Una nueva demanda iniciada en los tribunales de Nueva York contra el país reclama un piso de 650 millones de dólares. La presentación no fue realizada por los tradicionales fondos buitre que todavía mantienen más de noventa juicios contra el país en esos tribunales. El accionar provino de una nueva clase de litigantes carroñeros: acreedores que tienen en su poder bonos emitidos en los canjes y aseguran haberse visto afectados durante el bloqueo impuesto por el juez Thomas Griesa a los pagos entre 2014 y 2016. Si bien Argentina desembolsó en cada oportunidad los dólares y euros correspondientes a los vencimientos de la deuda, los tenedores no recibieron el dinero en sus cuentas por las trabas del magistrado. La transferencia se concretó recién cuando el gobierno de Mauricio Macri alcanzó el acuerdo que le validó a los buitres una rentabilidad global de hasta 1270 por ciento. Con Draw Capital Partners a la cabeza, un grupo de tenedores de bonos de los canjes pretenden cobrar intereses sobre los intereses que recibieron con demora.
El fondo que firmó la demanda está registrado en Delaware, una de las principales guaridas fiscales estadounidenses. Los registros públicos ocultan la identidad de sus propietarios pero muestran que la firma recién fue incorporada el 13 de noviembre de 2017. Los elementos disponibles apuntan a que Draw Capital Partners es un vehículo ad hoc creado con el único fin de iniciar acciones legales contra Argentina. La demanda de catorce páginas presentada el lunes no ofrece detalles sobre cuándo compraron los bonos los litigantes. Desde el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo no respondieron las consultas de este diario.
Por eso, si bien no argumentan que el país violó la cláusula pari passu, el accionar es similar al de los buitre tradicionales, quienes no fueron afectados por la crisis de 2001-2002. Los fondos como NML Capital de Paul Singer adquirieron la mayor parte de sus acreencias a precios de remate antes o después del default. Nacido dos meses atrás, el buitres de segunda generación Draw Capital Partners no estuvo directamente afectado por el bloqueo que dispuso Griesa a mediados de 2014. El reclamo que llevaron a la Corte del Distrito Sur de Manhattan exige “por lo menos” 300 millones de dólares por el “daño ocasionado por Argentina”. Adicionalmente reclaman cobrar intereses sobre intereses adicionales que suman, en total, otros 350 millones de dólares. “Las acciones de la República Argentina estuvieron hechas con malicia, deliberación y temeraria indiferencia sobre los derechos de propiedad de los demandantes”, sostiene el escrito.
“La capacidad de la República para obtener financiamiento puede verse afectada por el remanente de litigios holdouts”, advierte el Ministerio de Finanzas a los compradores de la deuda externa argentina. A veintidós meses del primer pago a los buitres, el gobierno detalló la existencia de 1150 millones de dólares en bonos en default que no aceptaron el redituable acuerdo. El prospecto de emisión presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para habilitar la primera colocación de deuda de 2018 detalla que el 62 por ciento de esa cifra, unos 718 millones de dólares, corresponden a títulos regidos por legislación extranjera. Aunque los litigantes más agresivos y poderosos ya desistieron de sus demandas, persisten 92 causas en las cortes neoyorquinas que desde la jubilación del fallecido Griesa están a cargo de la jueza Loretta Preska. Si se suman los litigios iniciados en las cortes europeas y los tribunales arbitrales internacionales como Ciadi, Uncitral o ICC los riesgos legales del país alrededor del mundo ascienden hasta los 5900 millones de dólares. Pero la cifra (y los riesgos) se abultaron anteayer cuando se sumaron los 650 millones de “intereses sobre intereses” reclamados por Draw Capital Partners y otros fondos.
