El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) instó ayer al gobierno de Salta a suspender el desmonte en las regiones protegidas y recategorizadas ilegalmente. Como consecuencia de esto, el gobierno salteño ordenó con reparos –y luego de que el gobernador considerara “insólita” la medida– al empresario Alejandro Jaime Braun Peña –primo segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña–, frenar la deforestación en la finca Cuchuy, donde la empresa de Braun Peña ya desmontó más de 5 mil hectáreas de bosques protegidos. La resolución firmada por el ministro Sergio Bergman establece que las autorizaciones de recategorización que el gobierno de Juan Manuel Urtubey otorgó a 32 fincas son incompatibles con la Ley de Bosques, por lo que “insta al gobierno salteño a suspender los efectos de esas autorizaciones”. Sumado a esto, ordena a la autoridad de aplicación provincial de la Ley a reforestar las 44.767 hectáreas de bosques desmontadas ilegalmente. El Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta aseguró ayer a través de un comunicado que “la medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente”. Urtubey, en tanto, consideró la resolución “insólita”, al considerar que “eso lo tienen que hacer los jueces, pero en el gobierno nacional a veces pasan cosas raras”.
“Está resolución nos da la razón”, aseguró en diálogo con PáginaI12 Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace en la región NOA. “Trabajamos muchísimo desde 2014 poniendo el cuerpo de manera pacífica para evitar el avance de las topadoras. Es un avance muy grande porque se reconoció a las comunidades wichi que estaban en riesgo en Cuchuy por los desmontes, y es un antecedente muy importante para las otras provincias en las que se está desmontando ilegalmente, como Chaco y Santiago del Estero”, señaló la activista. “Nos sorprendió mucho la resolución. Vamos a seguir vigilando constantemente las zonas protegidas para que se cumpla. Mis compañeros continúan en Cuchuy y pudieron constatar que las topadoras estaban detenidas”, agregó.
El gobernador Urtubey también pareció sorprendido cuando se enteró de la medida, a la que consideró “insólita”, porque “declara inconstitucional, a un decreto provincial, una resolución del ministro de Ambiente de Nación”, según dijo a la prensa en el acto de asunción de dos funcionarios. “Yo soy abogado y entiendo que eso lo tienen que hacer los jueces, pero bueno, en el gobierno nacional a veces pasan cosas raras, y se resolvió esa situación planteando la ilegalidad de lo que se está haciendo en la provincia”, indicó luego. “Frente a eso nosotros obviamente vamos a plantear la defensa de la competencia en la provincia, pero mientras tanto hemos notificado sobre esa resolución de la nación a cada uno de quienes tienen esos aprovechamientos forestales a efectos de no someterlos a una situación de inseguridad jurídica que después les genere un problema serio”, agregó el gobernador.
La Resolución 56/2018, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece en el artículo primero que “las autorizaciones de recategorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo, otorgadas por la Autoridad Local de Aplicación de la Provincia de Salta en el marco de los Decretos provinciales N° 2211/10 y N° 3136/10 resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley 26.331 (de Bosques) y complementarias, por modificar regresivamente y de manera relevante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) aprobado por Ley provincial Nº 7.543 y su normativa complementaria”. Mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, el gobierno de Urtubey había permitido la modificación del OTBN para habilitar el desmonte en zonas protegidas. Según dijo a PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, “de esta manera el gobierno salteño permitió el desmonte en 32 fincas a pedido de los empresarios sojeros, que suman un total de 144.984 de hectáres de bosque protegido por la ley”.
La resolución emitida por el MAyDS resolvió “instar a la autoridad local de aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las autorizaciones del artículo 1 de la presente, respecto de los predios alcanzados pendientes de desmonte”.
Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran observados”, y que “en este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
En esta finca se había autorizado ilegalmente el desmonte de 8.962 hectáreas protegidas, de las cuales quedan unas 3.000 intactas, según calculó Greenpeace. El avance de las topadoras se había detenido en 2014, pero se retomó en noviembre del año pasado. La organización ambientalista estimó que en ese período se desmontaron unas 400 hectáreas. El conflicto entre Greenpeace y Braun Peña se agudizó luego de que un grupo de activistas viajara dos semanas atrás a Salta y lograra detener las topadoras por unos días. El empresario respondió con una carta documento contra la organización en la que amenazaba con avanzar con acciones legales.
La resolución advierte que entre 2009 y 2017, la Dirección de Bosques del MAyDS registró la pérdida de 44.767 hectáreas de bosque nativo. En el artículo tercero insta a la autoridad de aplicación provincial “a restaurar los ambientes de Bosques Nativos desmontados en el marco de las autorizaciones del artículo 1º de la presente” y “garantizar los derechos de las comunidades de pueblos originarios que habitan los mismos y realizan un uso tradicional del territorio”. Cruz recordó que “esto es lo que ordena la Ley de Bosques: que en caso de desmontar ilegalmente se debe reforestar las zonas afectadas”.
Para fiscalizar el cumplimiento de la medida, el documento responsabiliza a la Dirección de Bosques de la Dirección Nacional de Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos, del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta. La activista afirmó que, de todas formas, “nosotros vamos a presionar para que se cumpla y los pobladores de las comunidades afectadas por el desmonte no van a permitir un nuevo avance de las topadoras”.
Informe: Juan Funes.
