Puigdemont está instalado en Bruselas desde finales de octubre, y está acusado por la justicia española de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, por su papel en el proceso que culminó con una infructuosa declaración unilateral de independencia y la intervención de todo su gobierno.
Es el único candidato propuesto para el debate de investidura del próximo martes 30 de enero en el Parlament, y por su situación judicial y su ausencia del territorio español, el gobierno español considera que no puede optar al cargo, del que fue cesanteado por Madrid el pasado 27 de octubre.
Tras la presentación de Madrid ante el Tribunal Constitucional, éste ahora debe decidir si admite o no a trámite.
"Una persona que tiene pedido de captura por delitos tan graves no puede tratar de ser investido presidente de la Generalitat sin asumir sus responsabilidades con la justicia", resumió este viernes tras el consejo de ministros la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
La dirigente conservadora defendió el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que no tuvo en cuenta el pronunciamiento de la víspera del Consejo de Estado, que se mostró contrario a impugnar de manera preventiva la candidatura de Puigdemont. "La jurisprudencia constitucional prohíbe la impugnación preventiva o hipotética", indicó el dictamen del Consejo, que no encontró "fundamentos jurídicos suficientes" para descalificar al ex alcalde de Gerona.
Eso sí, el documento consideró que una eventual investidura virtual de Puigdemont (vía internet), quien ha contemplado esa posibilidad para evitar ser arrestado a su regreso a España, "sería contraria al orden constitucional".
Destacando que el dictamen no es vinculante, el gobierno consideró necesario presentar su apelación para evitar "hechos consumados que pudieran ser más perjudiciales para (...) el respeto a nuestras leyes", como una eventual investidura de Puigdemont.
El titular del Parlament, el independentista Roger Torrent, por su parte, dijo poco después desde Barcelona que Puigdemont sigue siendo el único candidato, y que esperarán la respuesta del Tribunal Constitucional, que siempre falló en contra de los separatistas y que, inclusive, declaró inconstitucional el referéndum del 1 de octubre, que desembocó en la declaración unilateral de la independencia de Cataluña.
"Cuando tengamos la decisión del Tribunal Constitucional analizaremos la respuesta, tanto en términos jurídicos, lo cual corresponde al servicio jurídico de la cámara, como en términos políticos", advirtió Torrent.
El partido de Puigdemont salió segundo en las elecciones, con 34 escaños, detrás del liberal Ciudadanos, que obtuvo 37. Empero, una alianza con los 32 diputados de Esquerra Republicana y los 4 de la Convocatoria de Unidad Popular podría reeditar un gobierno nacionalista, como el que fue depuesto por aplicación del artículo 155 de la Constitución de España en noviembre, luego de que Puigdemont declarara la independencia.
