Una investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario analizó el impacto que los grandes proyectos urbanos producen en la construcción físico‑social de la ciudad a partir del estudio de dos casos: Puerto Madero en Buenos Aires y Puerto Norte en Rosario. El equipo, dirigido por la arquitecta Claudia Rosenstein, considera que la ciudad es el soporte espacial de la vida colectiva de una sociedad, el campo de lucha entre múltiples actores, y que las intervenciones urbanas estarán determinadas por la "idea de ciudad" que se imponga.

De acuerdo al análisis realizado, ambos proyectos surgen bajo el paradigma del "urbanismo de los promotores", lo que implica la sumisión del Estado a la lógica del mercado. "Para la tradición de la gestión urbana en Rosario, Puerto Norte significa una ruptura de los lineamientos de producción de espacio público", sostiene el informe.

Otra coincidencia es que las dos obras se sustentan en un plan, aunque los mismos poseen diferencias. "El Plan Estratégico en Buenos Aires funciona como aliado de la fragmentación urbana al negar la participación ciudadana. Aquí el mercado ‑y el Estado como aliado de éste‑ impone su idea de ciudad", expresó la titular de la Cátedra Proyecto Arquitectura 2.

En Rosario, "la planificación estratégica de carácter participativa se desarrolla en un contexto en el cual las políticas urbanas cuentan con una mayor cohesión y continuidad en el gobierno municipal. Sin embargo, mientras por un lado se pretende descentralizar recursos para generar una ciudad equitativa, Puerto Norte los concentra para un pequeño sector de alto poder adquisitivo", manifiesta la docente.

Rosenstein explica que si bien esta intervención hizo visible un sector que permanecía oculto y lo encadenó al cinturón de espacios verdes de la costa, también implicó la renuncia al paradigma de la compensación urbana reemplazándola por la del fragmento. "Lejos de aparecer como un modelo de respeto a la diferencia, es una confirmación de la desigualdad", sostiene.

Por otro lado, expresó que el impacto sobre su entorno, podría dar lugar a procesos de gentrificación y que el municipio, hasta el momento, no creó los instrumentos para favorecer la permanencia de la población residente. En este sentido, lo que diferencia a Puerto Madero de Puerto Norte es que el proyecto rosarino se sustenta en un marco institucional y legal que incluye instancias de negociaciones y acuerdos entre actores públicos y privados y la aplicación de instrumentos para la captación de plusvalía. De todos modos, "resultan insuficientes ante la extraordinaria valorización del suelo que genera el proyecto".

Puerto Norte "no logra ser apropiado por la sociedad y es visto como espacio de exclusión. Su resolución arquitectónica contribuiría a ello con un uso indiscriminado de piso seco", explica la docente. En ambos casos, la característica de "participación" que define al espacio público, está ausente. 

Las entrevistas realizadas durante la investigación dieron cuenta que los habitantes de distintos sectores de la ciudad de Rosario no eligen estos espacios ordenados y prediseñados, sino que logran apropiación de aquellos donde se relacionan con otros, donde hay tumulto y desorden. En relación a esto, Rosenstein desarrolla que espacio abierto no equivale a espacio público, que el diseño no es neutral y cuando quedan restringidas las actividades posibles, es producto de una voluntad expresa. "Ni Puerto Madero ni Puerto Norte poseen barreras físicas pero ambos cuentan con innumerables mensajes simbólicos que señalan claramente que ese lugar está fuera del alcance para la mayoría de la sociedad", enfatiza la arquitecta. 

La incapacidad de estos proyectos en aportar al espacio público está dada por la ideología que los sustenta. "El vicio de origen está en el sometimiento del Estado y a través de él, del espacio y los intereses públicos a los capitales privados y al mercado inmobiliario", afirma Rosenstein. La incorporación de mecanismos por parte de las gestiones locales, contribuye a atenuar los efectos negativos pero aun así, no garantiza la construcción de lo público. "Pareciera que tanto el espacio privado como el espacio público le pertenecen a la misma clase social", expresa.

La investigación concluye en que la arquitectura es determinante en las relaciones sociales, pero la clave reside en las decisiones políticas que se toman. "El rol del Estado resulta fundamental en la mediación entre los intereses del capital privado y los de la sociedad, para que los nuevos suelos que se incorporan al circuito de producción, produzcan rentabilidad social para la población y comercial para los privados. Una de las cuestiones medulares a la hora de pensar ciudades inclusivas es combatir la especulación inmobiliaria y el capital financiero".