La provincia de Córdoba se encuentra en emergencia forestal, ya que sólo le quedan el 4% de sus bosques nativos originales: de 12 millones de hectáreas, quedaron apenas 500 mil. Según datos oficiales, entre 1998 y 2014 en la provincia se deforestaron 295.005 hectáreas. Desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se desmontaron 5.578 hectáreas de bosques que se encontraban protegidos por la normativa. 

Sin embargo, la situación puede empeorar: el Ejecutivo provincial junto a un consorcio de asociaciones agropecuarias pretende que la Legislatura cordobesa apruebe un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, que reduciría las áreas protegidas y habilitaría el desmonte –incluso con químicos- para destinar más tierras a la ganadería.

“La situación es crítica”, dijo a Página/12 Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, quien le envió una carta al gobernador Juan Schiaretti exigiéndole que intervenga para frenar la iniciativa. “Lo que se pretende aprobar contradice a la Ley Nacional de Bosques, hay que aumentar la protección, no disminuirla”, añadió.

Si bien aún no se conoce el texto final que se aprobaría antes de fin de año en la Legislatura unicameral de la provincia de Córdoba, algunos borradores que comenzaron a circular por entre los despachos de los diputados despertaron preocupación entre ambientalistas, ecologistas y campesinos. 

El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y otras organizaciones se movilizaron esta semana hasta el parlamento cordobés para rechazar la iniciativa. “Si este proyecto se convierte en ley, aumentarán los riesgos de inundaciones, sequías, eventos climáticos severos y por otro lado incidirá en el precio de los alimentos, la peligrosidad en las rutas y el deterioro en la calidad del agua y el aire en zonas rurales y urbanas", afirmó un comunicado del MCC.

Lo que se discute, en concreto, es la posibilidad de avanzar con el desmonte selectivo con químicos –que afectaría a unas dos millones de hectáreas- y una modificación del mapa de bosques nativos, que están identificados con colores. Es decir, una reducción de la protección que hoy rige en la provincia.

Según explicó a Página/12 Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet, el objetivo de las entidades rurales es “desmontar lo poco que queda de bosque nativo en la provincia”. “Van a generar un colapso ecológico”, advirtió. 

 “El rolado selectivo implica eliminar gran parte de la flora y se rompe el ecosistema, con la pérdida de fauna”, explicó Barri. En cuanto al mapa, el cambio de zonas rojas –de alta protección- a amarillas, facilitaría el desmonte para introducir pasturas aptas para la cría de ganado.

Giardini añadió que en Córdoba se da, al mismo tiempo, un fenómeno climático complejo que desencadenó inusuales (y graves) inundaciones en los últimos años. “Además de la expansión de la frontera agropecuaria, en la zona de las Sierras Chicas se autorizaron emprendimientos inmobiliarios que desforestaron gran parte de bosque nativo”, señaló. ¿Cuál es el impacto de este tipo de decisiones? “Es simple –continuó Giardini-, el bosque nativo nos protege del agua diez veces más que cualquier otra vegetación, tal es su poder de absorción”.

El proyecto del ejecutivo provincial -incluido el cambio de la autoridad de aplicación, que pasaría de la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial- es apoyado por organizaciones de empresarios como la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA). 

“Vemos con buenos ojos que algunos actores que hoy están contaminados sean puestos a un costado. Valoramos mucho que quien aplique la ley tenga una posición más técnica y científica en lugar de una postura ideológica. De todos modos creo que las posturas más radicalizadas han ido quedando en el camino”, declaró recientemente el titular de Cartez, Gabriel De Raedemaeker.