El desmantelamiento de las herramientas de fiscalización y sanción de la informalidad preludia la reforma laboral. La AFIP decidió eliminar tres direcciones dependientes de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social que es el área a cargo del combate del trabajo no registrado. La resolución 21-E/2018 publicada en el Boletín Oficial argumenta que la medida contribuye al proceso de “desburocratización”. Desde la autoridad fiscal aseguran que la decisión no implica abandonar las funciones que tenían las direcciones en materia de fiscalización laboral. Las direcciones eliminadas son las de Supervisión y Evaluación Operativa, las regionales de los Recursos de la Seguridad Social y la de Control del Monotributo. Trabajadores de la AFIP sostienen que la medida afectará las tareas de control.
La precariedad laboral es uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino. Durante el tercer trimestre de 2017 alcanzó al 34,4 por ciento de los asalariados, un incremento de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. El registro fue el más elevado desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Los datos están en línea con los valores observados a lo largo de los últimos cinco años cuando osciló entre 31,9 y 34,6 por ciento.
Los cambios en la AFIP fueron precedidos por una serie de modificaciones que socavan las herramientas de fiscalización del trabajo no registrado. El primer paso llegó con el desembarco de un directivo de la Sociedad Rural (SRA) a la conducción del Registro de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que vela por el cumplimiento de la legislación en uno de los sectores con mayores niveles de precarización, el campo. Abel Guerrieri es el ex director de acción gremial de la patronal agropecuaria que cuando integró la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) en representación de la SRA en 2008, votó en contra de eliminar las jornadas laborales de sol a sol y fijar un régimen de 8 horas diarias (Resolución 71/2008).
Una segunda maniobra apuntó a rebajar los costos económicos para las empresas que incumplen con la normativa laboral. El listado de infractores creado por la Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral de 2014 apuntaba a fortalecer la sanción y exposición de los empresarios evasores. Figurar en el Repsal implica un conjunto de penalidades y restricciones de acceso a beneficios estatales para que las empresas sancionadas no compitan en forma desleal usufructuando de las ventajas económicas derivadas de incumplir con las normas. La medida presionaba sobre los infractores que, por ejemplo, se veían impedidos a cobrar subsidios o participar de una licitación. Como parte del último mega DNU, el Ministerio de Trabajo redujo los plazos de permanecía en el registro. Desde entonces, sin importar el tipo de infracción o delito cometido, los empleadores figurarán en el listado durante un máximo de 30 días. La legislación original preveía una exposición máxima de hasta 3 años.
