones.

La primera disquisición ideológica es entre el sistema previsional de reparto y el de capitalización. Éste es aquel en el cual los jubilados cobran según el aporte capitalizado que haya hecho cada uno en su vida activa. Este sistema, además de darle más ganancias a las Administradoras de esos fondos (recordar las tristemente célebres AFJP) que a los propios pasivos, es un esquema en el que los que más ganan son los que mejores jubilaciones percibirán y los que tuvieron la desgracia de no trabajar durante parte de su vida activa percibirán miserias o nada; y ni hablemos de las amas de casa, personal doméstico y cuentapropistas que directamente quedan afuera de todo.

El sistema de reparto es la antítesis de la capitalización que sólo convalida inequidades. Este es universal porque establece que la jubilación es un derecho de todos/as, hayan tenido o no la suerte de trabajar toda su vida; es público, porque es la única forma de redistribuir los ingresos; y es por sobre todas las cosas solidario, porque quienes menos ganaron durante su vida activa tendrán un haber pasivo proporcionalmente más alto con respecto a su remuneración activa. En este sistema es un eufemismo preguntarse dónde está la plata que aportamos durante nuestra vida activa, porque ese dinero ya se usó para pagarles a los jubilados de aquel entonces.

Obviamente para la plutocracia meritocrática lo más “justo” es el sistema de capitalización porque es el que remunera la vida pasiva en función de lo que hemos tenido el mérito de ganar a lo largo de nuestra vida laboral. La mirada populista es la inversa, porque en el capitalismo los méritos del éxito dejan afuera del sistema a una gran cantidad de gente, a la que se la condena a la exclusión de por vida mediante un sistema previsional que perpetúa las inequidades pasadas.

En Argentina, después del fracaso estrepitoso de la estafa legal de las AFJP, se volvió al sistema de reparto instaurado a mediados del siglo pasado y durante los primeros tres lustros de este milenio se fue ampliando su nivel de cobertura, tanto en cuanto a la cantidad de beneficiarios como a sus prestaciones. Aparentemente, hoy no estaría en discusión salir de ese esquema, aunque nunca se sabe qué puede pasar con un gobierno plutócrata.

El sistema previsional de reparto no es autofinanciable ni aquí ni en ningún país del mundo. En sus orígenes se basó en la idea de que los jubilados actuales perciban sus haberes con los aportes que hacen los trabajadores activos contemporáneos. Si los recursos de la Seguridad Social, sumando aportes patronales y retenciones a los empleados, significan alrededor del 25 por ciento de los salarios brutos, harían falta cuatro trabajadores activos por cada pasivo para que éstos pudieran percibir un haber similar al de su vida laboral. Si bien eso fue factible a mediados del siglo pasado, en la actualidad esa relación no llega ni a dos, tanto por el aumento de la esperanza de vida como por la inclusión de sectores antes excluidos y la proliferación del trabajo no registrado.

Frente a esta situación hay dos alternativas extremas, y varias intermedias: 1) asignar a la seguridad social otros recursos públicos además de los aportes sobre salarios, o 2) reducir las prestaciones y/o la cantidad de beneficiarios. Adivinar cuál es la propuesta populista y cuál la plutocrática no es difícil: 1 y 2, respectivamente. Pero en el caso actual con un agravante: el gobierno plutócrata decidió previamente desfinanciar al Estado con una serie de medidas no analizadas ni fundamentadas técnicamente pero sí inspiradas ideológicamente en la filosofía Hood Robin, a saber: a) reducir las retenciones a las exportaciones de soja, b) eliminar las retenciones a las exportaciones del resto de los cereales, c) eliminar las retenciones a las exportaciones mineras, d) eliminar progresivamente el impuesto a los bienes personales, e) reducir la alícuota del impuesto a las ganancias de las empresas, f) reducir los aportes patronales a la seguridad social. 

Todas estas medidas suman más que los 100 mil millones de pesos que ahora se le recortan a las prestaciones de la Seguridad Social, o sea a los jubilados, para reducir el déficit fiscal agrandado discrecionalmente, de manera consistente con la filosofía plutócrata de sacarles ingresos a los pobres para reducirles impuestos a los ricos. El axioma ideológico y marketinero que está detrás de esta filosofía es que, como los ricos son los que crean empleo, la reducción de la presión tributaria es lo que va a posibilitar que haya más trabajo.

Para no refutar este eufemismo autojustificante de la plutocracia con argumentos populistas, basta con ver y escuchar la opinión de un multimillonario norteamericano, con una lucidez estilo Henry Ford: se trata de Nick Hanauer, creador de Amazon y gear.com, quien afirma que los únicos que crean empleo son los consumidores comprando productos, a quienes lo mejor que se les puede hacer es transferirles parte de los ingresos de los ricos, que evidentemente nunca podrán consumir con ese dinero lo que sí van a gastar los de menores ingresos. Más aún, se pregunta en un discurso grabado para TED, que esta cadena luego censuró por demasiado “ideologista”: cómo van a crear empleo los ricos si el último recurso que usa una empresa es el de tomar a una persona más para aumentar su actividad. 

En definitiva esta no es una discusión entre irresponsables populistas y sensatos plutócratas; es un debate entre dos concepciones ideológicas totalmente antagónicas entre quienes piensan que la Seguridad Social es un derecho adquirido por toda la población por el sólo hecho de nacer y quienes piensan que es un resabio del clientelismo político que distorsiona la recompensa al mérito de la trayectoria laboral. 

Si partimos de la base de que el sistema previsional no es autofinanciable sólo con las cargas sobre los salarios todo consiste en que el Estado defina cuál es el grado de cobertura de la población (el máximo posible), cómo se deben calcular los haberes de los pasivos, qué grado de redistribución de ingresos va a implicar esa forma de cálculo y, definido políticamente todo esto, con qué recursos se va afrontar esa carga pública, lo que incluye además de las cargas salariales todos los impuestos que recauda el Estado.

Bajo esta concepción debemos borrarnos ciertas falacias, como por ejemplo:

  • Que la Anses es una entidad con recursos propios que se debe autofinanciar para atender las prestaciones previsionales.
  • Que si hay problemas para atender esas erogaciones es porque alguien se robó su tesoro acumulado.
  • Que hoy no alcanzan los recursos de la Anses porque se usaron para otra cosa (por ejemplo, Fútbol para Todos).
  • Que estamos así porque se otorgaron prestaciones excesivas por clientelismo político.

Digamos las cosas como son: hoy hacen falta más recursos para la Seguridad Social porque el anterior gobierno “populista” decidió ampliar la cobertura tanto en cantidad de beneficiarios como en el valor de las prestaciones y para eso hace falta que el Estado asigne y priorice recursos para eso. Y si hoy no se puede es porque el actual gobierno “plutócrata”, que gobierna priorizando los negocios, decidió bajarles impuestos a los más poderosos desfinanciado al Estado y reduciendo los ingresos de los más débiles para compensarlo. Esto recuerda lo que decía un provocador profesor de economía en la década del ‘70: “hay dos maneras de aumentar el producto bruto per cápita, aumentando el producto y/o reduciendo las cápitas”.

* Economista. Subcoordinador de la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.