A sólo dos días de que finalice la feria judicial, el juez Javier Cosentino dictó una orden de allanamiento y clausura en la Casa de Las Madres de Plaza de Mayo a espaldas de las titulares de la Asociación. A las diez de la mañana, una comitiva de diez personas intentó desalojar y clausurar nuevamente la sede de Congreso, a pesar de que no se había notificado a las Madres sobre la habilitación de la feria ni tampoco del operativo que se desplegaría. Desde la Asociación denunciaron que se trató de un “acto ilegal”, que sólo se puede explicar “por razones políticas” y calificaron lo sucedido como un nuevo caso de “persecución contra las Madres”. Los funcionarios del Poder Judicial, en tanto, alegaron que tenían que realizar un "inventario" de todos los objetos del lugar, en el marco de la quiebra de la Fundación por los juicios indemnizatorios de los ex trabajadores del proyecto Sueños Compartidos. 

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, condenó la orden judicial y aseguró que resistirán hasta las últimas consecuencias, aún si envían a las fuerzas de seguridad. “Nosotros no les vamos a abrir, si quieren entrar van a tener que romper todo”, manifestó del otro lado de la puerta de la Casa de las Madres Bonafini, quien contó por la AM 750 que ayer a la noche, cuando se enteró por casualidad de lo que sucedería, se encerró en la sede de Congreso para evitar el allanamiento y la clausura dispuesto por el juez Cosentino.

La orden judicial de la autoridad de feria del fuero comercial habilita a los miembros de la sindicatura a “requerir el auxilio de la fuerza pública”, a “allanar el domicilio” e incluso a la “clausura del inmueble”, por lo cual abogados de la Asociación e integrantes del Instituto de las Madres están apostados frente a la puerta desde temprano para evitar que eso suceda. Todas estas medidas, que se tomaron después de habilitar la feria y nombrar un nuevo escribano judicial, se dictaron sin informar a las Madres.

“No habilitan la feria ni para un preso que se está muriendo en la comisaria. Ellos pensaban que no nos íbamos a enterar pero acá estamos, encerrados, defendiendo lo que amamos tanto y que construimos con tanto amor para el pueblo”, criticó Bonafini. 

La Asociación atribuyó el operativo a "la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial". Sus miembros alertaron que en definitiva lo que buscaban los miembros del síndico era “llevarse las cosas de la Fundación sin que nadie los viera". "Es una violación de las garantías constitucionales. No lo permitimos ni lo permitiremos aunque venga la fuerza pública”, manifestaron a Página/12 sus integrantes. 

La titular de Madres relató que alrededor de las diez de la mañana llegó una comitiva. “Entraron cuatro personas para levantar un acta pero no los dejábamos, ahí nos mostraron que la orden decía que podían entrar por la fuerza pública  y ellos ya la pidieron”, contó la titular de Madres a la radio AM750, quien resaltó que nunca las notificaron sobre el operativo. “Ahora las personas están esperando en la esquina a la policía para poder entrar”, advirtió Bonafini y admitió que el resto de las Madres se están enterando ahora de lo sucedido. “No me imaginé que iba a ser así”, apuntó.

Bonafini enmarcó lo sucedido con otras medidas que está tomando el Gobierno. “Nos quieren destruir la historia, de la misma manera que están destruyendo la Plaza de Mayo. Ellos quieren destruir todo, la memoria no tiene que existir porque ese es el compromiso que tienen con los militares, por eso quieren que aceptemos todo lo que nos plantean, como la reconciliación”, concluyó.

Los integrantes de la Asociación advirtieron que se trató de un acto fuera de la ley, porque no existió una notificación previa, pero además porque creen que la habilitación de la feria no estaba justificada. Por esa razón, sus abogados presentaron ya la nulidad del acto, la revocatoria, la apelación y evalúan también la posibilidad de hacer alguna denuncia.

En julio, las Madres resistieron a otro intento de allanamiento y desalojo que se fundaba en las mismas razones, pero finalmente tampoco se concretó porque las Madres acreditaron que en la sede de Congreso funciona la Asociación. Esa orden la había dictado el juez Perillo, quien habilitó a que se llevaran adelante en el único caso de que fuera la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.