El cambio en la estructura fiscal del presupuesto nacional en 2018 no solo consolida la disminución de la progresividad del impuesto que se inició hace dos años sino que agravará el déficit presupuestario. Los ricos disminuirán mucho sus pagos y los pobres pagarán más y debido a esto la Argentina se endeudará aún más. Esta orientación es injusta además de ser ineficaz, ya que provocará un aumento importante del déficit fiscal que es financiado por toma de deuda pública en el extranjero.
La cuestión impositiva es una las principales preocupaciones de los economistas ya que se encuentra en la encrucijada entre la moral, la justicia del tributo y su eficacia económica. Adam Smith, en su obra La Riqueza de las Naciones, Libro V, Parte II, afirma: “Los ciudadanos deben contribuir a financiar al Estado en proporción a su ingreso al cual acceden gracias a la protección que les brinda el mismo”. Califica como la “peor de todas las desigualdades” los gravámenes que pagan los “pobres cuando son desproporcionados respecto de sus ingresos”. Y señala que “el lujo y la vanidad constituyen el principal gasto de los ricos” y debe ser vigorosamente gravado. Smith era un hombre del Siglo de las Luces y su concepción del impuesto transformó al súbdito de un soberano en habitante de un país que pagando un impuesto devino el ciudadano en el sentido republicano del término. Pasó a ser el “deus ex machina” del dispositivo del financiamiento y del gasto del Estado ya que este lo protege de posibles invasiones, le asegura la protección y goce de su patrimonio y gasta en obras públicas que favorecen su actividad económica.
Para financiar sus guerras y aventuras coloniales europeas, que los vergonzantes economistas llaman hoy la “primera mundialización”, la burguesía de cada Estado-Nación debió aceptar, a regañadientes, un nuevo tipo de política impositiva, moderna, basada en el impuesto progresivo al patrimonio, a las sucesiones y al ingreso. Este último fue establecido en 1842 en Inglaterra, en 1893 en Alemania, en 1913 en los Estados Unidos, en 1914 en Francia y en 1932 en Argentina. Esta orientación no derivó de un capricho sino que fue el resultado del análisis del impacto del impuesto en la actividad económica. Un impuesto directo progresivo es más justo puesto que se calcula sobre el ingreso de las personas. Cuanto más gana la persona, mayor es la tasa del gravamen. Inversamente el impuesto indirecto, el IVA, es fijo en su porcentaje y se calcula sobre el precio del producto con lo cual lo que se paga es proporcionalmente mayor cuanto menor es el ingreso de cada uno.
La relación entre el crecimiento económico y el gasto público, que Smith había intuido, fue explicitada por Richard Kahn quien, en 1931, enunció el concepto del multiplicador que demuestra conceptual y matemáticamente la eficacia del gasto público para prevenir y reactivar la economía cuando se encuentra en recesión. Keynes fue más allá señalando que la propensión a consumir de los ricos es baja y que su ahorro no necesariamente va a la inversión sino que puede ser atesorado lo cual limita la actividad económica. Propuso que los ricos provean consecuentemente al financiamiento del Estado porque la justicia impositiva es funcional al crecimiento económico. Esto fue probado por los trabajos de Simón Kuznets que mostró que la inversión es provista por el 5 por ciento de los agentes económicos que ganan más. El FMI, en su publicación “Fiscal Monitor” de octubre 2017, sostiene que los “impuestos directos a los altos ingresos no influyen sobre la tasa de crecimiento” de la economía. En efecto, la teoría ortodoxa nunca afirmó que los impuestos a los ricos impidan o traben el crecimiento económico y conviene no olvidar que en 1965 en los EE.UU. la tasa marginal del impuesto al ingreso era del 90 por ciento y que, en esa época, se obtuvieron las tasas de crecimiento económico más altas de su historia económica.
Como lo señaló Paul Krugman, el rechazo de las ideas de Keynes por los neoliberales es porque sostuvo y demostró que la eficacia económica va de la mano de la justicia distributiva y que frente a una recesión la acción del Estado es más eficaz que la del “mercado”.
