El Gobierno no esperó a que finalice la feria para retomar la estrategia judicial que busca despegar a la Gendarmería de la causa en la que se investiga la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia por “falso testimonio” contra siete integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen y contra Ariel Garzí, amigo de Santiago. La demanda los acusa de sostener “compendios de mentiras”, que para la Casa Rosada “fueron condición necesaria para la posterior construcción del relato por parte de determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos”. Cuando comience el año judicial, la Justicia de Esquel deberá definir si da curso a la denuncia contra los testigos de la represión de la Gendarmería. También está en manos del juez Gustavo Lleral definir el cambio o no de carátula del caso, completar la reconstrucción de lo ocurrido el 1 de agosto en el Pu Lof y analizar el rol que cumplió en el lugar jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.

La denuncia contra los testigos de la comunidad aparece un día después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas levantara la “acción urgente” que instaba a localizar el cuerpo del joven. El comité de la ONU también le exigió al Estado que cumpla con su obligación de “proteger a los allegados de la persona desaparecida y a sus defensores, a los testigos y a toda persona que participe en la investigación, de cualquier forma de presión, acto de intimidación o de represalia”. Tras esa exigencia del comité internacional, el Gobierno presentó una denuncia con una figura penal que contempla penas de hasta 10 años. Una semana atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había decidido levantar la medida cautelar por la desaparición de Maldonado, advirtiendo que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación”. 

La presentación, que corre paralela a la causa por la desaparición forzada, la realizó el secretario de Coordinación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, el mismo que estuvo a cargo de dirigir la estrategia de defensa de la Gendarmería por la represión ilegal del 1 de agosto que desembocó en la muerte de Maldonado. La acción judicial, que fue debatida a nivel de Jefatura de Gabinete, según el diario La Nación, que tuvo acceso exclusivo a la denuncia, afirma la presunción de que la muerte de Santiago Maldonado ocurrió por un “ahogamiento accidental”, obviando el contexto represivo en el que se produjo el fallecimiento. 

Precisamente, los testimonios de los integrantes del Pu Lof presentes en la represión a la comunidad Matías Santana, Claudina, Ailinco y Lucas Pilquiman; de las voceras Soraya Maicoño Guitart, Adriana Baigorria y Andrea Millañanco, y del amigo de Santiago, Ariel Mariotto Garzí, fueron los que permitieron volcar en el expediente el agresivo despliegue de la Gendarmería sobre el Pu Lof, un operativo ilegal reconocido por el primer juez de la causa Guido Otranto, quien solo había ordenado despejar la ruta 40. Es sobre ellos que Cané presentó la denuncia por el artículo 275 del Código Penal por “falso testimonio”, que contempla penas desde un mes a 10 años de prisión.

Quienes decidirán a la vuelta de la feria judicial si dan o no curso a la denuncia presentada en los tribunales federales de Esquel por el subordinado de Bullrich son la fiscal Silvina Ávila, quien continúa al frente de la instrucción en la causa Maldonado, y el juez Otranto, apartado de la investigación sobre la muerte del joven por “manifiesta parcialidad”. Por su parte, el juez Lleral también tiene pendientes varias medidas para investigar el contexto en el que se produjo la muerte de Maldonado y a partir de allí definir si modifica la caratula de “desaparición forzada” por la de “averiguación de muerte”, como solicitó la fiscal.