Hace un año, ante el mismo problema, se escuchó la misma respuesta. Ahora el Ministerio de Salud de la Nación lo anunció en sus redes sociales: “Las demoras en la entrega de medicamentos para el tratamiento de vih obedecen a los tiempos habituales de habilitación presupuestaria”. Claro que hay demoras y demoras, y si una demora es habitual y la Secretaría que maneja el presupuesto ya lo sabía con la experiencia del año pasado, podrían haberse anticipado. Pero no. Y ahora 50 mil personas que viven con vih y reciben sus medicamentos del sistema público tienen la duda de si recibirán sus tratamientos en febrero.
El 12 de enero el Ministerio envió a todas las provincias una carta firmada por el director de la Dirección de sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, Sergio Maulen, en la que avisaba que “debido a distintas dificultades presentadas en los procesos de compra, los medicamentos Abacavir 600mg./Lamivudina 30mg., Darunavir 600mg, Zidovudina Jarabe, Efavirenz 600 mg comp. y Dolutegravir 50mg comp. sufrirán una demora en su adquisición. Si bien continuamos trabajando para acelerar los procesos, estimamos que la demora será de aproximadamente un mes para tener disponible nuevamente la medicación”.
La negligencia se repite. El año pasado el entonces director de sida y ets era Carlos Zala, que fue reemplazado por Maulen después de que el problema de faltantes se denunciara en varios puntos del país. La respuesta también fue “demora administrativa” y se suponía que durante el año iba a preverse una compra anticipada, ya que no todos los tratamientos pueden cambiarse de un día para el otro. Internamente en el Ministerio, la señalada por la demora que comunicó Maulen es María Cecilia Loccisano, designada como Subsecretaria de Coordinación Administrativa en noviembre de 2016. Loccisano, que está casada con el ministro de Trabajo Jorge Triaca, es abogada y según su currículum tiene carrera dirigiendo proyectos de financiación internacional en salud desde el año 2000, cuando asesoró a la Jefatura de Gabinete de De La Rúa en la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad)
A partir de los anuncios y la incertidumbre acerca de cómo las personas accederán a los medicamentos que les corresponden por ley, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo un pedido al Ministerio para acceder a la información pública: “Solicitamos que ratifique o rectifique el faltante de antirretrovirales e informe la disponibilidad con la que cuenta el Ministerio de Salud. Además, si confirma el faltante, que informe el motivo, a qué provincias alcanza, cuántos son las y los pacientes afectados y en qué provincia residen; y cuáles son las políticas implementadas para resolver la situación”.
En el informe epidemiológico publicado en diciembre de 2017 por el Ministerio de Salud, se habla de 69.200 personas que en Argentina viven con vih y reciben tratamiento. Dentro de esa cifra, el 70 por ciento lo hace a través del sistema público. Si bien la escueta circular del Ministerio pide a las provincias que hagan lo posible para hacerse cargo, queda en evidencia que los tratamientos no están en la agenda de prioridades del gobierno (que sí, por ejemplo, hizo una sesión extraordinaria el 18 de diciembre para aprobar la reforma previsional).
“No es la primera vez que se producen faltantes en la provisión de antiretrovirales, lo que se suma a la falta de distribución de preservativos y la negativa a impulsar la nueva ley de vih y hepatitis que impulsa el Frente por la Salud de las Personas con vih. La respuesta al vih debiera ser una política de Estado, implica compromisos internacionales asumidos por nuestro país cuyo cumplimiento no puede verse afectado por la desidia en la implementación de la política pública por parte del Ministerio de Salud”, dijo Martín Canevaro, de 100% Diversidad y Derechos.
“Lo más grave de los faltantes es el jarabe, que es la medicación que se utiliza en bebés para la prevención de la transmisión materno-infantil del vih. Cuando una mamá positiva da a luz, al bebé se le da ese jarabe durante seis semanas para que no se infecte: es preventivo. Por otro lado, de todas las drogas que tendrán faltante, esta es la única que no tiene ningún reemplazo”, explicó Matías Muñoz, integrante de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos.
Entre los objetivos que persigue Argentina para el 2020, en línea con ONUsida, está el 90-90-90 (90 por ciento de personas que viven con virus diagnosticadas, 90 por ciento en tratamiento y 90 por ciento con carga viral indetectable), pero qué se puede esperar si las personas no tienen la seguridad de llegar al consultorio y recibir la medicación. El errorismo de Estado que hace que las compras se demoren o los stocks tarden en distribuirse ya no puede leerse como algo inocente. No merece el beneficio de la duda. La política de vaciamiento y demonización de lo público, para que la población que pueda elija lo privado, suena a una receta ya conocida y alabada por el FMI.
Ante los anuncios del Ministerio de Salud de la Nación, el Frente por la Salud de las personas viviendo con vih convoca hoy viernes 26 a las 14 a una asamblea abierta frente al ministerio. Avenida 9 de Julio y Moreno.
