El Ministerio de Transporte oficializó ayer el primer llamado a licitación para obras viales a través del sistema de Participación Público Privada (PPP). La etapa inicial del proyecto prevé la “modernización” de 2556 kilómetros de rutas que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y La Pampa. Las concesiones durarán quince años. Los desembolsos necesarios para llevar adelante los proyectos ascienden hasta los 6035 millones de dólares durante los primeros cuatro años. A partir de ese momento, las estimaciones de Vialidad Nacional suman otros 2023 millones de dólares para obras de mantenimiento y reparaciones hasta la finalización del contrato. Desde la cartera de Guillermo Dietrich esperan que las ofertas estén encabezadas por “empresas de Europa, Estados Unidos, Asia y el resto de América latina”. Las propuestas serán presentadas a principios de abril y si se cumplen los plazos previstos, los trabajos comenzarán en el segundo semestre. La experiencia internacional muestra que la canalización de la inversión pública a través de los esquemas de PPP resultó en un excesivo incremento del endeudamiento externo, resintió los ingresos fiscales debido a las exenciones exigidas por los inversores externos, los proyectos mostraron mayores costos de ejecución y se incrementaron los pasivos contingentes.
“El mecanismo de participación público privada da mucha previsibilidad y este es el momento para invertir, para apostar por Argentina”, indicó ayer Dietrich al referirse al primer llamado a licitaciones para obras viales. La legislación que habilitó los esquemas de PPP exime a las empresas casi por completo de cualquier riesgo y les garantiza márgenes de rentabilidad. En todos los proyectos el Estado actuará de garante de esas cuestiones e incluso habilita que, de no ser así, las empresas puedan elevar sus quejas a tribunales extranjeros. “El nuevo esquema garantiza la seguridad jurídica y financiera, al adoptar como mecanismo para abordar posibles controversias entre las partes la intervención de paneles técnicos como paso previo a recurrir a los procesos formales en tribunales judiciales”, expresó Transporte a través de un comunicado.
“El financiamiento de las obras de infraestructura a través del esquema de Participación Público Privada es clave: debemos cumplir con las metas fiscales y reducir el déficit pero al mismo tiempo queremos aumentar la inversión en infraestructura para ser más competitivos. Los programas de PPP son la vía más potente para compatibilizar ambos objetivos”, consideró el ministro de Finanzas, Luis Caputo. De acuerdo a las explicaciones ofrecidas por el funcionario, los títulos de repago de los fondos invertidos por el privado se emitirán trimestralmente en dólares contra certificado de avance de la obra mientras que los ingresos del contratista provendrán del pago de los peajes por parte de los usuarios y de la recaudación del impuesto al gasoil.
A contramano del optimismo oficial, un informe realizado por el ex director de investigaciones de la Internacional de Servicios Públicos, David Hall, advierte que “la experiencia de los últimos 15 años muestra que las PPP son una modalidad costosa e ineficiente de financiar la infraestructura y desviar la inversión del gobierno de otros servicios públicos”. El relevamiento realizado en 2015 por el profesor de la Universidad de Greenwhich sostiene que “las asociaciones público-privadas ocultan el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios”. Los datos recolectados por el investigador dan cuenta de la existencia de sobrecostos e incumplimientos de plazos en obras de infraestructura realizadas a través de PPP en Alemania, Dinamarca, Brasil, Indonesia, Lesoto y Francia. “Generalmente las asociaciones público-privadas empeoran las condiciones laborales de los trabajadores y su organización colectiva en sindicatos”, cuestiona Hall.
Desde el Ministerio de Transporte consideran que las obras previstas en la primera etapa del programa denominado Red de Autopistas y Rutas Seguras “cambiarán la fisonomía vial de la región agropecuaria más importante del país”. El proyecto contempla la intervención de 2556 kilómetros de rutas nacionales: construcción de 810 km de autopistas, 1494 km de “rutas seguras”, 252 km de obras especiales y 17 km de variantes.
Así, a lo largo de los próximos cuatro años, están previstas obras en las rutas nacionales 3 y 226 (Mar del Plata-Olavarría y Las Flores-Coronel Dorrego) con una inversión estimada en 984 millones de dólares. Las obras en la ruta nacional 5 (Luján-Santa Rosa) ascienden a 989 millones de dólares y las rutas nacionales 7 y 33 (Luján-Mercedes y otro tramo en Mendoza), a 631 millones. También hay tareas previstas sobre las rutas 9, 11, 34, 193, A-008 y A-012 en la zona de Campana hasta Rosario por 1342 millones y en la autopista 9 que conecta Rosario-Córdoba y la ruta 33 de Rosario a Rufino por 1114 millones de dólares. Por último, están las obras en la autopista Riccheri, Av. Jorge Newbery, autopista Ezeiza-Cañuelas y las rutas 3 y 205 (de Cañuelas hasta Las Flores y Saladillo) por 975 millones de dólares. Cuando finalicen las tres etapas de proyectos viales previstos bajo PPP deberían haberse cubierto más de 7000 kilómetros de rutas nacionales con una inversión superior a los 16.700 millones de dólares.
