Por primera vez en la historia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la presidencia del organismo votó en contra del plan de auditorías propuesto. El rechazo, votado por la presidenta de la AGCBA, Cecilia Segura, no es lo que parece, un intento de evitar controles, sino todo lo contrario. En el plan propuesto por el oficialismo, con mayoría en la dirección, fueron retirados del listado 32 informes de auditoría a realizar, sobre un total de 95, y se agregaron otros 26. Claro, el motivo de la quita del plan de auditorías debe revisarse no en la cantidad de informes (en definitiva seis menos) sino en la cantidad de dinero que queda fuera de todo control y a quién le fueron adjudicados esos montos: no se auditarán nada menos que obras, gestiones y actos de gobierno por un valor de 154.994.304.321 pesos, el 87 por ciento del total del presupuesto del gobierno porteño del año pasado. Uno de los tres tramos de la obra quizás más importante en la Ciudad, el Paseo del Bajo, el tramo C, el más caro, fue adjudicado a IECSA-Fontana Nicastro (vinculada en tiempos de la adjudicación a Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri). La auditoría sobre el Paseo del Bajo no fue retirada porque ni siquiera fue presentada para auditar y cuando Segura planteó agregarla, la rechazaron en el acto. Para un gobierno cuya campaña emotiva es la publicidad de sus actos, se trataría de un gesto de transparencia opaca.

La auditoría sobre los montos del presupuesto porteño viene declinando durante el gobierno del PRO, pero en los últimos tiempos la capacidad auditora cayó estrepitosamente. El plan anual de 2015 auditó el 48,68 por ciento del presupuesto de 2014. Los sucesivos porcentajes fueron 36,73 para el plan anual de 2016; 25,59 para el 2017; y 13,32 para este año. Que quede el 13 por ciento para auditar tampoco quiere decir que sea auditable. Una buena proporción de este porcentaje está impedido porque los organismos no responden a los pedidos de la Auditoría, porque responden con datos borrosos o que se deben corregir. 

El plan anual de informes es el que organiza la función específica para la que fue creada la AGCBA en 1999, según lo señalado en la Constitución porteña: el control de obras, gestiones y actos de gobierno durante el año en curso y sobre el presupuesto del año anterior. La Auditoría es un organismo externo, dirigido por un cuerpo colegiado de siete miembros que representa la diversidad parlamentaria local y es presidido por la principal fuerza de la oposición: actualmente a cargo de Cecilia Segura, por el FpV. De los otros seis auditores, uno representa al FpV (Hugo Vasques); una a Suma -Lousteau- (Mariela Coletta), y cuatro pertenecen a Cambiemos (Facundo Del Gaiso por Carrió, y Jorge Garayalde, Raquel Herrero y Vicente Rodríguez, por el PRO).

El plan anual en primera instancia es planteado por las áreas técnicas de cada una de las direcciones generales que componen el organismo presentando una propuesta base que luego es desarrollada por cada uno de los auditores generales. El cuerpo colegiado finalmente decide, saca o agrega, según su propia decisión. Esta decisión está estrictamente ligada al número y las conversaciones que se establecen dentro del colegiado. Si la mayoría impone auditar el 50 o el 1 por ciento del presupuesto, es una decisión que se toma a partir de esas negociaciones basadas en la distribución de poder.

Este año, la base inicial del plan anual incluyó la realización de 95 informes sobre actos de gobierno. En números, se proponía al colegiado aprobar la auditoría sobre 24.815 millones de pesos. Es decir, ya la propuesta llegaba filtrada. Mucho menos del total del presupuesto de la Ciudad que fue en 2017 de 178.806 millones de pesos. Pero de esos casi 25 mil millones planteados, el colegiado decidió retirar 32 informes que representaron el 34 por ciento, con una suma de 8.544 millones de pesos. Es cierto que agregaron otros informes, pero que no modificaban el fiel de la balanza.

