“El aire acondicionado es uno de los elementos más disruptivos que ha venido a integrarse a este cóctel explosivo y siniestro que dejó el gobierno anterior”, planteó ayer el presidente, Mauricio Macri, para referirse al esquema de mejoras en el poder adquisitivo y bajas tarifas que expandió la frontera de consumo de los hogares en un contexto de deterioro del autoabastecimiento energético. “Los precios de las tarifas eran ridículamente bajos y llevaron a consumos inusualmente altos. Generó un mal comportamiento cultural de todo el país. Como pensamos que era gratis, empezamos a despilfarrar algo que es escaso”, agregó Macri. El consumo “inusual” es el de familias pobres que en otras condiciones no hubieran accedido al confort del aire acondicionado, un bien que promete volver a ser para pocos. Además, el mandatario defendió la gestión en materia tarifaria del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, pero advirtió que este verano habrá nuevamente cortes de luz porque “el desbarajuste no se soluciona de un día para el otro”. Las inversiones para mejorar el servicio vendrían de parte de las empresas distribuidoras y transportistas, beneficiadas por los sucesivos tarifazos. Sin embargo, expertos advierten sobre la falta de compromisos claros de parte de las firmas en materia de expansión y mejoramiento de las redes.
“Juanjo –por Aranguren–, este año te ha tocado bailar con la más complicada. Tenemos que aprender la cultura de la responsabilidad, de decir la verdad. Comprometernos en lo que no es políticamente correcto”, comenzó ayer Macri, quien disertó en la jornada nacional de eficiencia energética junto al titular de la cartera. De entrada, el Gobierno comenzó un camino de recomposición tarifaria, que muchos especialistas consideraban razonable emprender. Pero Macri y Aranguren lo hicieron a través de violentas subas de las boletas en un contexto económico de retracción de ventas y caída del salario real y de las jubilaciones.
Este año, el aumento de la tarifa de electricidad para usuarios residenciales supera el 500 por ciento y en febrero de 2017 la boleta subiría otro 70 por ciento, según estimaciones oficiales. En el caso del gas, el aumento de las facturas, luego de la intervención de la Corte Suprema, fue de entre el 245 y el 274 por ciento para usuarios residenciales de menor consumo y del 310 por ciento para los no residenciales. Según la propuesta que planteó Metrogas en audiencia pública, el año que viene la boleta mínima subiría hasta los 174 pesos, lo que representa para los consumos más bajos incrementos adicionales del orden del 145 por ciento. En tanto, el aumento de la boleta de agua fue del 375 por ciento este año. Para los tres servicios públicos esenciales se espera más de una suba de tarifas en 2017.
“Los senderos de precios van a ayudar a tomar conciencia y cada uno va a tener contacto con la realidad. Queremos que se consuma menos energía. Los argentinos tenemos que poner en marcha la creatividad para proponer otras formas de ahorro de energía que escapan hoy a nuestro conocimiento, pero que estoy seguro que muchos están pensando”, dijo Macri.
Ante este planteo, las asociaciones de consumidores enfatizan que la electricidad y el gas son servicios públicos y que el derroche puede llegar a darse en alguna situación puntual pero que de ninguna manera explica el comportamiento general de la demanda de los hogares. Advierten que los nuevos precios llevan a los usuarios a la “pobreza energética”, que implica bajar el consumo para poder acceder a bienes todavía más básicos, como los alimentos.
Por otro lado, Macri indicó que “hemos hecho un montón de cosas que van a disminuir un poco los niveles de corte de luz este verano. Pero las inversiones llevan tiempo. Esto no es de un día para el otro, vamos a volver a tener cortes”. El Gobierno espera que el aumento de la rentabilidad de petroleras, generadoras, transportistas y distribuidoras estimule la inversión privada para mejorar el panorama energético. Sin embargo, esa vinculación está puesta en discusión por especialistas del sector. De hecho, el incremento en la remuneración a las empresas no viene acompañado por un compromiso formal bajo estricta supervisión del Estado para invertir ese dinero en el servicio.
