“¡Que frenen las obras!”, volvieron a exclamar los vecinos de Hurlingham tras conocerse que el vuelo de prueba de la aerolínea lowcost FlyBondi en Córdoba sufrió “un inconveniente técnico menor”. Convocaron a una movilización a la base aérea de El Palomar, desde donde la empresa pretende operar a partir del 9 de febrero, a pesar de un amparo de la justicia federal de San Martín que canceló la venta de pasajes y suspendió parte de las reformas iniciadas con el aval de Ministerio de Transporte. En la marcha convocada para el 1º de febrero, los vecinos también acompañarán el pedido de ampliación de la medida cautelar hecho por la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y la copresidenta de la Liga por los Derechos del Hombre, Iris Avellaneda, para que se ordene el cese total de las obras que continúan afectando espacios de la base militar protegidos como Sitio de Memoria.

“Desde noviembre denunciamos que FlyBondi puede ser la próxima LAPA y lo que pasó ayer fue la gota que rebalsó el vaso”, repudió Lucas Marisi, vecino que presentó el amparo contra el uso de la base aérea como aeropuerto comercial para las lowcost, tras la novedad del aterrizaje de emergencia de la aerolínea con la que el Gobierno quiere inaugurar su política de cielos abiertos. “¿A nadie le llama la atención que en el primer vuelo ya tenga un problema? ¿No será que es una aerolínea trucha como venimos denunciando? Con talleres mecánicos que son containers, aviones con 20 años de uso y aeropuerto trucho”, advirtió Marisi. 

La empresa encabezada por Richard Guy Glusman, ex socio del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en el fondo Pegasus, salió a minimizar el accidentado vuelo de prueba que se realizó en la ciudad de Córdoba y sostuvo que “nunca hubo un aterrizaje de emergencia ni tampoco fallas en los motores. Simplemente fue un inconveniente técnico menor”, que redujo un vuelo de 20 minutos a solo 12 minutos. En el breve comunicado, la lowcost agrega: “Se realizó otro vuelo de prueba para asegurarnos que la falla estuviese solucionada”. 

La prueba fue la previa del primer vuelo comercial que FlyBondi realizará desde Córdoba a Iguazú este viernes, pero el panorama es otro para el primer vuelo programado para el 9 de febrero desde El Palomar. La jueza federal de San Martín Martina Forns canceló la venta de pasajes desde la base aérea que el gobierno nacional convirtió en comercial por decreto. Al mismo tiempo, suspendió las obras que se realizaban en los hangares, tras realizar una inspección ocular el 8 de enero pasado, en la que ni los funcionarios del Ministerio de Transporte ni los de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pudieron explicar la ausencia de un estudio de impacto ambiental previo y varias fallas de seguridad. 

Sin embargo, la cautelar dictada por Forns no ordenó el cese total de las reformas que la cartera de Transporte inició junto a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, entre ellas la reforma del espacio conocido como “el chalet”, proyectada como el área de ingreso de los pasajeros de los vuelos comerciales. Ese lugar funcionó durante la última dictadura cívico-militar como puerta de ingreso del centro clandestino de detención que funcionó allí, por lo que está protegida por la ley de Sitios de Memoria. 

El reclamo por la violación de la ley de Sitios de Memoria está incluído en el amparo vecinal, pero la jueza Forns en su fallo solicitó la opinión del juez federales Daniel Rafecas, a cargo de las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos de la base donde partían “vuelos de la muerte”, y al juez de Morón Néstor Barral, quien tienen en su tribunal una denuncia en el mismo sentido presentada por la Liga por los Derechos del Hombre y la titular de la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham. 

Frente a la falta de respuesta de Rafecas y Barral, Nora Cortiñas e Iris Avellaneda -madre del “negrito” Avellaneda, víctima de los “vuelos de la muerte”- se presentaron ante el juzgado de Forns para pedir la ampliación de la medida cautelar que “ordene la clausura de las obras ilegales que siguen siendo realizadas en forma clandestina destruyendo un Sitio de Memoria”. 

En la presentación, Cortiñas y Avellaneda le recordaron a la jueza que recorrieron junto a ella las obras durante la inspección ocular del 8 de enero, en la que “pudieron ver diversas irregularidades” y “diversos ilícitos que impunemente eran cometidos frente a los ojos de la jueza en grado de flagrancia”.