Un ejemplo gráfico de este toma y daca es el quite de la auditoría sobre los subsidios a las escuelas privadas, que ronda en unos 1.500 millones de pesos. En cambio, el oficialismo planteó que compensaba al agregar el programa Maestro + Maestro, que ronda los 3.500 millones de pesos, y que no había sido incorporado en la propuesta inicial. Pero el 96,6 por ciento del programa agregado corresponde a sueldos, es decir, de los 3.500 millones propuestos sólo son auditables 119 millones.

¿Por qué rechazar una auditoría? Según la presidenta del organismo, Cecilia Segura, fueron rechazados o no incorporados los rubros más importantes. En su solitario voto negativo, la presidenta de la AGCBA sostuvo que “mi voto negativo se funda, básicamente, en la decisión colegiada de eliminar de la planificación una serie de programas de importancia que habían sido seleccionados por las áreas técnicas del organismo y reemplazarlos por otros de menor relevancia. Se justifica, asimismo, en que no se ha incorporado un conjunto de programas que propuse incluir en virtud de su impacto social, de los importes involucrados y de su significatividad económica, todos ellos criterios centrales que rigen la normativa para la definición del universo a auditar.”

La ejecución de la obra Paseo del Bajo (el corredor vial de 7,1 kilómetros que une las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. Ver aparte) con un costo estimado de 650 millones de dólares, ni siquiera fue incluido en el plan técnico inicial. Su inclusión al plan fue requerida por Segura, y rechazada ipso facto por la mayoría oficialista. En su voto, la presidenta del organismo sostuvo que “la significatividad económica de la obra, que fue adjudicada en 6.600 millones de pesos, y la información acerca de reiterados incumplimientos por parte de una de las contratistas durante 2017 (se refiere a la ganadora del tramo A, Corsan - Corviam), que podrían eventualmente redundar en la rescisión del contrato, explican la importancia de ejercer los controles asignados a este organismo.”

Mientras, el tramo C, el más caro de los tres, por 3.100 millones de pesos, el que conecta con la autopista Illia, está en manos de IECSA - Fontana Nicastro UTE, que al momento de la adjudicación era propiedad de Calcaterra.

En un gobierno que hace campaña con la ética y la transparencia, no están claros los motivos por los que se rechaza la auditoría de la obra. Pero sí están claros los motivos que impulsaron a Segura a proponer sin éxito incorporar la obra Paseo del Bajo al plan anual de auditorías.

La H es muda

Uno de los informes propuestos por los técnicos para incluir en el plan anual fue el del control sobre la Construcción, Ampliación y Modernización de la Red de Subterráneos, con un presupuesto sancionado de 2.500 millones de pesos. Pero ésta fue una de las propuestas retiradas del plan original. 

El proyecto “contempla las obras de infraestructura a cargo de SBASE y que representa el 47 por ciento del presupuesto asignado a la empresa y el 20 por ciento del presupuesto jurisdiccional –fundamenta el voto de Segura–. La planificación no incorpora ninguna auditoría vinculada con los subterráneos, siendo uno de los servicios públicos más importantes de la Ciudad, con un volumen de alrededor de 900.000 viajes por día.”

La AGCBA ya detectó irregularidades en la licitación 144/10 de construcción de la Linea H (Informe 1.16.02 Subterráneos de Buenos Aires - Linea H) que fuera adjudicada a la UTE Techint-Dycasa en 2011. Entre los motivos señalados en aquel informe figuran la deficiente planificación, los incumplimientos de plazos, la falta de aplicación de penalidades, las ampliaciones de plazo, redeterminaciones de precios y falta de control interno que hicieron que los costos de la misma se disparen. La Auditoría pretendía continuar con el análisis para determinar el gasto final. Los colegiados decidieron que no.

Tampoco se incorporó al plan la evaluación del Servicio de Higiene Urbana, que cuenta con un presupuesto sancionado de 10.500 millones de pesos, y que ocupa casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dirigido por Eduardo Macchiavelli. La propuesta específica se concentró en el Servicio de Recolección en Villas. Existen observaciones realizadas en informes anteriores que requerían continuar con las auditorías. El colegiado oficialista dio por terminada la necesidad de continuar auditando.

