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Desde Barcelona

Dinamarca fue ayer también escenario de la historia de Cataluña, al recibir al ex president, Carles Puigdemont, como ponente en la Universidad de Copenhague. La alta expectación ante el viaje del líder independentista convocó a periodistas de todo el mundo, pero no solo por el contenido de su charla sino también –y quizás fundamentalmente– por el alto riesgo que corría de ser arrestado. En su primera salida de Bélgica desde que hace 80 días huyera de Cataluña para evitar acabar en la cárcel como sus compañeros de lista, Puigdemont desafió la amenaza de la Fiscalía española que había disparado las alarmas. El fiscal general del Estado anunció el domingo que le solicitaría al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, activar una orden europea de detención contra el ex presidente de la Generalitat si se confirmaba su desplazamiento a Dinamarca, y así lo hizo ayer a primera hora de la mañana.

El magistrado, sin embargo, resolvió denegar la petición de la Fiscalía, aunque –según dijo– la encuentre razonable “si se contempla que el investigado se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal”. En un Auto hecho público ayer, Pablo Llarena explicó que la solicitud de reactivar la orden europea de detención “se enfrenta a matices que conducen a que deba posponerse”. Los “matices” que impidieron al juez dar marcha atrás en una decisión ya tomada el pasado 5 de diciembre –cuando les retiró la euroorden de detención a Puigdemont y los cuatro consellers fugados a Bruselas por temor a que la Justicia belga los encausara por menos delitos de los que la española les imputa– son los derivados de la delicada situación política que en estos momentos vive Cataluña, a la espera de poder dotar de presidente a una legislatura que ya hace una semana comenzó. 

“Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”, explicita Llarena en su Auto.”Se busca así favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal, forzando además un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes han sido provisionalmente privados de su libertad”, culmina el Juez, haciendo referencia a los otros tres ex miembros del Gobierno catalán encarcelados, que sí están habilitados a delegar su voto en las sesiones parlamentarias. 

Carles Puigdemont puso a prueba a la justicia española el mismo día en que el nuevo presidente del Parlamento catalán, el soberanista Roger Torrent, lo confirmaba como candidato a la investidura, pese a las amenazas del Gobierno español y el rechazo frontal de la oposición. Torrent tomó esta decisión tras la ronda de contactos que tuvo con los partidos una vez conformada la nueva Cámara regional, hace exactamente una semana, y de confirmar que la mayoría apoya al candidato de la formación independentista Junts per Catalunya (JxCat). “Soy consciente de la situación personal y judicial de Puigdemont, y de la advertencia que pesa sobre él, pero soy también consciente de su absoluta legitimidad como candidato”, aseguró el flamante presidente del Parlament. 

También Torrent le envió ayer una carta al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, para estudiar conjuntamente la “situación anómala” que vive la Cámara catalana, dado que ocho diputados no pueden ejercer su función por estar en prisión o huidos en Bélgica. En el encuentro, Torrent quiere pactar con Rajoy la fórmula para investir a Carles Puigdemont, algo que está todavía en suspenso y por lo cual no dio aún fecha para la investidura, como es tradicional en el anuncio del candidato. Desde Moncloa aseguran no haber recibido todavía la misiva y, en cualquier caso, fuentes gubernamentales explicaron al diario catalán La Vanguardia “que la situación del ex presidente de la Generalitat no es competencia del jefe del Ejecutivo central sino de la Justicia”.

Mientras tanto Carles Puigdemont juega sus cartas desde Bélgica y ayer también desde Dinamarca. El president cesado por el gobierno español apostó fuerte con su viaje a Copenhague y, a expensas de terminar en la cárcel, no desaprovechó la oportunidad de dirigir a un auditorio colmado su ferviente mensaje en favor de la independencia de Cataluña, así como su condena a la represión del Estado español y a la indiferencia de la Unión Europea. Ante más de 300 asistentes, el líder secesionista denunció a España como un país en el que todavía se siente la influencia del franquismo y en el que no se respetan los derechos jumanos, responsabilidad que amplía a la Unión Europea: “Seguimos siendo europeos, pero no podemos cerrar los ojos ante sus fracasos: Grecia, Ucrania, los refugiados y la defensa de los derechos humanos en Cataluña”, proclamó Puigdemont, rodeado de estudiantes universitarios que lo seguían con gran expectación.

El líder independentista también usó la conferencia como plataforma de denuncia internacional del bloqueo político que vive su región tras los comicios del 21 de diciembre y advirtió “que decir a los catalanes que no pueden elegir a su gobierno significa que no hay democracia en Cataluña, que votar en unas elecciones es inútil”. Puigdemont remarcó que “Madrid necesita reconocer que las fuerzas independentistas ganaron las elecciones que convocó Rajoy y su gobierno ilegítimo sobre Cataluña debe acabar”, concluyendo que las urnas en el pueblo de Cataluña enviaron un mensaje al mundo: “no nos rendiremos ante el totalitarismo”.

La candidatura oficial de Puigdemont a la investidura que ayer dio a conocer el nuevo presidente del Parlament, llega un mes después de los comicios que el gobierno de Mariano Rajoy convocó tras haber intervenido la autonomía de la región como represalia por el vertiginoso avance del proceso independentista. La mayoría absoluta que reeditaron los partidos secesionistas en las urnas es la que defiende el ex president –líder de Junts per Catalunya, la formación que obtuvo mayor número de escaños– como baza fundamental para recuperar su cargo, pero el hecho de que haya una orden de detención contra él en España le impide regresar al país para enfrentarse a una investidura en el Parlamento catalán. 

Mientras su partido insiste en que Puigdemont se postule de forma telemática o delegada, los letrados de la Cámara regional se posicionaron en contra de esta opción y el Ejecutivo de Rajoy advirtió ya en varias ocasiones de que no lo permitirá y recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier paso que se dé en este sentido.