En una inspección realizada en el ARA San Juan, después de la reparación de media vida que se hizo entre 2008 y 2015, se advirtió en forma expresa que había “falencias” que ponían en duda la navegabilidad del submarino. La revelación fue dada a conocer por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien precisó que los datos fueron corroborados a partir del análisis, en sede judicial, de la documentación enviada a principios de diciembre pasado por la Armada, en doce cajas, y que fueron complementada con otros informes que llegaron al juzgado esta semana. La jueza que investiga la desaparición de la nave aclaró que eso podría configurar un ilícito en el cual, de reunirse la prueba necesaria, estarían comprometidos “uno o varios responsables”. En consonancia con la sospecha, Yañez ordenó la realización de allanamientos que se concretaron ayer en las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano, y en el Edificio Libertad. Para avanzar en la tarea de determinar la gravedad de esas falencias, será clave el testimonio de dos auditores de la Armada que declararán ante la jueza Yañez entre el lunes y el miércoles de la próxima semana.

Los citados a declarar son los contralmirante Guillermo Luis Lezana y Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quienes habrían avalado con sus firmas la inspección realizada, a pesar de las “falencias” que habrían salido a la luz. Lezana es un oficial retirado que hasta el 27 de diciembre de 2016 se desempeñó como jefe de la Inspección General de la Armada. En esa fecha fue reemplazado en el cargo por Pérez Bacchi, quien sigue al frente de esa jefatura. La jueza, que el 7 de enero tuvo que levantar la feria judicial por la trascendencia y complejidad de la investigación, mantiene la carátula de la causa como “averiguación de ilícito”, cuando sigue siendo una incógnita el destino de los 44 tripulantes del ARA San Juan, perdido desde el 15 de noviembre en la profundidad del océano Atlántico. 

El tercero, de los cinco primeros convocados como testigos por la jueza Yañez es el capitán Enrique Balbi, el vocero de la Armada durante los largos dos meses que lleva desaparecido el submarino. Balbi tendrá que brindar información detallada sobre quienes confeccionaron los informes oficiales, largamente cuestionados por los familiares de los 44 submarinistas. Balbi está citado para el jueves 1º de febrero, mientras que se desconoce el nombre de dos de las “autoridades de la Armada” a las que hizo alusión la jueza al anunciar las convocatorias. 

Ayer, la jueza de Caleta Olivia confirmó que ordenó cuatro allanamientos simultáneos para avanzar “en una causa donde se investiga un ilícito porque en caso de confirmarse esas falencias” en la navegabilidad del submarino “tiene que haber uno o varios responsables”. Yañez admitió que todavía no fue posible evaluar “en cuánto influían en la seguridad de la nave” esas falencias y que tampoco es posible determinar, por ahora, si las mismas “fueron arregladas antes de zarpar”. Eso es, precisamente, lo que se quiere determinar y para ello pueden ser claves la declaración de los auditores. 

Aunque no precisó la fecha, las falencias habrían sido señaladas en informes realizados durante 2016 y 2017. En ese sentido, la jueza no descartó la posibilidad de que “desde el momento del informe hasta el día que desapareció (el submarino) pudieron haberse efectuado más reparaciones”, de las que por el momento no tiene información. 

En un mensaje dirigido a los familiares de los 44 tripulantes y en especial a los once que se han presentado como querellantes en el expediente, Yañez pidió que tengan “paciencia” y asumió el compromiso de reparar con su investigación “una deuda que tenemos como sociedad y un gran desafío para mí como jueza de la causa”.

Por su parte, Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del ARA San Juan, sostuvo que el submarino “estaba en una situación que hacía imposible su navegación por distintas falencias” que afectaban su normal funcionamiento. “Muchas fallas pudieron haber sido reparadas durante el mes y medio previo al 13 de noviembre (cuando zarpó la nave), pero nosotros pensamos que algunas otras no fueron reparadas”. Tagliapietra sostuvo que la última auditoría realizada por la Armada, en septiembre del año pasado, se habría determinado “el estado de innegabilidad y falencias en materia de salvavidas; hasta se encontraron bengalas vencidas”, un elemento esencial para dar una señal de alerta. 

Todo esto estaría mencionado en un informe de 15 páginas elaborado por uno de los dos auditores que deben prestar declaración testimonial la semana próxima ante la jueza de Caleta Olivia. En ese informe, según dijo Tagliapietra, también se consignaba que el fabricante del submarino recomendaba que la nave fuera traslada a un dique seco cada 18 meses “para una revisión general”. 

Los familiares confirmaron también que hubo más de un allanamiento, en distintos sectores de la Base Naval de Mar del Plata, realizados por personal de la Policía Federal, por orden de la jueza Yañez. En la base, los lugares inspeccionados fueron el Comando de la Fuerza de Submarinos y la División Arsenales. Los otros dos allanamientos se realizaron en la Base Naval de Puerto Belgrano y en Buenos Aires, en el Edificio Libertad, sede central de la fuerza. 

Los allanamientos en la base fueron presenciados por varios de los familiares, quienes mantenían una de las reuniones de rutina que se hacen cada día con los oficiales desde el día en que desapareció la nave.   Luisa, madre de Ricardo Alfaro, uno de los submarinistas del ARA San Juan, luego de ser informada sobre los allanamientos, se quejó porque “esto tendrían que haber sido realizados hace mucho tiempo porque es posible que se hayan eliminado pruebas importantes”. Recordó, en ese sentido, que “uno de nuestros reclamos era, precisamente, el de que se hicieran en forma rápida estos procedimientos”. 

Aunque dijo valorar el accionar de la Justicia, recalcó que es necesario intensificar la investigación porque “no nos podemos quedar con la incertidumbre de qué fue lo que pasó”. Yolanda, familiar de otro de los tripulantes del ARA San Juan, consideró que “esto se hizo muy tarde porque ya deben haber quemado los papeles” que supuestamente fueron a buscar.