Cadáveres, fetos en frascos, pasillos subterráneos y dinero. Todo eso se empezó a buscar en una nueva inspección judicial en el Instituto Próvolo, de Mendoza, el centro educativo y religioso para niños hipoacúsicos que 25 ex alumnos denunciaron como el lugar en el que fueron abusados por las autoridades del establecimiento. El allanamiento, a cargo de Gendarmería Nacional, fue ordenado a partir de los testimonios de los propios denunciantes en la Justicia. “Además de contar cómo fueron abusados, los chicos en cámara Gesell dieron detalles escabrosos sobre lo que pasaba en el Próvolo. En sus relatos incluyeron entierros y sótanos secretos”, contó a PáginaI12 Sergio Salinas, abogado de la ONG Xumex y parte de la querella. 

Ayer, el Instituto Próvolo amaneció repleto. A partir de las siete de la mañana al inmenso predio –ubicado en Mariano Boedo 385– llegaron gendarmes, abogados querellantes, personal del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y hasta jardineros contratados por la Municipalidad de Luján de Cuyo. “Luego del último allanamiento en 2016, la fiscal Virginia Rumbo (subrogante del fiscal a cargo de la investigación, Gustavo Stroppiana) ordenó allanar nuevamente el Próvolo”, contó una fuente judicial. “En esta oportunidad se le pidió a Gendarmería que se inspeccione toda la propiedad”, añadió la fuente.

Las búsqueda de evidencia fue motivada por las declaraciones de las propias víctimas. “En las audiencias judiciales, una de las chicas abusadas contó que vio cómo hacían un pozo en medio del jardín para guardar una caja con documentación”, explicó a este diario Oscar Barrera, otro abogado querellante. “Cuando le preguntaron si sabía la ubicación de la caja, contestó que sí. Por suerte, la fiscal tomó nota”, completó el letrado. 

Esa víctima no fue la única testigo que recordó entierros en el centro religioso para niños y adolescentes hipoacúsicos. En otros relatos, también brindados en cámara Gesell, las víctimas dieron a entender que en el Instituto era habitual que se escondieran bajo tierra fetos en frascos y cadáveres. Otros, en cambio, aseguraron que el Próvolo tenía “pasillos subterráneos”, que “conectaban distintas áreas” donde se abusaba de los chicos. Los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, además del empleado José Luis Ojeda y el jardinero Gómez fueron señalados como autores de los abusos pero también de esconder los cadáveres. Los cuatros están imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores”. 

En esta nueva inspección, Gendarmería ya completó el primer paso: parcelar las tierras en cuadrículas, para luego proceder a explorar. Para eso fue necesaria la tarea de los jardineros contratados por la Municipalidad de Luján de Cuyo, quienes emprolijaron el césped del predio. “Luego, con un georadar, se buscará movimiento subterráneo o cosas que puedan llegar a estar enterradas”, explicó Barrera. Si se detectan éstos supuestos, a la zona delimitada se pasará un nuevo scanner para tener imágenes más precisas. “Y a partir de allí, con autorización judicial, se procederá a una excavación para secuestrar el material marcado”, agregó el abogado. Toda la labor durará alrededor de ocho días.

En noviembre del 2016, las denuncias contra el Instituto mendocino se hicieron públicas luego de que la senadora provincial Daniela García, de la Unión Cívica Radical, recibió el testimonio de una ex alumna e integrante del Movimiento de Sordos de Mendoza. A partir de allí, las víctimas se animaron a declarar; actualmente son 25 las que brindaron testimonio en sede judicial. El abogado Carlos Lombardi, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina confirmó que “aún esperan que ingresen más denuncias”. Por lo pronto, los abogados querellantes pidieron al fiscal Stroppiana “que se cite a declarar a todos los alumnos que asistieron al Instituto entre el año 1998 al 2016, que según el registro de la institución serían 200”.

Además de Corradi, Corbacho, Ojeda y Gómez, el otro implicado por abuso sexual es el monaguillo José Bordón, quien también se encuentra detenido.  Para el fiscal Stroppiana, los cinco imputados dispusieron un sistema para elegir a las víctimas: “Hemos llegado a detectar que había un proceso de selección: aquellos que venían de provincias lejanas y que no podían comunicarse con sus padres o de quienes sus padres no estaban tan pendientes de lo que les ocurría. Había una especie de pacto de silencio y amenazas para que no hablaran”, estableció.

A su vez, también fueron detenidas Graciela Pascual, quien era la representante legal del Instituto, la monja Kumiko Kosaka y la cocinera Noemí Paz, las tres imputadas como “partícipes primarias en abuso sexual agravado”. Por su parte, cinco ex directivos, una psicóloga y otra monja también quedaron implicados por el delito de “participación secundaria por omisión en la calidad de garantes de la situación que se encontraba las víctimas a su cargo”, aunque permanecen en libertad. 

La investigación del fiscal Stroppiana finalizará el 4 de mayo. Luego, la jueza de Garantías Alejandra Alonso decidirá si eleva a juicio oral la causa. Tanto para Barrera como para Salinas, todavía falta incluir la responsabilidad de un actor importante: la Iglesia. “No puede ser que nadie se haga cargo”, declaró Barrera. Por su parte, el letrado de Xumex cargó contra el vicario enviado por el Vaticano, Dante Simón. “Sigue con la decisión de no dar información a la justicia, incluso cuando se le dio un oficio donde se solicita que haga entrega a la Fiscalía toda la documentación recolectada”. “No puede ser que la justicia eclesiástica se burle de la justicia civil”, completó.

Informe: Jeremías Batagelj.