Doce minutos duró el vuelo promocional de Flybondi. El avión despegó el lunes a las 11:23 desde el aeropuerto cordobés de Pajas Blancas pero una “falla técnica menor” lo obligó a regresar y aterrizar a las 11.35. No se trató de un vuelo comercial sino de un viaje de prueba abordado por 141 tripulantes, empleados y auxiliares de la compañía junto con familiares y amigos que tenía previsto extenderse durante no más de media hora. La empresa minimizó el incidente y aseguró que los problemas registrados no alteran sus planes para comenzar a operar pasado mañana, cuando el mismo Boeing 737-800 cubra el trayecto Córdoba-Misiones. 

Los vuelos de la low cost operarán desde la provincia serrana, donde en un container habilitado por la ANAC funciona su único taller de reparaciones del país. La firma que aseguró haber vendido más de 10 mil pasajes en sus primeras horas de operaciones tiene previsto concentrar sus viajes desde el aeródromo bonaerense de El Palomar. Dos semanas atrás la jueza federal Martina Forns frenó las obras de acondicionamiento financiadas por el Estado nacional hasta que se conozcan los estudios de impacto ambiental. Aunque los vecinos denuncian que las remodelaciones continúan, la medida judicial impidió que los vuelos despeguen desde el aeródromo.

“Les pido disculpas por el corto vuelito y esperamos nuevamente reencontrarnos en un futurito cercano”, expresó el piloto después de aterrizar en Córdoba. Las declaraciones del comandante se conocieron ayer por un video que filmó uno de los pasajeros y fue difundido por redes sociales. La empresa, por su parte, dio a conocer un breve comunicado oficial a través de Twitter donde intentó minimizar los problemas de la aeronave. “En uno de nuestros vuelos de prueba se presentó una falla técnica menor. Como indica el protocolo, el avión volvió a la base. Este procedimiento es normal y la unidad no realizó un aterrizaje de emergencia”, aseguró la aerolínea que apalancada en la política de cielos abiertos que impulsa el Ministerio de Transporte pretende competir con la aerolínea de bandera. Nueve de cada diez rutas que el Ministerio de Transporte les otorgó a las denominadas low cost como Flybondi o Norwegian coinciden con rutas y frecuencias internacionales y de cabotaje que operan actualmente Aerolíneas Argentinas y Austral.

Existen dos dueños conocidos de la compañía que cuenta con un capital social equivalente a 6000 dólares. Uno de los dos propietarios de la aerolínea es el francés Richard Guy Gluzman, un empresario vinculado al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. El dueño de Flybondi y el funcionario fueron socios en el fondo de inversión Pegasus. Los nombres de ambos convivieron, al menos, en los directorios de las empresas Enflex SA y Entertainment SA. El otro propietario se llama Gastón Parisier, quien exhibe otros emprendimientos comerciales como la firma de regalos empresariales BigBox, donde tiene como socio a Lucas Werthein, que además de sus actividades empresariales fue asesor del directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). 

“Dijeron que iban a invertir 30 millones para renovar el aeropuerto de El Palomar y lo va a hacer el Estado, que además le regala los recursos. Presentaron un galponcito en Córdoba que funciona en un container como taller habilitado por la ANAC y antes de empezar a volar tienen problemas de mantenimiento. La compañía dice que usará aviones de 6 a 8 años de antigüedad y el primero que trajeron es de 12 años que presenta problemas de aviones viejos como son las fallas de velocímetro. No son incidentes que se vean a menudo”, advirtió en diálogo con este diario Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.

El fin de semana pasado, los vecinos de Hurlingham denunciaron que a pesar de la orden emitida hace diez días por la jueza Foros para que cesaran las obras en el predio, las máquinas y los obreros siguen con su trabajo. Además, denunciaron que el aeropuerto se instalará sobre el lugar en donde funciona la I Brigada Aérea El Palomar, desde donde partían los vuelos de la muerte durante la dictadura, declarado Sitio de Memoria y una prueba fundamental en los juicios de lesa humanidad.