Desde Caleta Olivia

En el juzgado federal de esta ciudad, su titular, Marta Yáñez, abrirá hoy por la mañana la primera serie de testimoniales, con la finalidad de empezar a dilucidar en qué condiciones de navegabilidad se encontraba el submarino ARA San Juan desaparecido desde el 15 de noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo. En las tres primeras jornadas concurrirán dos testigos cuyos nombres se mantuvieron en reserva, y dos oficiales de la Armada que se desempeñaron en forma sucesiva como auditores de la fuerza. Los auditores deberán explicar las razones de algunos informes negativos sobre la situación del navío, previo a su desaparición, y el rol que ambos jugaron en esa delicada cuestión. Todos los primeros testimonios son considerados de vital importancia por cuanto servirían para marcar el rumbo de la compleja investigación.

La propia jueza Yáñez admitió que existen elementos de juicio que indican que hubo ciertas “falencias” en las condiciones técnicas de navegación del buque. En ese punto, es de gran relevancia el aporte de los dos auditores, que produjeron informes en los que se habrían señalado en detalle la existencia de tales “deficiencias”.

El quinto testigo, citado para el jueves, es el capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada encargado de dar a conocer los partes oficiales sobre las tareas de búsqueda de la nave, informes que han sido duramente cuestionados por los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Uno de los datos que se manejan y que tendrá que ser confirmado o no por los dos auditores, es la sospecha de que no fue escuchada la recomendación de los fabricantes del submarino, en cuanto a que después de la reparación de “media vida” que se hizo a partir de 2008, tenían que realizarse controles en “dique seco”, es decir lejos de alta mar, cada 18 meses. Sin embargo, “de los mismos informes de la Armada surge que no se hizo ninguno durante 39 meses”, según le dijo a PáginaI12 Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del buque perdido en el Atlántico sur.

Como se sabe, la reparación de “media vida” fue realizada por Tandanor y el CINAR (Complejo Industrial y Naval Argentino) a partir de 2008 y la nave habría regresado a su hábitat natural a partir de fines de 2011, principios de 2012. La recomendación del fabricante que no se habría cumplido era precisamente para ir evaluando si el trabajo de reparación había dejado al buque en óptimas condiciones de navegabilidad. De acuerdo con lo señalado a este diario por Tagliapietra, que además de familiar es abogado querellante en la causa –en ese carácter participará activamente interrogando a los testigos–, existe un informe de 15 páginas que habría sido avalado por los dos auditores citados por la jueza. Esos informes son los que señalaron “la existencia de falencias de navegabilidad que no fueron tenidas en cuenta por la Armada”.

Los auditores citados por la jueza Yáñez son los contralmirantes Guillermo Luis Lezana y Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, quienes tuvieron relación con los informes realizados y que señalaban la existencia de situaciones técnicas irregulares. El último de los informes data del mes de septiembre del año pasado y está firmado por Pérez Bacchi, quien reemplazó a Lezana como jefe de la Auditoría General de la Armada y que sigue en ese cargo. Tagliapietra sostuvo que la información que tiene la querella es que “los dos auditores coincidieron en señalar las fallas en el submarino, pero no se explica porque no se cumplieron esas recomendaciones de subsanar las deficiencias llevando a la nave a dique seco cada 18 meses, como correspondía”.

Aunque sólo se conocieron tres de los cinco nombres de los testigos citados, la jueza reconoció que toda esta primera parte tiene relación “con las auditorías”, con los informes en los que se señalaron las “falencias” a las que Yáñez hizo mención. Por esas razones se realizaron dos allanamientos en distintos estamentos de la Base Naval de Mar del Plata, más otros operativos similares en la Base Naval de Puerto Belgrano y en el Edificio Libertad, sede del comando de la fuerza. Lo que se buscó allí fue la presencia de documentación que indique “si se hizo algo concreto para reparar esas falencias” porque eso es fundamental “para determinar si hubo un ilícito y en ese caso, quien es o quiénes son los responsables”. La carátula de la causa es “investigación de ilícito”, pero por el momento no tiene imputados.

Sobre las razones de la citación de Balbi, la jueza sostuvo que iba a apelar “a sus conocimientos como submarinista”, aunque aclaró que viene como testigo y no como perito. En el caso del vocero de la Armada, los familiares que integran la querella quieren saber quién escribía los partes que él comunicaba, para saber “de qué nivel venía esa información y de donde surgían los datos que se daban y que muchas veces eran ampliados por Balbi, ante preguntas de la prensa, de manera que él también tiene conocimiento del tema y nos debe informar sobre lo que no se dijo hasta hoy”. Tanto la jueza como Tagliapietra, recordaron que por su calidad de testigos, todos los citados “tienen que jurar que dirán toda la verdad”.

Sobre los informes alertando sobre las “falencias”, Tagliapietra le aseguró a este diario que “los dos auditores dijeron lo mismo, no se diferenciaron ni en una coma, de manera que tendrán que dar su parecer sobre por qué razón no se tomaron las medidas recomendadas y que seguramente habría evitado el drama que estamos viviendo”.