Desde Santa Fe
Mario Rossini, el operador bursátil investigado por una mega estafa en Santa Fe que le significó un embargo por 30 millones de pesos, pasará las fiestas en familia y esperará el juicio en su casa. El juez federal Nº 2 Francisco Miño rechazó la excarcelación que había pedido la defensa, pero coincidió con el fiscal Claudio Kishimoto en atenuar "el régimen de prisión preventiva" del imputado "bajo la modalidad domiciliaria". El argumento es que Rossini está preso desde el 13 de diciembre de 2012 y como ya cumplió cuatro años sin juicio ni sentencia debía salir de la cárcel de Las Flores, que es lo que ocurrió. "¿Esto significa que va recuperar la libertad de alguna manera con una prisión domiciliaria?", preguntó una colega de LT10. "Claro, eso es lo que se ha sugerido", le respondió Kishimoto. La decisión generalizó el malestar entre cientos de damnificados por las maniobras de Rossini cuando operaba sus dos empresas: Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, aunque uno de los abogados querellantes Enrique Muller admitió que la situación del empresario era "injusta" por la demora en juzgarlo. Ante este cuadro, un colega se permitió una ironía sobre el caso, publicó en las redes sociales una foto de los estafados de Bolsafe en demanda de justicia y escribió: "Por una Navidad sin presos políticos".
Rossini está procesado por presunta "defraudación, administración fraudulenta y lavado de activos", entre otros cargos. Su salida de Las Flores comenzó a madurar a principios de diciembre, cuando la defensa solicitó la excarcelación. El fiscal Kishimoto rechazó el planteo, pero dictaminó que "se podía morigerar la prisión preventiva" del empresario "bajo la modalidad domiciliaria".
El debate era por los cuatro años de detención de Rossini, a quien la Cámara Federal de Rosario (sala B) ya le había concedido la domiciliara en junio de 2014 por sus "manifestaciones de angustia y tristeza" y sus "sentimientos de preocupación y temor" que vivía en la cárcel. El fiscal Claudio Palacín y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, apelaron al entender que el beneficio había sido concedido "sin ningún fundamento de ley". Y en abril de 2015, la Cámara de Casación Penal les dio la razón y revocó el fallo. "Los fiscales demostraron que la decisión de la Cámara" no tenía "ningún sustento que legamente autorice el arresto domiciliario" de Rossini y prescindió de "las constancias reunidas en la causa", dijo Casación.
Ahora, la situación dio un vuelco de campana. Fue el propio fiscal Kishimoto quien propuso la prisión domiciliaria de Rossini porque ya lleva detenido cuatro años. "Entiendo que no que se le puede otorgar la libertad porque la elevación a juicio está muy próxima, calculo que el juicio será el año entrante", dijo.
‑¿Esto significa que va recuperar la libertad de alguna manera con una prisión domiciliaria?- le preguntó una movilera de LT10.
‑Claro, eso es lo que se ha sugerido- contestó Kishimoto. El juez Miño resolvió como se lo pidió el fiscal.
El abogado defensor Néstor Oroño valoró la decisión del juez y del fiscal de "morigerar las condiciones de detención" de Rossini porque "ya se han cumplido holgadamente todos los plazos legales. Yo sostuve en todas las instancias que una vez que se cumplen tres años, la prisión preventiva queda sin causa legal. La ley 24.390 es muy clara. Tanto el juez como el fiscal entienden que debe seguir bajo el régimen de prisión preventiva, pero morigerada en la modalidad domiciliaria".
Hasta uno de los abogados querellantes Enrique Muller coincidió que la "situación" de Rossini era "injusta" por la demora en elevar la causa a juicio. "No es que abogamos por su libertad -aclaró‑, pero "más allá del malestar que causa entre los damnificados" que el empresario vuelva a su casa, "evidentemente el hecho de que no se haya dictado sentencia después de cuatro años en un proceso complejo" es comprensible que el juez Miño adopte una "definición" sobre el asunto y disponga "esta medidas alternativa: prorrogue la prisión preventiva, pero con la modalidad de cumplimiento en el domicilio", concluyó Muller.
