PáginaI12 En Gran Bretaña

Desde Londres 

El futuro del régimen de Participación Público Privada (PPP) de Mauricio Macri, caballito de batalla de la lluvia de inversiones que persigue el gobierno desde 2015, se puede ver en el escandaloso presente del Reino Unido. La National Audit Office (NAO), que supervisa las cuentas y contratos estatales, acaba de publicar un exhaustivo informe en el que estima que el estado británico deberá pagar alrededor de 200 mil millones de libras (unos 225 mil millones de dólares) al sector privado en los próximos 25 años por los proyectos montados con la Private Financial Initiative (PFI, en inglés), modelo original de las PPP.

 La quiebra en enero de una de las principales contratistas de las PFI, la segunda constructora del país, Carillion, puso sobre el tapete los polémicos contratos. El  informe de la NAO derribó la explicación fácil de la supuesta “manzana podrida” de un árbol floreciente. Según el informe, los proyectos de la PFI que el estado financió en “cooperación” con el sector privado, costarán un 40 por ciento más que si la inversión la hubiera hecho el estado sin participación privada.

 Los británicos tienen patente de invención con estas iniciativas público- privadas que comenzó el primer ministro conservador John Major en 1992 y continuó, con entusiasmo de converso, el primer ministro del Nuevo Laborismo Tony Blair, artífice del “revolutionary centrism” (supuesto equilibrio político de centro que puede haber inspirado el giro de otros políticos incluso en América latina).

 A 26 años de su inicio, el barco de la PFI hace agua. Carillion tenía 43 mil empleados, operaciones en distintos países y estaba a cargo de proyectos que incluían desde el “management” de servicios hospitalarios y carcelarios hasta infraestructura vial, ferroviaria y carreteras. Los documentos muestran que tenía 29 millones de libras en su balance para lidiar con una deuda de casi 1.300 millones de libras (unos 1600 millones de dólares). El efecto dominó de su caída afecta a unas 30 mil pequeñas y medianas empresas a las que la multinacional debe cerca de mil millones de libras. El cálculo es que hay entre 20 y 43 mil puestos en peligro, a lo que se suma un déficit de alrededor de 600 millones de libras en el plan jubilatorio de sus empleados.

 Nadie sabe si Carillion es la punta del iceberg y si su caída terminará sacando del closet a aventuras semejantes, un poco al estilo de lo ocurrido con la bola de nieve que casi se lleva puestos a medio sistema bancario en la crisis financiera global 2007-2008. Según la NAO, hay un total de 716 contratos de PFI en funcionamiento con un costo anual para el estado que en 2016-2017 rondó las 10 mil millones de libras. El cálculo es que el contribuyente británico seguirá pagando por estos contratos hasta 2040: un agujero anual en sus cuentas fiscales.

 La quiebra de Carillion llevó a un durísimo enfrentamiento entre la primer ministro, Theresa May, y el líder de la oposición Jeremy Corbyn en la Cámara de los Comunes. May calificó al estado como un “cliente” de Carillion y dijo que el gobierno dialogaría con los bancos para que fueran “considerados” con las pequeñas y medianas empresas capturadas en el torbellino. El laborista contestó que el sistema mismo era el problema. “Vamos a terminar con la mafia de los contratos privado-públicos que han llevado a la tercerización del suministro de servicios. El estado tiene que ser el proveedor básico de estos servicios. El estado es el gerente, no un cliente, como dice la primer ministro”, señaló Corbyn.

 La comisión a cargo de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes fue particularmente crítica. “Después de 25 años no hay ninguna prueba de que sean beneficiosos y compensen el gasto estatal. Muchos municipios y estamentos estatales están ahora ahorcados por estas iniciativas. Y el gobierno sigue adelante con los contratos sin lidiar con los problemas de fondo. Necesitamos más inversión en escuelas y hospitales, pero tenemos que estar seguros que el contribuyente no termine estafado”, dijo la presidenta del comité parlamentario, la laborista Meg Hillier.

 La gran ventaja de la PFI es la magia contable que permite al estado. La inversión en escuelas, hospitales e infraestructuras es realizada por el sector privado a cambio de un pago anual con lo que no aumenta el déficit como lo haría si el estado tuviera que invertir todo de entrada, ni hay peligro de una peor nota de las calificadoras de riesgo (Moody’s, Fitch, Standard and Poor).

 Con este criterio, la PFI se ha exportado a países europeos golpeados por la crisis de la deuda de 2010  –Grecia, España, Portugal– y naciones de Asia, Africa y América Latina. En España acaban de sufrir un duro golpe en febrero cuando el gobierno anunció la estatización de las autopistas construidas con la PPP (Participación Pública Privada), luego de que las constructoras se declararan en bancarrota con pérdidas de 2500 millones de dólares que deberá asumir el fisco. En Nigeria, los altos costos del PFI en la construcción de hospitales tuvieron la paradójica y trágica consecuencia de reducir el gasto en salud debido a los pagos comprometidos por el estado a las empresas privadas, según una investigación publicada por Oxfam en 2014.

 En la versión argentina de la PFI, la PPP (participación público-privada), el mecanismo fue claramente expuesto por el ministro de finanzas Luis Caputo a la agencia Reuters el pasado noviembre. “Tenemos que cumplir con las metas que nos fuerzan a ser austeros, pero por otro lado tenemos que brindar más inversiones en infraestructura para que las empresas sean más competitivas”, explicó. El presupuesto argentino destinará un 1,9 por ciento del PIB a infraestructura en 2018, inversión que trepará al 3,5 gracias a las iniciativas PPP que no figurarán en el rojo estatal. Por el momento.