El pasado lunes la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, sostuvo que está previsto que el crecimiento de la economía mundial para 2018 sea de un 3,9%. Sin embargo, la propia directora general del FMI reconoció al presentar las cifras que “hay todavía demasiada gente que se queda fuera de la recuperación y de la aceleración del crecimiento”, de lo que se deduce que el crecimiento sostenido de la economía mundial no se correlaciona con el ascenso social de la población. Un informe publicado la semana pasada por la ONG, OXFAM-Intermón (confederación internacional de organizaciones caritativas que centra su accionar en el alivio de la pobreza) en España, destacó que el crecimiento económico solo está beneficiando a los que más tienen, ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población: 3.600 millones de personas.

Actualmente el mundo está inmerso en una sostenida crisis de desigualdad. El 1% de la población, durante el 2017, acumuló  el 82% de la riqueza generada en el planeta. Según el citado informe, el 50% de la población mundial no se benefició para nada con el crecimiento que experimentó la economía mundial el año pasado. La tendencia de esta concentración de la riqueza en pocas manos es similar en nuestra zona. En América Latina y el Caribe, en 2017 el 10% más rico de la población concentraba el 68% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre solo accedía al 3.5%.

Esta tendencia se debe a que la acumulación de las riquezas generada por parte de las corporaciones económicas que manejan el mundo, lo hacen a costa del empobrecimiento del resto de la humanidad, incrementando sus ingresos y recortando todo aquello que les resulte un gasto. Lo que las empresas ahorran lo consiguen mediante la reducción de derechos laborales y evasión impositiva, ya sea poniendo su dinero en paraísos fiscales o logrando ser eximidos de la carga tributaria que les correspondería abonar a cada Estado.

Por otro lado un aspecto fundamental para maximizar el lucro y lograr que las condiciones favorables al poder económico se sostengan en el largo plazo, es interferir en la elaboración de leyes y políticas nacionales o internacionales a fin de que el diseño de las mismas contemple la protección de sus intereses y por ende mejore su rentabilidad. En Argentina lo vemos con las Reformas Previsional e Impositiva y la pretendida Reforma Laboral, entre otras.

También en nuestro país, la desigualdad creció de manera notable a partir del 2015, cuando Argentina empezó a ser conducida por la alianza Cambiemos,  que ha demostrado tener en claro que su objetivo frente al gerenciamiento del Estado es lograr el incremento de las ganancias de las empresas de las que son accionistas o dueños u otras multinacionales,  a costa del bienestar social.

La elusión de impuestos, con la que beneficiaron a las grandes empresas, no se tradujo en una mejora para el pueblo, por el contrario, hubo una disminución de las políticas públicas que beneficiaban a los sectores económicamente más desfavorecidos, así como tampoco se hicieron las obras de infraestructura que fueron prometidas, ni se concluyeron las que estaban iniciadas. La provincia de Chaco es un claro ejemplo con la paralización casi absoluta del segundo acueducto, la cancelación de la reparación del ramal C3 del Belgrano cargas, abandono de la idea de que el segundo puente Chaco-Corrientes sea ferroautomotor, desfinanciamiento nacional de esa obra vital, avance agónico de la autovía de la ruta 11 y eterna construcción de la que se ejecuta sobre la ruta 16, etc.

A través del decreto 1343/17 el presidente estableció la reducción mensual del 0,5% de la retención a la exportación de soja, licencia que los empresarios pagan para poder exportar. De acuerdo a un estudio realizado por la Bolsa de cereales de la provincia de Córdoba el costo fiscal “real” de la medida sería de U$S 795 millones en el bienio 2017/18. Por decreto también eliminó las retenciones a la mega minería dejando de recaudar U$S 200 millones.

Como contrapartida pero en detrimento de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas, anuló los subsidios a los servicios públicos lo que generó un aumento notable en los costos y produjo el cierre de más de 8.000 pymes, en lo que va de los dos años de gestión. Además provocó una brusca caída en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y bajó las jubilaciones. Por otra parte creció el desempleo estatal con la excusa de la dotación óptima y el privado con el cierre de empresas y la quiebra de la industria local. La descomunal y nunca vista, toma de deuda pública,  tampoco fue reflejada en desarrollo del país, sino que 84 de cada 100 dólares tomados, fueron destinados para abastecer la fuga de capitales, financiar el pago a inversionistas de Lebac y el pago de los intereses de la deuda.

En el 2017 Argentina lideró la lista de países tomadores de crédito externo en el mundo, lo que nos deja en una situación de total vulnerabilidad ya que pasamos a depender absolutamente de condiciones externas, si tenemos en cuenta las últimas declaraciones de la directora del FMI, quien sostuvo que los países comprometidos financieramente podrían ser afectados con el cambio que provendría de la suba en las tasas de interés en los Estados Unidos. Por ende no serían beneficiados con el crecimiento de la economía mundial, al contrario se profundizarían los ajuntes con la estricta aplicación de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional: más reducción del gasto público, particularmente en salarios, pensiones y  transferencias sociales.

La única verdad es la realidad y el panorama que tenemos delante nos está mostrando que la única realidad es el aumento desmesurado de la desigualdad social. Según el INDEC, durante el tercer trimestre del año pasado, el 10 por ciento más pobre recibió apenas el 1,4 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 10 por ciento más rico recaudó el 31,6 por ciento y la brecha de ingresos del diez por ciento de los hogares más vulnerables y el diez por ciento de los hogares más ricos llegó al 21,8 % en el primer trimestre del año pasado.

Según el equipo de investigación de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) “en el primer año de gobierno de la alianza Cambiemos se avanzó en un proceso regresivo en la distribución el ingreso que derivó en una transferencia del trabajo al capital cercano a los 16.000 millones de dólares, producto de la caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional del 37,4 al 34,3 por ciento entre 2015 y 2016”.

El resultado de la desigualdad económica con el avance de las políticas neoliberales, ejecutadas desde el gobierno nacional, está provocando el debilitamiento absoluto del poder decisorio autónomo, pilar de una democracia, la fractura de los lazos de solidaridad social y el aumento de la desigualdad,  la pobreza y  la inseguridad.

La historia y los datos actuales demuestran que el neoliberalismo como modelo político económico solo potencia la concentración de la riqueza,  en muy pocas manos, y deja desamparada a la gran mayoría de la humanidad. Es evidente que el reciente Foro de Davos, solo sirvió para que las grandes potencias del mundo ratifiquen el camino, sin haberse notado alguna voz importante llamando a un cambio de rumbo.

Creo que es necesario volver al camino de pensar en la dignidad humana y ocuparse de buscar acciones que tiendan a lograr el equilibrio entre el inmenso y casi sin control poderío del capital y los sectores más vulnerables, y que cada vez lo son más. El respeto por el trabajo, su pago digno y el balance con el capital, es a lo que debemos aspirar para tener un mundo mejor.

“Las personas están listas para un cambio. Quieren que los trabajadores y trabajadoras reciban un salario digno, que las grandes empresas y los más ricos paguen más impuestos, que las mujeres trabajadoras disfruten de los mismos derechos que los hombres trabajadores, y que se impongan límites al poder y la riqueza en manos de unos pocos. Quieren ver acciones” (OXFAM, Premiar el trabajo y no la riqueza, enero de 2018).

* Parlamentario del Mercosur por la provincia del Chaco, bloque FpV-PJ.