Después de cuarenta años de iniciadas distintas instancias de investigación por la compra irregular envuelta en denuncias por delitos de lesa humanidad de Papel Prensa, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Héctor Magneto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y Guillermo Juan Gainza Paz. Sin haberles tomado declaración indagatoria a los propietarios de los principales diarios de la Argentina, el magistrado consideró que las pruebas testimoniales y las pericias contables lo convencieron de la desvinculación de los compradores con las vejaciones que sufrieron los familiares de Graiver por la dictadura, socia de Papel Prensa.

En un fallo de 138 fojas, Ercolini desestimó las acusaciones contra los propietarios y gerentes de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa que se quedaron con las acciones del Grupo Graiver y se asociaron con el Estado, representado entonces por la dictadura –en noviembre de 1976--.

Ercolini desvinculó los secuestros y torturas que sufrieron tanto Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, como su hermano Osvaldo, y  Rafael Ianover de la compra de las acciones de la papelera por parte de los principales diarios de la Argentina, lo que les permitió hegemonizar el manejo del papel para diario en connivencia con la dictadura.

El juez sostuvo que el testimonio de Lidia Papaleo sobre la amenaza de Magneto en una sala de reuniones del diario La Nación para que firmara la venta de las acciones si no quería desaparecer junto a su hija “no pudo ser corroborado en testimonial en este proceso por ningún tercero que hubiera estado presente en aquel acto; por el contrario, los testimonios brindados sobre aquella reunión relatan que nada inusual sucedió y que el clima fue cordial y relajado”.

“No se ha constatado de modo alguno en este proceso que las amenazas previas a la familia Graiver hayan tenido alguna vinculación o conexión con quienes adquirieran Papel Prensa S.A. Tampoco se ha constatado por prueba alguna que quienes ostentaban la titularidad de las acciones de Papel Prensa S.A. lo hayan hecho bajo coerción o coacción de los compradores, o de ellos en connivencia con el gobierno de facto imperante, o de ellos en connivencia con grupos clandestinos”, sostiene el juez.

Ercolini, quien tuvo durante cinco años la causa, consideró que “no se ha probado que la venta de las acciones de la empresa haya sido a un precio vil o de desproporción alevosa. Si bien los puntos denunciados, por los que se calificó de irregular e inescindible de delitos de lesa humanidad la operación comercial que llevó a la transferencia de acciones de Papel Prensa S.A., fueron descartados en las consideraciones precedentes”.

El juez decidió el cierre de al causa y el sobreseimiento de los imputados.