Desde Caleta Olivia

El informe oficial de la Inspección General de la Armada que en diciembre de 2016 consignó la existencia de “falencias” en el ARA San Juan, desaparecido desde el 15 de noviembre pasado con 44 tripulantes a bordo, dejó constancia que las deficiencias observadas estaban encuadradas “como gravedad uno, lo que significa que el submarino corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión como la que emprendió. La advertencia, que fue refrendada en enero de 2017, fue remitida al Estado Mayor General de la Armada, al Ministerio de Defensa y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). 

La información fue corroborada luego de que prestaran declaración testimonial, ante la jueza federal Marta Yáñez, el ex auditor de la Armada Guillermo Luis Lezana, y su reemplazante, actual titular de la Inspección General de la fuerza, Eduardo Alfredo Pérez Bacchi. “Al final de su declaración el contralmirante Pérez Bacchi manifestó que las fallas detectadas estaban encuadradas dentro de lo que la reglamentación de la Sigen califica como gravedad uno”, aseguró Luis Tagliapietra, abogado querellante y familiar de uno de los tripulantes del ARA San Juan, quien presenció las dos testimoniales, que se extendieron más de seis horas. 

El informe de la Inspección General “fue girado también a los comandos que tenían responsabilidad de encarar las reparaciones necesarias”. En la causa se investigan si algunas de las recomendaciones fueron llevadas a la práctica, aunque se dijo que para poder completar la tarea se había fijado como fecha de realización el mes de mayo del año en curso. Pérez Bacchi, que dialogó brevemente con los periodistas, eludió dar precisiones sobre el informe, aunque corroboró su existencia y explicó que fue realizado “con la intervención de personal especializado” en submarinos. Confirmó que fue enviado “al Estado Mayor de la Armada, a la Sindicatura General de la Nación y al Ministerio de Defensa”. 

El ministro de esa cartera, Oscar Aguad, quien ya prestó declaración por escrito en la causa, no se refirió en ese texto a la existencia de dicho informe. Sobre este punto, se aclaró que no fue interrogado al respecto porque en noviembre, cuando envió el oficio respondiendo las consultas de la jueza Yáñez, todavía no había ingresado al juzgado el informe de la Inspección General de la Armada. Esto lleva a deducir que, muy probablemente, se le pida una extensión de su testimonio para que dé cuenta sobre qué acciones se realizaron para cumplir con las recomendaciones de los expertos que detectaron las falencias en el submarino desaparecido hace más de dos meses.

Tagliapietra, ante una pregunta, consideró “imposible” que las autoridades del gobierno nacional no hayan leído ese informe, dada “la gravedad de lo que se estaba señalando”. Aclaró, de todos modos, que en la causa judicial se han incorporado, este martes, una serie de documentos secuestrados en los allanamientos realizados en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano, y en el Edificio Libertad, para poder determinar “si se compraron materiales y si se realizaron algunas de las reparaciones recomendadas para garantizar la navegabilidad del ARA San Juan”. 

En las testimoniales de ayer, se confirmó que el informe fue confeccionado durante la gestión del contralmirante Lezana como inspector general. Lezana dejó el cargo el 27 de diciembre de 2016 y fue reemplazado por Pérez Bacchi, quien refrendó el informe el 5 de enero de 2017. Tagliapietra explicó que “a partir de ese momento se abrió todo un circuito de comunicación que arrancó por el mes de enero y que llegó a todos los lugares que tenía que llegar; si alguien no lo leyó, de todos modos tiene responsabilidad, pero bueno, todavía falta avanzar mucho en la causa, que es muy compleja”. 

“Nos estamos desasnando de un montón de cosas porque hay muchos actores, muchas estructuras burocráticas, y por eso, primero hay que entender la causa, desglosar la documentación que nos llega para poder llegar finalmente a conocer la verdad de todo lo que pasó antes y después de la desaparición del ARA San Juan”, porque como abogado querellante también le interesa averiguar “por qué se dijeron tantas mentiras cuando se fue informando, después de la desaparición del submarino”. Sobre los partes oficiales de la Armada, precisamente, será interrogado hoy el vocero de la fuerza, capitán Enrique Balbi, el quinto testigo citado en esta primera ronda de declaraciones fijada por la jueza Yáñez. 

Tagliapietra sostuvo que “es necesario hilar bien finito acerca de cómo funciona cada pequeña cosa porque de lo contrario vamos a caer sólo en la responsabilidad de un par y tal vez no sea así, o a lo mejor sí lo es, pero la verdad es que todavía no lo sabemos y hay que seguir investigando”. 

El querellante señaló, de todos modos, que “lo dicho por los auditores confirma que no se hizo nada para subsanar los graves problemas de navegabilidad que tenía el submarino y ahora hay que buscar a los responsables, pero falta mucho, hay que tener paciencia y seguir buscando”.  La jueza Yáñez convocó a los auditores para que repasaran, punto por punto, su propio informe y sobre todo para determinar la gravedad de las “falencias” que se habían señalado. El primero en refrendar el texto fue el aviador naval Lezana, quien explicó “de manera más coloquial y más amplia cada aspecto” de ese documento que tiene una extensión de alrededor de 15 carillas. Luego el oficial de Infantería de Marina Pérez Bacchi dijo que ese tipo de informes recién son “vinculantes” cuando son aprobados por la Inspección General, cosa que ocurrió en enero de 2017. “No dijo que es obligatorio cumplir lo que dice el informe, pero sí mencionó que las observaciones deben tener una etapa de ejecución por parte de las autoridades de la fuerza”. Varios de los sistemas del submarino fueron denominados como “carentes” por la situación deficiente en la que se encontraban, tal como determinó el “equipo de expertos” que realizó la tarea y del que participó el capitán de navío Gabriel Attis, actual jefe de la Base Naval Mar del Plata, en reemplazo del desplazado contralmirante Gabriel González, luego de la tragedia del submarino. 

Pérez Bacchi, al retirarse, dijo que había contestado “en su totalidad” las preguntas que le fueron formuladas, pero como “la causa tramita en reserva no puedo comentar cuales fueron los contenidos de las respuestas”. Sobre el informe en cuestión, se limitó a decir que la tarea del inspector general de la Armada es “marcar los desvíos para señalar las diferencias entre lo que debería ser y lo que es, pero no está en mí determinar las condiciones de navegabilidad de una nave, porque esa es una tarea que corresponde a otros entes técnicos y autoridades que son los responsables, en base a mi auditoría, de realizar esas medidas”. 

Sobre la situación de los 44 tripulantes, Pérez Bacchi dijo: “Todos estamos tristes por lo que pasó, pero tengan en cuenta que nosotros hemos perdido a camaradas, gente conocida con la que hemos compartido mucho tiempo y nuestro mayor dolor es por los que han perdido a sus seres queridos”.