En Argentina muchos colegas han abusado, en los medios, de la frivolidad de la Vulgata liberal aduciendo que cobrarles impuestos directos elevados a los ricos es destructor e inmoral. Destructor porque desalienta a los que invierten y crean empleo al hacerlo. Han agregado que es inmoral porque es normal que quienes ganan mucho puedan hacer lo que quieran con lo que ganan. O, peor aún, sostienen que los ricos no invierten, en Argentina, no porque carecen de fondos suficientes sino porque la ganancia esperada sería demasiado baja dada la legislación impositiva vigente. Este aserto que solo se conoce porque es vulgarizado por los medios, pero no figura en los manuales y abusa a quienes ignoran la realidad fiscal de los países más avanzados. Y van más allá de la llamada “tautología de Laffer” que, al menos, trataba de darle visos de racionalidad a su teoría tributaria sosteniendo que un impuesto elevado incita a la evasión fiscal, como si esta no existiera si es bajo.
La política impositiva de Macri plasmada en el presupuesto nacional para 2018 se nutre de estas banalidades y prosigue la senda tomada en los dos años precedentes: a saber, una disminución de los impuestos directos de los más ricos y un incremento del volumen de impuestos indirectos, el IVA, pagado por las capas medias y los sectores populares. En lo dispuesto por el gobierno no se vislumbra que haya intención de incrementar la progresividad o disminuir la regresividad aumentando los impuestos a los grandes patrimonios, imponiendo un gravamen a las grandes herencias o altos ingresos, o integrando como lo pedía Adam Smith un impuesto a los gastos suntuarios.
La disminución de la recaudación del Estado más importante en estos dos últimos años es la baja de las retenciones a las exportaciones agrícolas. En 2007, este impuesto representaba 2,1 por ciento del PIB, alrededor del 6 por ciento del presupuesto nacional, y en 2018 será de apenas del 0,7 por ciento del PIB, vale decir 3 veces menor. En la misma tesitura el impuesto a los Bienes Personales que redituaba al Estado 1,2 por ciento del presupuesto disminuirá al 0,3 por ciento, lo cual significa que en términos reales será dividido por 4. A esto hay que agregar que las ganancias producidas por las Lebac y otros instrumentos de financiación de la deuda pública cuyo monto se evalúa a varias decenas de miles de millones de dólares en manos de tenedores argentinos residentes están eximidas de impuestos. El bajo rendimiento del impuesto a las Ganancias debido a la disminución de la tasa marginal, la más elevada, provocará también una caída de la progresividad y de su recaudación.
Pero por otro lado Macri impuso un incremento de las tarifas de los servicios públicos, la luz, el gas, los transportes, el agua, los combustibles y la recaudación del IVA, pagado por los usuarios y recaudado por el Estado, aumentó en igual proporción que las tarifas. Esto acentuó el carácter regresivo de la estructura impositiva argentina.
El desfinanciamiento del Estado es el producto de los privilegios atribuidos a los oligarcas: los grandes terratenientes, los financistas concesionarios de los servicios públicos y los accionistas de los bancos que actúan como prebendados del Estado. Cada una de estas categorías aprovecha, respectivamente, de la devaluación del peso, del fin y la disminución de las retenciones, del incremento delirante de las tarifas de los servicios públicos decididas por el Estado y de las Lebac emitidas por el BCRA que son sus fuentes de ingreso más conocidas. Algunos colegas han tratado de borronear la comprensión de esta extravagancia por parte de la opinión pública integrando los oligarcas en conjuntos más amplios en el 5 por ciento o el 10 que más ganan, para enmascarar esta incoherencia. Pero la grieta existente entre los oligarcas encaramados en la cúspide económica del Estado y las clases medias superiores de los profesionales universitarios exitosos, los empresarios innovadores, los periodistas famosos, los jugadores de fútbol habilidosos es gigantesca. El esfuerzo meritorio de los economistas neoliberales, que podría ser utilizado en causas más loables, es tratar de justificarlos, como los creadores de empleos cuando se sabe que el desempleo aumenta o que son innovadores, inversores modernos y cosmopolitas cuando son simples usurpadores y aprovechadores.
Argentina está enfrentada a una ampliación de la desigualdad de la distribución del ingreso, a una caída del empleo y de la productividad provocada por la disminución de la inversión y la aplicación de una política impositiva injusta y paralizante. La escuálida e hipotética tasa de crecimiento actual es una situación desesperante y peligrosa ya que es generada y potenciada por la nueva deserción del Estado como lo hizo durante la epopeya neoliberal que va desde el golpe de 1976 a la Alianza delaruista y que tuvo como resultado de la política tributaria regresiva que derivó en la crisis del 2001.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París.
