Tras el fallo del juez Federal Sergio Torres que procesó a Dante Barisone, el oficial que durante la manifestación contra el tratamiento en Diputados de la reforma previsional pasó con su moto por encima del cartonero Alejandro “Pipi” Rosado, la defensa del joven pedirá la interpelación de la ministra de seguridad Patricia Bullrich y denunciará al Secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman por los encubrimientos en el caso.
El joven de 19 años, víctima de la razzia policial en las inmediaciones del Congreso el pasado 18 de diciembre, fue herido primero por balas de goma y luego, ya en el piso, fue atropellado por el agente Barisone, quien también lo quemó con el caño de escape de la moto.
El 19 de diciembre el juez Torres, que investiga los episodios de violencia ocurridos durante el debate por la reforma previsional, pidió la detención del agente Barisone, quien fue filmado mientras atropellaba al recolector. El uniformado forma parte del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Federal y había sido identificado en un informe de Asuntos Internos de la Policía Federal que recogió los testimonios del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF). Por eso fue citado a indagatoria en Comodoro Py.
A Barisone lo habían señalado en particular el comisario Oscar Hipólito y el principal Gabriel Ortega, que estaban a cargo del grupo de motos que estuvo en la calle Hipólito Yrigoyen cuando fue atropellado Rosado. Días después en se desdijeron de su relato inicial. En ese momento el juez Torres tuvo que liberar a Barisone por falta de pruebas y en paralelo citó a declarar a los superiores por presunto falso testimonio. Ambos terminaron presentándose a declarar y confesaron que no lo habían hecho con anterioridad porque tenían “miedo de hablar”.
Las pruebas que dejan a la luz la responsabilidad de Barisone así como el posterior encubrimiento, conducen ahora a la defensa de Rosado a pedir la interpelación de Patricia Bullrich, quien, dicen los abogados Gabriela Carpineti y Federico Paruolo, debe dar explicaciones en el Congreso por su condición de ministra, a la vez que Milman debe responder por sus responsabilidades en el mismo hecho.
“Es simple y doloroso: queremos saber y entender por qué los subordinados de Bullrich tiran a matar en las manifestaciones sociales contra un pueblo que mayoritariamente protesta de manera pacífica y desarmada", explicó a este diario Paruolo.
Sobre la espalda de la ministra pesan las muertes en contextos de protesta de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Es por este motivo, indica Carpineti, que “deberá dar cuenta de una vez por todas ante los diputados de la Nación y al pueblo argentino cuál es el dispositivo de control político de los operativos de seguridad que establece desde su ministerio ante cada protesta”. Bullrich deberá responder, continúa la letrada, en el marco de la causa cuya querella impulsa también la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) acerca de “cómo regula la actuación policial y qué investigaciones internas llevan adelante frente a los casos de violencia institucional cometidos por funcionarios a su cargo. La experiencia hasta el momento nos dice que Bullrich es una encubridora serial de los abusos y crímenes de las fuerzas de seguridad".
