La condena en segunda instancia a Lula da Silva es un paso más en la judicialización de los líderes progresistas que encabezaron el proceso de cambios de inicios de siglo en la región, transformando la vida cotidiana de millones de personas. Si hacemos un breve repaso de la región entenderemos la gravedad del cuadro: golpe en Honduras en 2009, seguido de la posterior inhabilitación de Manuel Zelaya Rosales; golpe en Paraguay en 2012 y, acto seguido, inhabilitación de Fernando Lugo. Por ende, la proscripción (¿qué otra palabra podría definir mejor lo que busca el Poder Judicial con Lula?) al histórico líder sindical es parte del mismo entramado. En el caso brasileño, se trata del segundo paso tras la destitución de Dilma Rousseff: la eyección del PT del Planalto necesita este cierre, al que Lula espera ahora revertir –aún con expectativas moderadas, visto y considerando lo que hasta aquí sucedió– en tribunales superiores y en la propia justicia electoral.

En los últimos meses, en la América latina del intento de restauración neoliberal pasaron las siguientes cosas: en Brasil, Lula condenado; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner procesada y Carlos Zannini preso; en Ecuador, Jorge Glas detenido y Rafael Correa investigado; en Uruguay, Raúl Sendic apartado de su cargo. Se trata de un conjunto de dirigentes, primero bombardeados en términos mediáticos, cuya credibilidad intentó ser erosionada a partir de esta verdadera “guerra jurídica”. En el medio también hubo embates mediáticos a Evo Morales –en Bolivia se llegó a decir que tenía un hijo que no existía, lo cual fue determinante para que perdiera por primera vez una elección– y a José Mujica –una autora uruguaya llegó a inventar las “tupabandas”, que supuestamente financiaban vía asaltos a mano armada al Movimiento de Participación Popular del cual el ex presidente es referente–.

El recuento no es azaroso: da cuenta de una cercanía entre el embate a estos dirigentes populares, y también de una planificación que parece ser externa. El caso chileno también es tristemente célebre: tres años atrás se abrió una causa contra el hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por delitos tributarios, tráfico de influencias y compra irregular de terrenos. Permaneció abierta durante la campaña presidencial, y la primera y segunda vuelta electoral. Ganó, bajo un altísimo porcentaje de abstención, el conservador Sebastián Piñera, que venció a Guillier, candidato de Bachelet. ¿Qué pasó a comienzos de este año, ya con la elección definida? Avanzó el sobreseimiento definitivo de Dávalos, una vez que estuviera claro que quien iba a La Moneda era el empresario conservador.

En el Lawfare latinoamericano ya no se necesitan pruebas, sino apenas indicios o impresiones. ¿Qué palabras sonaron en el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre? Watergate, Mensalao, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué condenaron a Lula? Por un triplex que no es de él. ¿Qué palabras se escucharon en el impeachment a Dilma? Venezuela, Foro de San Pablo, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué la desalojaron del Planalto? Por “pedaladas” fiscales que hicieron todos los gobiernos contemporáneos en Brasil, incluido el de Fernando Henrique Cardoso.

Finalmente, bajo el velo de la autodenominada “nueva derecha” latinoamericana, con supuesto pedigree democrático, se esconde un furibundo embate a las instituciones en general y a diversos líderes políticos en particular. Bajo el paradigma de la lucha contra los “populismos” –que, hay que decirlo, fueron o son gobiernos populares– se defiende la vulneración a aspectos republicanos básicos, en un vale todo donde las víctimas son estos dirigentes que enumeramos, pero sobre todo, la verdad y la justicia. Esta es, en definitiva, la nueva “guerra jurídica” que vive nuestra región. 

¿Hasta dónde llegarán?

@jmkarg Politólogo UBA. Analista Internacional