El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas comunicó ayer su decisión de poner fin a la “acción urgente” con la que en agosto del año pasado había instado al Estado argentino a localizar a Santiago Maldonado, a quien se había visto por última vez escapando de un operativo represivo de Gendarmería nacional contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. La identificación del cuerpo del joven, que apareció a mediados de octubre en el Río Chubut, cerca de donde sucedió la represión, “no releva” al Estado de “sus otras obligaciones”, entre las que el Comité enunció el desarrollo de una “investigación exhaustiva, imparcial e independiente” que permita saber en qué circunstancias murió Maldonado, garantizar la participación de sus familiares en esa investigación y proteger a los allegados del joven y a los testigos.
“Con la localización y plena identificación del cuerpo del señor Santiago Maldonado, el Comité considera que se cumplió con el propósito de la acción urgente de que ‘se busque y localice a la persona desaparecida’, y el 23 de enero de 2018 decidió cerrar la petición de acción urgente aquí referida”, informó ayer la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh). A mediados de mes, también en base al hallazgo del cuerpo de Maldonado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había levantado la medida cautelar que había dictado sobre el Estado argentino por la desaparición del joven. Entonces, había insistido en que la investigación para determinar las causas de muerte debe hacerse “de manera diligente”.
La decisión del Comité de la ONU que se conoció ayer avanza en igual dirección. “El cierre de la acción no implica que no sigan vigentes para la Argentina las obligaciones de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que como Estado parte, e impulsor, tiene”, indicó Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El ala regional del Alto Comisionado de la ONU aclaró que “la localización del cuerpo del señor Santiago Maldonado no releva (al Estado argentino) de sus otras obligaciones derivadas de la Convención”, las que enumeró en su comunicado. Así, instó a Argentina a “llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente de las circunstancias” en las que Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en el marco de una feroz represión desarrollada por Gendarmería contra la comunidad mapuche. También debe “garantizar la plena participación de los familiares del señor Maldonado y de sus representantes en el proceso de investigación”, como así también “proteger a los allegados de la persona desaparecida y a sus defensores, a los testigos y a toda persona que participe en la investigación, de cualquier forma de presión, acto de intimidación o de represalia”. Por último, el organismo de las Naciones Unidas indicó que, “en caso de que se demuestre que el señor Santiago Maldonado fue objeto de una desaparición forzada”, el Estado argentino debe “asegurar que los responsables sean debidamente investigados y sancionados, y garantizar el derecho a la reparación de las víctimas”.
La puesta en marcha de una acción urgente había sido solicitada al Comité de la ONU por el CELS el 5 de agosto de 2017, muy pocos días después de que Santiago Maldonado fuera visto con vida por última vez. “Lo pedimos porque veíamos que desde el Estado no se estaban llevando a cabo acciones suficientes para encontrar a Santiago”, recordó Kletzel. En una respuesta especialmente rápida, el Comité puso en marcha la medida reclamada. A pesar de que el organismo no desarrolló ninguna investigación propia al respecto, sí realizó un seguimiento de las acciones que Argentina había desarrollado y desarrollaría en lo sucesivo para buscar a Maldonado. Tras permanecer desaparecido 78 días, el cuerpo del joven tatuador fue hallado en el Río Chubut el 17 de octubre de 2017. El 20 fue identificado por su familia.