Producción: Tomás Lukin

“Flexibilización por control”

Por Diego Schleser y Matías Maito*

El gobierno de Cambiemos está desmontando un esquema de políticas implementadas desde 2003 que, aun con problemas y limitaciones, logró una reducción sistemática de la incidencia del trabajo no registrado. Después de que la problemática presentara una tendencia creciente durante las décadas del ‘80 y del ‘90, entre 2004 y 2015 la tasa de empleo no registrado se redujo 13 puntos porcentuales. Ese modelo proponía un abordaje integral, que tenía en cuenta la multicausalidad del fenómeno. 

Por un lado, se implementó un patrón de crecimiento de incentivo a la producción nacional y a la generación de empleo de calidad; junto a un programa de protección del trabajo para garantizar un piso de derechos laborales y reducir las desigualdades. También se fortaleció la inspección laboral y se extendió la protección social. Por otra parte, se pusieron en práctica instrumentos específicos tales como incentivos fiscales para distintas unidades productivas, campañas de sensibilización, simplificación de procedimientos administrativos y un amplio esquema de formación profesional. A su vez, para resolver la situación de cierto núcleo complejo que aún permanecía en la informalidad, en 2013 se implementaron nuevas políticas para cada uno de los sectores críticos (trabajo doméstico, sector agrario, jóvenes, micro y pequeñas empresas).

Este esquema está siendo reemplazado en la actualidad por otro que supone que la informalidad es, básicamente, el resultado de un mercado con costos laborales elevados. En ese marco, las políticas que planea implementar el gobierno para resolver la problemática apuntan a reducir esos costos, a través de los contenidos comprendidos en la reforma tributaria (ya aprobada) y en la laboral (por tratarse). Entre sus principales elementos se incluyen la flexibilización de las condiciones de trabajo, la rebaja generalizada de las contribuciones patronales, la amnistía a empleadores que contratan trabajadores no registrados (el denominado “blanqueo”) y la reducción del período de permanencia en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales plasmada en el DNU publicado hace dos semanas.

La orientación de este programa de acción y su sesgo hacia un solo aspecto del fenómeno como son los costos laborales, lo enfrentarán a limitaciones que resultarán difíciles de sortear.

En primer lugar, la flexibilización de las condiciones de trabajo no parece el camino adecuado para reducir la informalidad, tal como lo demuestra la experiencia de nuestro país durante la década del ‘90. Más aún, como se señaló previamente, la caída sistemática de la incidencia del trabajo no registrado se alcanzó entre 2004 y 2015, cuando se reinstaló el principio protectorio como rector de las relaciones laborales.

Por otro lado, aun suponiendo que estas políticas flexibilizadoras puedan tener algún efecto positivo, es claro que las acciones concentradas únicamente en la reducción del costo laboral tienen una cobertura limitada en el universo de los asalariados no registrados. Ni los asalariados informales del trabajo doméstico ni los del sector público se beneficiarán directamente con la reducción de costos laborales. Y tampoco lo harán aquellos que se desempeñan en unidades productivas que están completamente al margen de las normas vigentes (no sólo de las laborales), dado que ellas se ven imposibilitadas de afrontar cualquier costo (por mínimo que sea). De este modo, se puede estimar que más del 60 por ciento de los asalariados no registrados se encontrarán excluidos del presunto impacto potencial que podrían tener estas políticas. 

A su vez existe un segmento de empleadores particularmente reticente a registrar a sus trabajadores, para los cuales el incumplimiento de las normas laborales responde a una cultura de la evasión. Cerca de un 60 por ciento del total de las empresas con trabajo no registrado detectado por la inspección laboral, no regularizó a sus empleados en una segunda fiscalización. Y de ese conjunto, el 72 por ciento tampoco lo había hecho cuando tuvo lugar la tercera inspección. Evidentemente, para este grupo, la reducción de costos no modificará sensiblemente el modo de hacer las cosas.

En definitiva, el gobierno reemplazó un esquema de políticas que había demostrado su eficacia para reducir progresivamente la informalidad por otro que probablemente tendrá resultados contraproducentes. El incipiente crecimiento de esta problemática hacia fines del año pasado podría ser la primera manifestación de estos cambios.

