El Ministerio de Energía y Minería dispuso poner en marcha el procedimiento de privatización de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López, así como la venta de la participación accionaria del Estado en la empresa Transener, operadora de la red nacional de transmisión eléctrica, La misma resolución, publicada ayer en el Boletín Oficial, le otorga a la Secretaría de Energía Eléctrica un plazo de 120 días para presentar el proyecto de contrato de concesión de la explotación de las centrales hidroeléctricas de la provincia de Santa Cruz “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, originalmente denominadas Cóndor Cliff y La Barrancosa.
Brigadier López es una central de generación eléctrica de 280 megawatts ubicada en Sauce Viejo (Santa Fe) de potencia equipada con generadores de gas. Para su construcción, recibió financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses por 47 millones de dólares. Ensenada de Barragán, erigida en la localidad bonaerense del mismo nombre, cuenta con dimensiones y condiciones de operación similares a la anterior y contó con financiamiento del FGS de 67 millones de dólares.
El jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, criticó la resolución manifestando que “Mauricio Macri rifa los recursos energéticos de todos los argentinos mediante la autorización para privatizar las centrales térmicas de generación eléctrica”. Las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López fueron construidos durante el gobierno kirchnerista, con fondos públicos, para subsanar el déficit eléctrico, mientras que las dos centrales sobre el Río Santa Cruz fueron licitadas y adjudicadas en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, pero el inicio de las obras fue paralizado y demorado por el gobierno de Cambiemos y aún no se han puesto en marcha.
La resolución, que lleva la firma del ministro Juan José Aranguren, empieza a recorrer el camino trazado por el decreto 882 del 31 de octubre pasado, mediante el cual el Poder Ejecutivo había dispuesto una serie de reformas estructurales dentro del área de energía para posibilitar el traspaso de diversas unidades de generación y transmisión eléctrica al sector privado. Por un lado, se resolvía por decreto la fusión por absorción de las sociedades estatales Enarsa y Emprendimientos Energéticos Binacionales (Ebisa), constituyendo Integración Energética Argentina SA. A esta última empresa a crearse, el citado decreto le otorgó la concesión para la explotación de las centrales hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, cuya construcción ya fue concesionada por el anterior gobierno pero su iniciación fue demorada por el actual. El consorcio adjudicatario está conformado por Electroingeniería SA y la firma estatal china Gezouba. Además, dicho decreto disponía que “Enarsa proceda a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, de los activos correspondientes a las centrales térmicas de generación eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López, así como la transferencia del personal y contratos relacionados con dichas centrales”. Adicionalmente, se habilita la venta de la participación accionaria de Enarsa en Transener, a través de la Compañía Inversora Citelec.
Al cuestionar la resolución, el diputado del FpV Agustín Rossi señaló que, “en poco tiempo, la producción energética del país pasará a regirse en forma total por las reglas del mercado, deslindando al Estado de cualquier tipo de intervención”, para inmediatamente lanzarle la pregunta a Macri: “¿Así pretende resolver los problemas energéticos, Presidente?”.
