“Es parte del aprendizaje del respeto institucional que tenemos que tener, si tenemos por delante el enorme desafío de reconversión y de efectividad de las instituciones”, destacó ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al aludir al juicio a la dirigente social Milagro Sala, presa por acusaciones del gobernador jujeño Gerardo Morales. Sala fue detenida a mediados de enero por presuntas amenazas coactivas y daño agravado, y el juicio oral comenzó ayer. A raíz de las campañas por su libertad, la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron resoluciones en favor de Sala, que fueron rechazadas por el presidente Mauricio Macri. “Es centralmente hoy un problema del Poder Judicial de Jujuy”, señaló Peña repitiendo como un mantra la argumentación del gobierno nacional para no adoptar las medidas de los organismos internacionales. Apuntó, en cambio, que había una “apertura y transparencia total” de la causa hacia “todos los organismos internacionales de derechos humanos, a quienes invitamos a la Argentina y a Jujuy, para que se interioricen y den sus opiniones”.