La titular de la Auditoría también propuso auditar el equipamiento de la Jefatura Central de la Policía de la Ciudad, que cuenta con un presupuesto sancionado de 1.832 millones de pesos, equivalente al 6 por ciento del presupuesto que maneja Martín Ocampo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad, y contempla la adquisición del equipamiento necesario para la dotación de la fuerza de seguridad.

El rubro equipamiento es tan amplio que permite incluir tanto un patrullero como balas de goma, cascos de robocop o pistolas taser. ¿Cuántos envases de gas pimienta habrá comprado Ocampo, teniendo en cuenta el generoso uso en las últimas marchas?

“Vistos los últimos acontecimientos y la actuación de la Policía de la Ciudad, hoy más que nunca sería interesante saber cuáles son esos gastos en equipamiento, verificar si están dentro de los protocolos”, dijo Cecilia Segura a este diario.

Educación fue uno de los ministerios en el que más poda de auditorías  hicieron los colegiados. En el plan figuraba el análisis de la transferencia de subsidios a las escuelas privadas. Subsidios, esa transferencia de recursos que el estado neoliberal está dispuesto a borrar del mapa siempre que no sean amigos. Por ejemplo, los subsidios a las escuelas de nivel primario privadas, representan algo más de 1500 millones de pesos, una cifra semejante a lo que se utiliza para pagar el Servicio Alimentario a las Escuelas de Nivel Primario (públicas): más de 1.300 millones de pesos. En este último caso se trata de la alimentación que reciben más de 140 mil chicos que asisten a los comedores de las escuelas primarias de gestión estatal en la Ciudad. Tanto el análisis de los subsidios a privadas, como el análisis del pago a las empresas alimentarias fue rechazado por los colegiados.

En informes de auditorías anteriores, se señala que empresas como Bagalá, Teylem, Equis Quince, Cook Master y Compañía Integral de Alimentos durante la gestión de Macri se llevaron jugosos contratos de alimentos en la CABA tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud. También se señala que se incumplieron los pliegos. Sin embargo, en las áreas técnicas señalan que siguen ganando licitaciones de los tres ministerios, pero no solo eso. Uno de los especialistas técnicos recordó que en 2017 la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, transfirió por decreto entre otros a su ex marido, el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, la administración del Servicio Alimentario Escolar hasta ese entonces a cargo de los Consejos Escolares. Esto le permitió al intendente adjudicar dicho servicio a las empresas amigas de los tiempos de la CABA.

Acumar no quedó afuera de la poda. En la parte que le toca a la Ciudad, la intención de la presidencia era auditar las cuestiones que por orden de la Corte, Acumar está obligado a informar. “Hay dos temas que son elementales para la salud de las personas que viven sobre la cuenca –señaló Segura–. Mejoramiento del Sistema Pluvial y el Tratamiento de residuos orgánicos”. Ambos quedaron eliminados del plan.

Como se dijo más arriba, a cambio el oficialismo propuso aprobar (y aprobó) la incorporación de informes que si bien constituyen rubros agregados carecen de importancia en números auditables.

En términos históricos, es la primera vez que la presidencia de la Auditoría General vota rechazando el plan propuesto. También es la primera vez, en una tendencia que lo hacía imaginable, que el plan de auditorías aprobado por el cuerpo colegiado representa una suma tan menor en relación al presupuesto de la Ciudad: el 13 por ciento. Pero, como se dijo, ni siquiera esa cifra es transparente. 

En un relevamiento realizado por la AGCBA, entre 2012 y 2016, de 433 informes aprobados 234 (54 por ciento) tuvieron algún tipo de limitación en la información provista a los auditores. De esos 234 con limitaciones, 129 (55 por ciento) corresponden a la categoría más grave, es decir, cuando el organismo auditado no brindó la información requerida.

Como las piletas del verano porteño, la transparencia del gobierno está pintada: tres de cada diez informes ni siquiera son respondidos por los organismos del Ejecutivo.

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