* CETyD/Unsam

“Despidos injustificados”

Por Maximiliano Uller*

El filósofo italiano Antonio Gramsci sostenía que las clases dominantes lograban consolidar su hegemonía cuando su concepción ideológica permeaba hacia las clases subalternas, quienes se apropiaban de aquellas y se transformaban en “sentido común”. La caracterización del empleado público ineficiente y “ñoqui” constituye ese sentido común que, amplificado desde los medios de comunicación y las usinas de pensamiento macristas, le otorgaron a Cambiemos carta blanca para desguazar el Estado.

En diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo publicó el decreto 254 que facultaba al Ministerio de Modernización a revisar aquellas contrataciones realizadas bajo la Ley Marco de Regulación del Empleo Público y los procesos concursales entre 2013 y 2015. La historia que siguió es por demás conocida: cerca de 15 mil despidos en tres meses de gobierno, la desarticulación de áreas sensibles y la estigmatización permanente hacia lxs trabajadorxs estatales. En muchos casos, trabajadorxs con hasta más de 20 años de labor. 

Desde 2016 el Ministerio de Modernización efectuó un relevamiento en cada organismo público al que denominó “dotaciones óptimas”. El propósito de la iniciativa era determinar la cantidad de agentes existentes (“dotación inicial”) y la adecuación propuesta por cada organismo, con el número de trabajadorxs considerados necesarios para llevar a cabo las tareas de las distintas reparticiones (“dotación óptima”). El resultado final del relevamiento indica que entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 deberían dejar cesantes a 22.160 personas, incluyendo despidos, jubilaciones y retiros voluntarios, que si se suman a las bajas producidas desde diciembre de 2015, totalizan unos 43.232 trabajadorxs menos. Lo paradójico es que mientras el gobierno alimenta el discurso de austeridad y racionalización del Estado, en el lapso de dos años ingresaron más de 25.000 empleados propios, mayormente bajo contrato Ley Marco e incrementaron exponencialmente la planta política. Aún se desconocen los criterios utilizados por la cartera de Andrés Ibarra para “justificar” las cesantías.

La reacción de ATE ante los despidos (más de 1200 en esta nueva etapa) con un incremento sostenido de la conflictividad gremial y la acción directa (como las permanencias pacíficas en los lugares de trabajo) atenuó el número de trabajadorxs despedidxs. A la fecha se han producido despidos y medidas de fuerza en 27 organismos nacionales y 3 de la Ciudad de Buenos Aires. En Enacom, por ejemplo, fueron revertidos buena parte de los 160 despidos luego de 30 horas de permanencia pacífica del cuerpo de delegados. Atacaron principalmente al ISER (el instituto de formación de locutores) y el Fomeca, herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual (gravámenes y multas) para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. 

En el Ministerio de Energía buscan desmantelar el call center que recibe reclamos por cortes de energía y realiza seguimientos permanentes, asistiendo a los usuarios más vulnerables. En Medio Ambiente se registran 28 despidos que están siendo revisados, la mayoría en la Dirección de Bosques, vinculados al manejo sustentable de recursos naturales. En Defensa las 70 cesantías afectan fundamentalmente el área de Derechos Humanos y Género que hacían seguimiento de archivos de las Fuerzas Armadas para proveer información a las causas de lesa humanidad. En Fabricaciones Militares, la intervención produjo cierre de la histórica planta de Azul y despidos en las plantas Beltrán, Sede Central y Córdoba. Fabricaciones Militares no sólo producía municiones y explosivos, sino también vagones o durmientes, y es una industria estratégica para la soberanía nacional. 

El argumento del recorte de cargos en el Estado por razones de desempeño resulta falaz e inconsistente. Lo que hay detrás es una mezcla entre convicciones ideológicas que impugnan la idea de un Estado al servicio de las mayorías populares y las necesidades contingentes de un modelo económico que se alimenta con endeudamiento externo para financiar el déficit y la bicicleta financiera, donde los intereses de la deuda pasarán a representar casi el 4 por ciento del PBI según las proyecciones del Presupuesto, aumentando un 28 por ciento frente a 2017, mucho más que cualquier otra finalidad del gasto. Una vez más, lxs trabajadorxs estatales y los sectores vulnerables serán víctimas de los recortes presupuestarios que afectarán las políticas públicas. 

* Economista de ATE Capital.