Representantes de movimientos sociales de San Juan, perjudicados por el recorte de casi 14 mil planes sociales decidido por el gobierno de Mauricio Macri, se reunieron ayer con miembros del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ. Mientras unos 350 sanjuaninos se manifestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social, rodeados por un amplio operativo de policías pertrechados para la guerra, los dirigentes Alejandro Ganyitano (de la CCC) y Laura Vera (de Amas de Casa), entre otros, fueron recibidos por el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, el dirigente sindical Hugo Yasky y la secretaria parlamentaria del bloque, Cristina Alvarez Rodríguez, quienes se comprometieron a apoyar el reclamo para que se prorroguen los planes. 

“El Gobierno gasta la plata en donde están los votos, no donde están las necesidades”, advirtió Gioja tras el encuentro.

El recorte que afecta directamente a 13.600 familias de San Juan es una de las represalias del gobierno de Cambiemos por el voto negativo de los diputados de esa provincia a la poda de jubilaciones y pensiones que Cambiemos consiguió aprobar por apenas diez votos y con represión en las calles a fines del año pasado. Los operadores del Gobierno aspiraban a contar con los legisladores ligados al gobernador Sergio Uñac. La otra represalia consiste en no enviar los fondos para obras públicas comprometidos en el presupuesto.

“Se busca eliminar más de 13 mil planes sociales laborales en San Juan y miles de familias lo sufrirán. El Presidente intenta provocar una crisis social aquí”, denunció Gioja días atrás. Ayer, tras el encuentro con los dirigentes, explicó que los movimientos “reclaman la presencia solidaria del Estado ante la quita de beneficios a trabajadores que en muchos casos son su único sostén”. “Vemos que el dinero se gasta donde están los votos y no las necesidades”, remarcó.

El mayor perjuicio por el recorte de planes recae sobre familias nucleadas en las cooperativas de trabajo que organiza la CCC de San Juan. Pese a que los movimientos cuentan con el apoyo del gobernador, los legisladores, la Iglesia católica y diversas organizaciones de San Juan, el Gobierno hace caso omiso a sus reclamos, explicaron desde el FpV. El pedido puntual es para que se prorroguen los planes, que en principio pierden vigencia mañana, mientras su control pasa del Ministerio de Trabajo a Desarrollo Social.

“Nos quedaremos hasta tener una respuesta concreta y una solución porque son muchísimas las familias perjudicadas con esto. No era plata que se regalaba, como se dice, sino para la capacitación y para dar oportunidades a personas con menos recursos, para que en el futuro fueran mano de obra en empresas o donde los necesitaran”, aseguró Vera. 

“Esperamos agotar todas las instancias para poder avanzar en el diálogo con funcionarios nacionales y en función de eso conseguir buenas noticias para los sanjuaninos, porque será un golpe significativo para la economía de la provincia: estamos hablando de casi 25 millones de pesos que dejarían de ingresar a San Juan”, explicó Ganyitano, que integra la CTA Autónoma.