Junto con la camiseta de la Selección argentina autografiada por Lionel Messi que el presidente acostumbra obsequiar en sus reuniones con mandatarios, Mauricio Macri pretende ofrendar en París “pruebas de amor” para seducir al empresariado galo. Para eso el Presidente anunciará el pago de una reparación a las concesionarias francesas que operaban Aguas Argentinas. Los destinatarios de los fondos serán el grupo Suez y el holding Vivendi, que con la española Aguas de Barcelona ganaron el litigio iniciado en 2003 contra el país en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El laudo que obliga al país a desembolsar 405 millones de dólares quedó firme en mayo del año pasado cuando se agotaron las instancias de apelación. La sentencia no se cancelará en efectivo y el monto tampoco será el que fijaron los jueces. Como sucede desde 2013 cuando Argentina comenzó a cancelar los fallos firmes, el país pagará con bonos denominados en dólares y las empresas extranjeras aceptarán una quita del capital e intereses.
El servicio de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires quedó a cargo de Aguas Argentinas en 1993. Los trece años que el consorcio encabezado por el grupo francés Suez estuvo al frente se caracterizaron por el incumplimiento constante de las metas de expansión e inversiones, la postergación de obras y renegociaciones contractuales donde se validaban aumentos reales de las tarifas. Las investigaciones del Area de Economía y Tecnología de la Flacso encabezadas por Daniel Aspiazu evidencian cómo el consorcio liderado por los galos desplegó una política de endeudamiento externo que no guardaba relación alguna con la naturaleza del emprendimiento. Con esa fórmula –endeudamiento, incumplimientos y tarifas– la concesionaria registró entre 1994 y 2001 una inédita tasa promedio de beneficio sobre patrimonio neto del 20 por ciento.
La renegociación generalizada de los contratos de concesión con la crisis de convertibilidad abrió una profunda disputa con Suez y el resto de los inversores que en 2003 recurrieron al tribunal arbitral del Banco Mundial para sumar presión. En paralelo, continuaron las “negociaciones” donde el concesionario proponía/reclamaba aumentos para sus ingresos, créditos blandos, transferir compromisos de inversión al Estado y la eximición del impuesto a las Ganancias, entre otros. Finalmente, en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner definió la terminación del contrato de concesión. Entre los argumentos oficiales se destacaba que la firma de capitales franceses puso en “peligro potencial” a la sociedad al distribuir aguas contaminadas a más de 800 mil personas en el sudoeste del conurbano bonaerense. En ese momento se creó la actual Aysa.
“La experiencia privatizadora del servicio de agua y alcantarillado en el AMBA resultó por demás traumática en términos de los problemas que plantea la transferencia de la gestión al capital privado (más aún bajo las condiciones institucionales, normativas y regulatorias en las que se desarrolló, y a las usuales estrategias de las grandes transnacionales del agua). Sin duda, el agua potable y las cloacas no pueden ser consideradas simples mercancías sujetas a las ‘fuerzas del mercado’ sino que constituyen derechos humanos esenciales, que los estados deben garantizar”, escribió Aspiazu en la revista digital Vértigo.
Las demandas pendientes ante el Ciadi superan los 3700 millones de dólares. La cifra está inflada porque contempla los exagerados montos reclamados por las empresas al iniciar los juicios. Suez, por ejemplo, pretendía recibir 1200 millones de dólares pero el tribunal convocado por el Banco Mundial terminó fallando por 405 millones de dólares. Argentina aceptó la competencia del Ciadi durante el gobierno de Carlos Menem como parte de su estrategia de inserción internacional. La cesión de soberanía jurídica fue fortalecida con la firma de 55 Tratados Bilaterales de Inversión que limitaron la capacidad de regulación e intervención pública.
Después del estallido de la convertibilidad, Argentina acumuló un número significativo de sentencias. La negociación con las empresas demandantes comenzó en 2013 cuando, para destrabar el flujo de financiamiento de los organismos multilaterales, el gobierno de CFK alcanzó un acuerdo con cinco accionistas de concesionarias de servicios públicos privatizados que tenían laudos con sentencia firme. Macri utilizó una fórmula similar en tres oportunidades desde que asumió.
El último acuerdo se rubricó a comienzos de diciembre cuando el Ministerio de Finanzas emitió 77,5 millones de dólares en Bonar 2024. La colocación fue destinada a saldar el laudo favorable a Electricité de France Internacional (EDF). La firma estatal francesa reclamaba una compensación por presuntos incumplimientos en el contrato de concesión de distribución de energía eléctrica en Mendoza. El Ciadi falló a su favor por 136 millones de dólares. Con 2763 millones de dólares invertidos, los capitales franceses representaban a finales de 2016 el 3,7 por ciento de la Inversión Extranjera Directa. A pesar de las “pruebas de amor” ofrecidas a lo largo de los últimos dos años, los datos del Banco Central no muestran cambios frente stock registrado durante el segundo mandato de CFK.
Desde el Ministerio de Finanzas aseguran que existen negociaciones abiertas con distintas multinacionales demandantes. “Hay otros cinco casos donde las partes acordaron suspender el proceso judicial a la espera de una discusión para alcanzar un arreglo, incluyendo cuatro casos que totalizan 1000 millones de dólares y uno que todavía no tiene monto. Una finalización exitosa de estas negociaciones podría llegar a que otros demandantes en el Ciadi retiren sus demandas”, informó a comienzos de año la cartera que encabeza Luis Caputo en el último prospecto de emisión de bonos de la deuda externa presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
